
Redacción Internacional
Bogotá / Washington — Una nueva crisis sacude el panorama político colombiano tras la publicación de una investigación del diario El País que expone audios y testimonios según los cuales el excanciller Álvaro Leyva habría intentado gestionar apoyo de altos funcionarios y congresistas de Estados Unidos para sacar del poder al presidente Gustavo Petro. La denuncia no solo implica a Leyva, sino que deja en el aire serias preguntas sobre el rol de la vicepresidenta Francia Márquez, quien habría sido contemplada como reemplazo inmediato en caso de una eventual caída del mandatario.
Según el reportaje, Leyva sostuvo reuniones privadas en Estados Unidos con asesores vinculados al expresidente Donald Trump, incluyendo al influyente congresista republicano Mario Díaz-Balart, con el objetivo de presentar un supuesto plan para provocar la salida de Petro, argumentando que tenía “todas las herramientas” para hacerlo y asegurando que contaba con pruebas que demostrarían la incapacidad del jefe de Estado para continuar en su cargo.
“La ayuda de los americanos era muy importante”, se escucha en uno de los audios filtrados. Leyva habría planteado que la vicepresidenta Francia Márquez ocuparía la Presidencia tras la remoción del jefe del Ejecutivo. Aunque Márquez no aparece directamente implicada en las conversaciones, su eventual rol en este supuesto plan pone el foco sobre su cercanía con Leyva y las consecuencias institucionales de haber sido considerada como ficha central de una estrategia extraconstitucional.
Un plan con conexiones internacionales
En uno de los audios, Leyva detalla que se reunió con Mario Díaz-Balart —conocido por sus posiciones críticas frente a gobiernos de izquierda en América Latina— y sugiere que los hermanos Díaz-Balart tienen influencia directa sobre el Departamento de Estado. La revelación ocurre en medio de una relación ya tensa entre Petro y varios sectores del Congreso de EE.UU., especialmente republicanos.
Leyva también menciona a otros actores políticos nacionales como la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, y el senador Miguel Uribe del partido Centro Democrático, como piezas potenciales dentro de un “gran acuerdo nacional” para evitar que Petro dirija el país hasta las elecciones de 2026. De hecho, se refiere al mandatario como “ese tipo”, y advierte que su permanencia en el poder podría llevar al país “al despeñadero”.
En uno de los tramos más polémicos, el excanciller plantea incluso la inclusión de actores ilegales como el ELN y el Clan del Golfo en ese supuesto acuerdo, lo que ha generado fuertes reacciones en medios políticos y académicos.
Posibles consecuencias institucionales
De confirmarse la veracidad de estos audios —cuya autenticidad aún no ha sido certificada por instancias judiciales— el país podría enfrentarse a un escándalo de dimensiones históricas: un intento coordinado de subversión del orden constitucional por parte de un exministro de Relaciones Exteriores, en connivencia con actores políticos extranjeros.
Analistas consultados advierten que el hecho de que Francia Márquez fuese contemplada como sucesora directa de Petro podría ponerla en una posición política y jurídica comprometida si se confirma que tuvo conocimiento previo del plan o que fue utilizada como legitimadora del mismo. Márquez, hasta el momento, no se ha pronunciado.
Por su parte, la actual canciller, Laura Sarabia, fue tajante en su respuesta: “La ambición desmedida por el poder lo llevó a conspirar contra nuestra institucionalidad. Esto no es solo un ataque contra Petro, es un atentado contra la democracia misma”. Sarabia calificó la conducta de Leyva como “ruin y miserable” y defendió la legitimidad del mandato presidencial.
¿Un nuevo capítulo de la guerra fría política en América Latina?
Este episodio revive tensiones históricas entre sectores conservadores de EE.UU. y gobiernos progresistas latinoamericanos. Si bien la Casa Blanca no ha emitido ninguna reacción oficial, el hecho de que un exministro colombiano haya intentado influenciar a congresistas extranjeros para intervenir en los asuntos internos de su país podría obligar a Washington a pronunciarse en las próximas horas.
En Colombia, ya se habla de un posible proceso judicial por traición a la patria o conspiración contra el régimen constitucional, y no se descarta que la Comisión de Acusaciones del Congreso o la Fiscalía General actúen de oficio ante la gravedad del caso.
Por ahora, el gobierno de Petro guarda silencio, pero se espera que en los próximos días se presenten acciones legales o solicitudes diplomáticas que clarifiquen el alcance real de las reuniones y grabaciones filtradas.