
Por Unidad Investigativa
La Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Nacional activaron un dispositivo judicial y de inteligencia de alta prioridad tras el atentado armado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido la tarde del sábado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. El ataque, que dejó al congresista herido con dos impactos de bala, se dio en medio de un evento público de carácter político.
El hecho generó una inmediata reacción institucional. La fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón reveló que el arma utilizada, una pistola Glock 9 mm, fue incautada en el lugar de los hechos y se encuentra bajo cadena de custodia. Además, confirmó la aprehensión de un menor de 15 años como presunto autor material del atentado, e indicó que ya se están revisando las cámaras de seguridad y la ruta del precandidato en las horas previas al ataque.
“Tenemos a una persona que podría ser el autor material, pero eso no significa que conozca quién está detrás. Puede haber una cadena de partícipes. Estamos indagando si existen vínculos con organizaciones criminales estructuradas”, declaró Camargo en entrevista con Blu Radio.
La fiscal enfatizó detalles que considera “llamativos” del modus operandi del atentado. “Normalmente estas estructuras sicariales utilizan motos y menores de edad. Pero que el agresor actuara a pie es un factor que llama poderosamente la atención. Estamos manejando múltiples hipótesis sin descartar ningún ángulo”, advirtió.
La Fiscalía activa cuatro líneas investigativas y alerta por ataque a la democracia

En un comunicado oficial, la Fiscalía explicó que se abrió una doble investigación: una en la Unidad de Vida de la Dirección de Seguridad Territorial de Bogotá, y otra en la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes. El proceso es acompañado por unidades especializadas del CTI, así como por agentes de la DIJIN y la SIJIN de la Policía Nacional.
“La Fiscalía asume esta investigación como una arremetida directa contra las formas de participación democrática. Se ha dispuesto toda la capacidad operativa del ente acusador para esclarecer este acto de violencia y judicializar a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales”, se lee en el comunicado.
Camargo también anunció la implementación de una estrategia investigativa conjunta con la Policía Nacional y solicitó la unidad institucional para garantizar la transparencia y seguridad del proceso electoral:
“Exhortamos a blindar el escenario democrático. Las campañas políticas deben contar con garantías plenas. La Fiscalía tiene el compromiso absoluto de aportar a ese propósito”, afirmó.
El Gobierno Petro califica el hecho como un atentado contra la democracia
Desde la Casa de Nariño, el gobierno del presidente Gustavo Petro rechazó el atentado de forma “categórica y contundente”, y calificó el ataque como una agresión no solo a la integridad de un ciudadano, sino al ejercicio político y a los principios democráticos del país.
“Este acto de violencia es un ataque contra la democracia, la libertad de pensamiento y el ejercicio legítimo de la política en Colombia”, indicó el comunicado presidencial.
Recompensa y despliegue de inteligencia militar

El ministro de Defensa, Pedro Sanchez , anunció que se ofrece una recompensa de 3.000 millones de pesos a quien entregue información que permita dar con los determinadores del atentado. La cúpula militar y policial sostuvo una reunión extraordinaria para trazar una estrategia de inteligencia y seguridad frente al caso.
Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el senador fue trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe, donde recibió atención médica inmediata. Otras dos personas resultaron heridas en el hecho.
Contexto político y líneas de investigación abiertas
Miguel Uribe, del partido Centro Democrático, había anunciado su intención de aspirar a la Presidencia de la República en las elecciones de 2026. Su candidatura representa una de las cartas fuertes de la oposición al gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro.
Fuentes cercanas a los organismos de seguridad aseguran que no se descarta que el ataque pueda tener motivaciones políticas o conexidad con estructuras criminales interesadas en alterar el proceso electoral. El hecho de que el agresor sea un menor y haya actuado sin apoyo logístico visible —como motocicletas o vehículos— incrementa las dudas sobre el diseño del atentado y la posible existencia de determinadores con capacidad de manipulación y encubrimiento.
Mientras se intensifican las labores de recolección de pruebas, la Fiscalía prepara una audiencia preliminar en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en tanto se profundiza el análisis del perfil del atacante y su entorno social y digital.