
Bogotá | Junio 2025 — La agencia calificadora Moody’s Investors Service rebajó la calificación crediticia de Colombia de Baa2 a Baa3, manteniéndola aún dentro del grado de inversión, pero advirtió que el deterioro fiscal del país lo acerca peligrosamente al terreno especulativo. La decisión, acompañada de un cambio de perspectiva de negativa a estable, llega tras la controvertida decisión del Gobierno colombiano de suspender la regla fiscal por tres años.
Moody’s argumenta que la suspensión de este ancla institucional, “sin la presencia de un choque macroeconómico significativo”, mina la credibilidad de la política fiscal del país y pone en entredicho su capacidad para controlar el crecimiento de la deuda pública. En palabras de la agencia: “La suspensión unilateral de la regla fiscal, en ausencia de una crisis económica, debilita la efectividad del marco fiscal colombiano y compromete su disciplina de mediano plazo”.
Déficit creciente y deuda al alza
Según las proyecciones de Moody’s, el déficit fiscal se ampliará durante los próximos tres años, empujando la deuda del gobierno general a un pico del 64% del PIB, superando el promedio del 62% observado entre economías con calificación similar (grado Baa). Solo en 2025, la calificadora estima una deuda del 59,5% del PIB, cifra superior a la proyección oficial del 58,7% y muy por encima del 53,4% registrado en 2023.
Los costos financieros también son motivo de alerta. En 2024, el servicio de la deuda (intereses) consumió el 16% de los ingresos del Gobierno, y Moody’s estima que esta cifra subirá al 17% en 2025. El alto costo del endeudamiento interno y externo, sumado a la falta de contención del gasto, afecta directamente la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Expertos opinan: ¿era necesaria la ruptura de la regla fiscal?
Las reacciones del sector económico y financiero no se hicieron esperar. Desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), órgano técnico encargado de vigilar la disciplina fiscal, se cuestionó la legalidad y pertinencia de suspender la norma sin un choque externo que lo justifique. “No hay razones macroeconómicas para activar la cláusula de escape”, sentenció el organismo.
Para Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y economista, la rebaja “es una señal de alarma roja para los inversionistas, pues muestra que la institucionalidad fiscal está siendo debilitada deliberadamente. Esta pérdida de confianza puede traducirse en mayor prima de riesgo y menor flujo de inversión extranjera”.
En contraste, economistas cercanos al Gobierno como Ricardo Bonilla, actual Ministro de Hacienda, defienden la medida como un acto de “realismo económico” ante un gasto rígido y necesidades sociales urgentes. “Exigir un ajuste de 2% del PIB en 2025 sería recesivo y socialmente inviable. La decisión fue necesaria para evitar una contracción económica”, aseguró Bonilla en declaraciones recientes.
Impacto regional y señales al mercado
El caso colombiano se convierte en una alerta para otras economías emergentes de América Latina que enfrentan tensiones fiscales similares. Mientras países como Chile o Perú buscan preservar sus marcos fiscales con ajustes graduales, Colombia optó por flexibilizar su regla, lo que podría tener consecuencias reputacionales duraderas en los mercados financieros globales.
Con esta rebaja, Colombia se mantiene apenas un escalón por encima del grado especulativo, lo que incrementa el escrutinio de los inversionistas internacionales y eleva el costo de nuevos financiamientos. Si no se logra una consolidación fiscal creíble en el mediano plazo, analistas coinciden en que el país podría perder definitivamente su grado de inversión.