Tras polémica por servidora judicial, Corte Constitucional aclara que no ha emitido concepto sobre la consulta popular
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“Se extralimitó en sus funciones y no compromete la posición oficial de la Corporación”, aseguró el Alto Tribunal.
Redacción Justicia
Bogotá, Colombia –La Corte Constitucional ha emitido un comunicado oficial en el que aclara que no ha emitido ningún concepto sobre la posibilidad de convocar una consulta popular vía decreto. La declaración surge luego de que una funcionaria de la Relatoría respondiera a una petición de la congresista Katherine Miranda, generando confusión sobre la postura del alto tribunal.
El pronunciamiento de la Corte enfatiza que su labor se limita al control abstracto y concreto de constitucionalidad, el cual ejerce exclusivamente a través de Autos y Sentencias proferidos por las Salas de Revisión y la Sala Plena. En consecuencia, ni la Corte ni su Relatoría están autorizadas para emitir conceptos u opiniones a título consultivo.
Declaraciones erróneas de líderes y políticos de la oposición
La controversia se intensificó cuando varios líderes de la oposición, incluyendo el expresidente César Gaviria, interpretaron la respuesta de la funcionaria como un pronunciamiento oficial de la Corte. Gaviria calificó la consulta popular como una violación abierta de la Constitución de 1991, basándose en el documento compartido por Miranda.
Por su parte, la congresista Katherine Miranda aseguró que la Corte había confirmado que el Gobierno no podía insistir en las mismas preguntas de la consulta ni imponerlas por decreto. Sin embargo, el alto tribunal desmintió esta afirmación, señalando que la respuesta de la funcionaria “no representa la posición oficial de la Corte” y que se iniciarán investigaciones disciplinarias contra la trabajadora que emitió el documento.
Revisión interna y medidas disciplinarias
Ante la polémica, la Corte Constitucional anunció que revisará sus procedimientos internos para evitar futuras confusiones y notificará a las autoridades disciplinarias competentes para que se adelanten las investigaciones pertinentes. Este episodio subraya la importancia de mantener la rigurosidad institucional y el respeto a las competencias legales en el marco de las funciones judiciales.
La situación ha generado un intenso debate sobre la consulta popular y la interpretación de las normas constitucionales, dejando en evidencia la necesidad de mayor precisión en la comunicación oficial de las instituciones del Estado.
