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Redacción JUSTICIA Y PAZ
Bogotá, 7 de julio de 2025. – Colombia inicia una semana de alto voltaje político y jurídico. No se trata solo de reformas en trámite o decisiones administrativas: lo que se mueve en estos días es el delicado equilibrio entre justicia, paz y gobernabilidad. Entre el anuncio del nuevo Estatuto para la Paz Total, el avance de investigaciones por el presunto intento de golpe de Estado y la redefinición del papel de las instituciones transicionales, el país entra en una fase decisiva que pondrá a prueba tanto la arquitectura institucional como la madurez democrática de sus actores.
La Paz Total: ¿reforma ambiciosa o promesa por cumplir?
El Ministerio de Justicia se prepara para presentar el Estatuto de la Paz Total, un instrumento que pretende dar marco legal a la política insignia del gobierno Petro. Más que un simple articulado jurídico, el estatuto será una prueba ácida para saber si el país está preparado para asumir un modelo de justicia restaurativa en medio de nuevas violencias y estructuras criminales en expansión.
Los recientes nombramientos en los viceministerios de Política Criminal y Justicia Restaurativa apuntan a una estrategia técnica, con enfoque diferencial y territorial. Sin embargo, el interrogante persiste: ¿cómo hacer operativa una política de reconciliación en territorios donde la guerra no ha cesado y el Estado aún llega con debilidad? La transición no puede ser solo simbólica. El reto está en llevar la justicia restaurativa del discurso al territorio, de la política pública al acto concreto de reparación.
La JEP afianza su rol: víctimas al centro
En medio de presiones políticas y demandas sociales, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continúa afinando su enfoque. El reciente ajuste en sus lineamientos internos, que colocan a las víctimas como eje estructural del sistema, marca un giro hacia una justicia transicional más centrada en los derechos humanos y menos atrapada en tecnicismos jurídicos.
La JEP, que ha enfrentado ataques desde sectores críticos del proceso de paz, parece responder con una apuesta firme por su legitimidad social. La clave será sostener este rumbo sin ceder a la polarización, y consolidar su rol como una institución que no solo sanciona, sino que transforma.
Reincorporación y protección: más que una obligación, una deuda moral
Otro hito importante esta semana es la reglamentación del Programa de Protección Integral para excombatientes de las FARC-EP, anunciado por la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz. Este avance representa una pieza crítica para la consolidación de la paz territorial.
Pero el desafío va más allá de protocolos: ¿cómo proteger a quienes decidieron dejar las armas, cuando el asesinato de firmantes de paz continúa sin freno en varias regiones? La protección debe entenderse como una garantía de vida, sí, pero también como la base para reconstruir la dignidad y el proyecto de vida de los excombatientes, hoy ciudadanos.
Intento de golpe de Estado: entre conspiración y crisis institucional
Mientras tanto, el país sigue pendiente de las explosivas revelaciones en torno al presunto intento de golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro. La Fiscalía General avanza en la revisión de audios filtrados que vinculan al excanciller Álvaro Leyva, acusado de intentar articular apoyos políticos y militares para desestabilizar al Gobierno.
Petro, por su parte, ha elevado la denuncia al plano internacional. Ha solicitado a la justicia de Estados Unidos que investigue posibles nexos entre Leyva y congresistas del Partido Republicano, en lo que califica como una conspiración trasnacional para derrocar a su gobierno. En respaldo, miembros del Pacto Histórico han enviado una carta al Comité de Ética del Congreso estadounidense solicitando una investigación contra legisladores como Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar.
Leyva niega las acusaciones, afirma haber sido malinterpretado y asegura que su propuesta era una “salida constitucional” a la crisis. No obstante, el debate se torna cada vez más tenso y el riesgo de una ruptura institucional se cierne sobre el panorama político. El Estado colombiano debe actuar con firmeza, pero también con serenidad, para esclarecer los hechos sin desestabilizar aún más el tejido democrático.
Análisis final: entre la justicia que repara y la política que divide
Colombia no enfrenta una semana más. En juego está mucho más que un estatuto o una denuncia penal: se trata de definir si el país quiere avanzar hacia un modelo de justicia que reconcilie o si se dejará arrastrar por la espiral de polarización que amenaza con devorar la legitimidad de sus instituciones.
¿Será capaz el Estado de proteger a quienes firmaron la paz, sin perder autoridad frente a nuevas violencias? ¿Logrará la justicia transicional consolidarse como modelo de verdad y reparación, o quedará como una narrativa jurídica sin efecto real? ¿Podrá el país enfrentar con altura el escándalo político más grave de los últimos años, sin que se resquebraje la democracia?
Las respuestas, como casi siempre en Colombia, no están en la retórica de los discursos, sino en la capacidad del Estado de actuar con coherencia, legalidad y sentido de nación.
Seguiremos observando, porque esta semana no se mide en días: se medirá en años, en memoria y en verdad.
