
Redacción Justicia
Bogotá, 5 de junio de 2025 – En un movimiento que podría redefinir la estrategia jurídica del gobierno colombiano, el exfiscal general Eduardo Montealegre Lynett fue elegido para ocupar el Ministerio de Justicia.
La designación de Montealegre ocurre tras la renuncia no oficializada de Ángela María Buitrago, quien habría dejado el cargo a petición directa del presidente Gustavo Petro.
Montealegre es una figura ampliamente conocida en el ámbito judicial latinoamericano por su rol como fiscal general entre 2012 y 2016, periodo en el que lideró causas emblemáticas relacionadas con crímenes de Estado y la jurisdicción transicional. En los últimos meses, ha sido uno de los principales asesores jurídicos del actual gobierno, especialmente en torno a la controversial propuesta de convocar una Consulta Popular vía decreto presidencial, una iniciativa que ha desatado un amplio debate constitucional.
El exfiscal ha sostenido públicamente que la decisión del Senado colombiano de archivar la iniciativa presenta “vicios de inconstitucionalidad insubsanables”, una tesis que ha sido acogida por sectores afines al Ejecutivo como base jurídica para avanzar en la convocatoria. Su eventual nombramiento al frente del Ministerio de Justicia consolidaría esta visión dentro del gabinete, reforzando una línea interpretativa del orden constitucional que no ha estado exenta de críticas por parte de académicos y juristas.
Luego de la confirmación oficial por parte de la Casa de Nariño, el ingreso de Montealegre al gabinete es interpretado por analistas como una jugada clave en la consolidación de una doctrina jurídica que favorece una lectura más expansiva de los poderes presidenciales en contextos de bloqueo legislativo.
Este nombramiento podría tener profundas implicaciones para la relación entre el Ejecutivo y las altas cortes, así como para el curso de la agenda legislativa en materia de reformas judiciales, seguridad jurídica y gobernanza democrática en Colombia.