Golpe de la Corte Constitucional en Colombia: Consejo Electoral no podrá investigar al presidente Petro
GMTV Productora Internacional 
Redacción Política
Bogotá – La Corte Constitucional de Colombia ha dado un veredicto de alto impacto político que redefine los límites del control institucional sobre el presidente en funciones. Con una votación dividida (5-4), el alto tribunal declaró incompetente al Consejo Nacional Electoral (CNE) para adelantar investigaciones contra el presidente Gustavo Petro, dejando sin efectos el concepto previo del Consejo de Estado que habilitaba al CNE para formular pliego de cargos por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial.
La sentencia, identificada como SU-275 de 2025, representa una victoria jurídica y política para el jefe de Estado, quien había interpuesto una tutela alegando que el CNE vulneraba su derecho al debido proceso y que su fuero presidencial debía ser integral, impidiendo investigaciones de órganos distintos a su juez natural: la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Reacciones encontradas: el Gobierno celebra, la oposición advierte
Desde el Gobierno, el presidente Petro reaccionó de inmediato con un escueto pero simbólico mensaje en la red social X (antes Twitter): “Bien por la Corte Constitucional”, interpretado por sus aliados como una validación del respeto al fuero presidencial y un freno a lo que consideran una “persecución política”.
El partido oficialista Pacto Histórico respaldó la decisión del alto tribunal. “Se confirma que en Colombia el presidente no puede ser investigado como un ciudadano cualquiera. Hay reglas, y hay que cumplirlas”, declaró la senadora María José Pizarro, una de las principales voces del progresismo colombiano.
En contraste, la oposición denunció que la decisión abre la puerta a la impunidad presidencial. “El mensaje es devastador: un presidente puede sobrepasar los topes electorales y no pasa nada. La institucionalidad queda herida”, afirmó el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático. En tono más agudo, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt cuestionó: “¿Cómo puede haber transparencia si el órgano electoral está maniatado y la Comisión de Acusaciones no actúa con celeridad?”
Choque de trenes institucional: la Corte zanja el conflicto
La Corte tuvo que resolver un choque de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusaciones, luego de que el primero decidiera, en octubre pasado, formular cargos contra Petro y varios miembros de su equipo de campaña, incluyendo a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña.
Aunque la Corte confirmó que el CNE no tiene competencia para investigar directamente al Presidente, ordenó trasladar todo el expediente a la Cámara de Representantes, específicamente a la Comisión de Acusaciones, órgano históricamente criticado por su inoperancia.
Un proceso paralizado y el reloj de la prescripción corriendo
La decisión judicial no elimina las investigaciones contra otros responsables de la campaña presidencial de Petro. El CNE puede continuar el proceso contra Ricardo Roa, la tesorera Lucy Aidee Mogollón y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, todos señalados por exceso en los topes de financiación y ocultamiento de información clave.
Un informe de la Procuraduría General pidió sanciones administrativas por dos de diez presuntas irregularidades: el ocultamiento de una factura de publicidad con Caracol TV por 356 millones de pesos y la manipulación del costo real de un evento en el Movistar Arena de Bogotá.
Sin embargo, el proceso se encuentra estancado por recusaciones y demoras internas. La magistrada ponente, Alba Lucía Velásquez (cercana al oficialismo), fue recusada por sus vínculos políticos y se encuentra actualmente incapacitada por razones médicas, lo que complica aún más la continuidad del caso en el corto plazo.
La advertencia de la Corte al Congreso
Más allá del caso puntual, la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República a legislar con urgencia sobre los mecanismos para resolver conflictos de competencia entre órganos del Estado, un vacío normativo que, según el alto tribunal, debilita la arquitectura institucional del país.
Este fallo llega en un momento de alta polarización en Colombia y podría tener efectos a largo plazo sobre la relación entre el poder electoral y la figura presidencial, así como sobre la confianza pública en los mecanismos de control y fiscalización. Los próximos movimientos de la Comisión de Acusaciones y el desarrollo de los procesos contra los miembros de la campaña podrían ser determinantes no solo para la estabilidad del Gobierno, sino también para el futuro del sistema democrático colombiano.
