
Redacción Política y Justicia
Bogotá, Colombia – La tensión política en Colombia aumenta tras declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien sugirió que el Gobierno podría convocar una consulta popular si el Senado no subsana lo que califica como un error procedimental durante una votación clave.
El incidente gira en torno a la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro. Según Benedetti, el Senado no leyó en plenaria una proposición antes de someterla a votación el pasado 14 de mayo, lo cual violaría el procedimiento parlamentario estipulado en la Ley Quinta de 1992. En consecuencia, argumenta el ministro, el resultado de la votación sería inválido, lo que permitiría al Ejecutivo convocar una consulta popular por decreto si el Congreso no actúa antes del 1 de junio.
“El Senado debía leer la proposición antes de votar. Si no se pronuncia antes de la fecha límite, el Gobierno convocará la consulta”, declaró Benedetti, en una intervención que ha reavivado las divisiones políticas en el país.
Críticas del Congreso y respuesta oficial
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, rechazó tajantemente la idea de que el Ejecutivo pueda emitir un decreto para convocar una consulta sin autorización legislativa, calificándolo como un acto inconstitucional. “Emitir ese decreto sería absolutamente ilegal. De ser necesario, recurriremos a instancias judiciales”, advirtió.
En contraste, el secretario del Senado, Diego González, defendió la legalidad del procedimiento, asegurando que la proposición sí fue sometida a votación conforme al reglamento.
Contexto político y social
La propuesta de consulta popular ha sido interpretada por sectores de la oposición como un intento del Gobierno de ejercer presión sobre el Congreso para avanzar en su ambiciosa reforma laboral, que busca ampliar derechos de los trabajadores pero ha encontrado resistencia en el legislativo.
Mientras tanto, el respaldo de movimientos sindicales no se ha hecho esperar. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), apoyó la idea de llevar la reforma a las urnas y anunció movilizaciones en respaldo de la consulta. “El Senado no quiere aprobar la reforma, quiere acabarla. Por eso debe decidir el pueblo”, sostuvo.
Próximos pasos
El Senado tiene hasta el 1 de junio para pronunciarse oficialmente. Si no lo hace, el Ejecutivo podría avanzar con su controvertida estrategia, arriesgando un choque institucional que podría escalar a instancias judiciales o incluso a una crisis de gobernabilidad.
Este episodio refleja las crecientes tensiones entre el gobierno de izquierda liderado por Petro y un Congreso fragmentado, en un momento clave para las reformas sociales que prometió durante su campaña presidencial.