Colombia busca frenar la polarización política a través de un inédito gesto institucional, mientras persisten tensiones entre poderes
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Redacción y Análisis Colombia
Bogotá, 16 de junio de 2025 – En medio de una coyuntura marcada por la confrontación entre poderes, el resurgimiento de la violencia electoral y la radicalización del discurso público, el presidente Gustavo Petro participó este lunes en una reunión de alto nivel con los líderes del Congreso, las altas cortes y representantes de la Iglesia Católica. El encuentro, convocado por la Conferencia Episcopal en la Curia Arzobispal de Bogotá, tuvo como único objetivo “moderar el lenguaje político y reafirmar el respeto por la vida y las instituciones”.
Aunque no se discutieron reformas legislativas ni se firmaron compromisos formales, el gesto fue interpretado como un esfuerzo simbólico por contener una crisis institucional que amenaza la estabilidad democrática del país.
Puntos de fricción entre el Ejecutivo y otras ramas del poder
El contexto del encuentro es complejo. La relación del gobierno Petro con las instituciones ha estado marcada por choques frecuentes y disputas jurídicas que han polarizado aún más el escenario político:
– Consulta popular por decreto: El intento del Ejecutivo de convocar una consulta sobre su reforma laboral, desechada previamente por el Senado, ha sido visto por expertos constitucionales como una posible extralimitación de funciones. El Congreso ha anunciado recursos ante las cortes, mientras el gobierno defiende la legitimidad de su iniciativa apelando al principio de participación popular.
– Tensiones con la Fiscalía: Las declaraciones de Petro sobre el rol del fiscal general —a quien llamó “su subordinado”— generaron un pronunciamiento inmediato de la Corte Suprema de Justicia, que recordó la autonomía del ente acusador. Este episodio agudizó los temores de una interferencia indebida del Ejecutivo en la justicia.
– Rediseño del equilibrio en la Corte Constitucional: La reciente elección de una nueva magistrada para el alto tribunal, respaldada por sectores afines al gobierno, ha suscitado inquietud entre sectores judiciales sobre un posible reacomodo ideológico de la corte, con implicaciones en fallos futuros sobre decretos presidenciales y reformas estructurales.
Violencia electoral y clima de inestabilidad
El aumento de ataques contra figuras políticas —incluido el atentado contra el senador Miguel Uribe— ha puesto en duda las garantías de seguridad en la antesala de las elecciones de 2026. Este repunte de violencia se produce en paralelo al llamado del propio gobierno para realizar movilizaciones en defensa de sus reformas, lo que algunos analistas interpretan como una forma de presión popular sobre las instituciones.
La Iglesia Católica —históricamente mediadora en los momentos de tensión en Colombia— ha buscado con este encuentro restaurar canales de diálogo y enviar un mensaje de contención institucional. “Se trató de desarmar las palabras”, dijo el cardenal Luis José Rueda, quien reiteró que la jornada no pretendía sustituir funciones constitucionales, sino propiciar un clima de respeto y convivencia.
¿Qué sigue?
Aunque el encuentro no resolvió los desacuerdos estructurales, su simbolismo podría marcar un punto de inflexión. En medio del ruido político, el país se encamina hacia unas elecciones clave, con reformas sociales pendientes y una ciudadanía dividida.
El reto del momento no solo es de gobernabilidad, sino de legitimidad institucional. La forma en que el gobierno y los poderes del Estado gestionen estas tensiones definirá el tono democrático del próximo ciclo político en Colombia.
