Ministerio de Hacienda niega retrasos en pagos tras suspensión de tiquetes para el Congreso
GMTV Productora Internacional 
redacción Colombia
El Ministerio de Hacienda respondió este lunes a las acusaciones del Senado sobre una presunta mora en el pago de servicios de transporte aéreo para congresistas, luego de que se notificara oficialmente la suspensión del servicio por parte del proveedor. La controversia se produce en el arranque de la nueva legislatura y pone en evidencia fricciones administrativas entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La alerta fue emitida por el secretario general del Senado, Diego González, quien informó que la empresa Mercado y Bolsa S.A., encargada de la gestión de tiquetes a través del operador Subatours, suspendió el servicio por falta de pago correspondiente a la factura de abril de 2025.
Hacienda defiende su ejecución presupuestal
En respuesta, el Ministerio de Hacienda publicó un comunicado en redes sociales en el que asegura que los giros se han realizado de manera oportuna. Según cifras oficiales, en abril se desembolsaron $119 millones, en mayo $262 millones, en junio $369 millones, y en julio se aprobó una solicitud por $623 millones que se encuentra “en trámite inmediato de facturas”.
La cartera fiscal no especificó si dichos pagos corresponden directamente al contrato con Subatours, ni si el monto pendiente de abril fue efectivamente transferido al proveedor. Tampoco se aclaró si existen retrasos en la conciliación de facturas o en la ejecución presupuestal por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
Impacto operativo en el Congreso
Desde el Senado, voceros advierten que la suspensión del servicio afecta la movilidad de los parlamentarios entre Bogotá y sus regiones, comprometiendo el cumplimiento de agendas territoriales y la asistencia a sesiones ordinarias. La situación ha generado preocupación en el Legislativo, que exige una pronta solución para evitar disrupciones en el ejercicio parlamentario.
El impase se suma a una serie de tensiones recientes entre el Congreso y el Ejecutivo en materia de ejecución presupuestal, contratación de servicios y autonomía administrativa. Aunque no se trata de un conflicto político abierto, el episodio revela fisuras en la coordinación interinstitucional que podrían escalar si no se resuelven con celeridad.
Subatours: el operador detrás de la crisis de movilidad legislativa
Subatours S.A.S., fundada en 1989 por el matrimonio entre Gustavo Delgado Garavito y Martha García de Delgado, es una agencia de viajes especializada en contratación estatal. Aunque ofrece servicios turísticos al público, el 98% de sus ingresos provienen de contratos con entidades gubernamentales. Entre sus clientes figuran el Congreso, la Fiscalía, las Fuerzas Militares y varios ministerios.
La empresa ha firmado más de 630 contratos con 160 entidades del Estado colombiano, consolidándose como uno de los principales proveedores de tiquetes aéreos para funcionarios públicos. Su contrato con el Senado, suscrito en 2021 por más de $4.700 millones, fue prorrogado y ampliado hasta superar los $7.200 millones.
La suspensión del servicio de tiquetes se produjo luego de que Subatours notificara que no puede garantizar nuevas reservas hasta que se salden las facturas pendientes, especialmente la correspondiente a abril de 2025. Aunque el Ministerio de Hacienda asegura haber realizado giros por más de $750 millones entre abril y junio, el proveedor sostiene que los pagos no han sido desembolsados a tiempo por la empresa contratista Mercado y Bolsa S.A., lo que ha generado un cuello de botella operativo.
Este episodio revela no solo una falla en la cadena de pagos, sino también la vulnerabilidad del Congreso frente a contratistas que concentran gran parte del mercado estatal. La dependencia de Subatours para la movilidad legislativa pone en evidencia la necesidad de revisar los esquemas de contratación y garantizar mayor transparencia en la ejecución presupuestal.
Por ahora, el Congreso espera que el Ministerio reactive el servicio mediante el desembolso pendiente, mientras se evalúa el impacto de la suspensión en el desarrollo legislativo y la gobernabilidad territorial.
