
Por Redacción Economía Laboral / Análisis & Debate
Después de más de un año de debates intensos, bloqueos legislativos y polémicas políticas, el presidente Gustavo Petro sancionó oficialmente la reforma laboral este miércoles 25 de junio en un acto protocolario en la Casa Quinta de Bolívar, en Bogotá. El evento no solo marca un hito en la agenda social del Gobierno, sino que también revive tensiones entre empresarios, sindicatos y el Ejecutivo.
Durante su discurso, el mandatario no escatimó en críticas al modelo institucional vigente: “Hay que elegir un gobierno que haga cumplir la ley, no uno que la deje morir, como ocurrió con la Constitución, convertida en letra muerta”, afirmó. Sus palabras reflejan la narrativa central de su mandato: la necesidad de reformas estructurales como forma de saldar deudas históricas con los trabajadores y sectores populares.
Sin embargo, la aprobación de la reforma no fue un camino llano. Su primer intento fue archivado en el Congreso en 2023 por falta de mayorías y críticas técnicas a su viabilidad económica. El texto actual, aunque conserva varios de los principios originales, debió ser modificado en la Comisión Séptima del Senado para superar resistencias tanto en el Legislativo como en gremios económicos, que insistieron en los posibles impactos negativos sobre el empleo formal y la inversión privada.
Claves del nuevo modelo laboral
A pesar de sus tropiezos, la versión sancionada por el presidente conserva varios puntos centrales que transformarán el panorama laboral en Colombia:
- La creación de un contrato especial para aprendices del SENA, que busca cerrar la brecha entre formación técnica y empleo formal.
- La incorporación definitiva de las madres comunitarias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), garantizando estabilidad laboral a este grupo históricamente informal.
- La restitución del recargo dominical y festivo al 100 %, una medida que genera respaldo entre sindicatos pero preocupación entre empresarios.
- La jornada nocturna comenzará a las 7:00 p.m. —y no a las 9:00 como actualmente— lo que implica mayores costos laborales para ciertos sectores.
¿Qué sigue? Un reto de implementación y vigilancia
El Ministerio de Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino, confirmó que a partir de la próxima semana iniciará la expedición de los decretos reglamentarios para implementar la reforma. Estos definirán los plazos concretos y condiciones de adaptación para empresas públicas y privadas, muchas de las cuales han manifestado inquietud por los costos de transición y la falta de claridad sobre mecanismos de inspección laboral.
Más allá de la letra de la ley, el reto mayor será garantizar su cumplimiento efectivo. En palabras del propio presidente Petro: “Debemos vigilar incluso a las empresas para que se cumpla la ley”, insinuando una supervisión más rigurosa del aparato estatal sobre las condiciones laborales en el sector privado.
Debate abierto: ¿progreso social o riesgo para el empleo?
La reforma ha sido aclamada por sectores sindicales y movimientos sociales como un avance en la dignificación del trabajo. Sin embargo, expertos en economía laboral advierten que, sin incentivos paralelos para la formalización y la productividad, podría desencadenar un aumento de la informalidad y del desempleo, especialmente en pymes.
El debate está servido: ¿Se trata de una reivindicación histórica para los trabajadores o de una reforma que pone en jaque al mercado laboral colombiano? Lo cierto es que, más allá de la sanción presidencial, el verdadero impacto se medirá en el terreno: en los contratos, los pagos y las condiciones reales de millones de colombianos.