Caso DAS: Corte acusa al exdirector Andrés Peñate por las ‘chuzadas’ y reconoce como víctimas a Petro, Coronell y el Polo Democrático
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Redacción JUSTICIA
La Corte Suprema de Justicia de Colombia formalizó una acusación contra Andrés Peñate, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su presunta participación en un esquema de interceptaciones ilegales ejecutado entre 2005 y 2007. Durante la audiencia, el alto tribunal también reconoció como víctimas a diez personas y entidades, entre ellas el presidente Gustavo Petro, el periodista Daniel Coronell y el partido Polo Democrático Alternativo.
¿Qué ocurrió en el DAS?
El escándalo, conocido en Colombia como el caso de las “chuzadas del DAS”, involucra una operación de inteligencia ilegal en la que funcionarios de ese organismo —adscrito directamente a la Presidencia de la República— interceptaron comunicaciones, realizaron seguimientos y montaron campañas de desprestigio contra líderes políticos de oposición, periodistas críticos y magistrados de la Corte Suprema.
Los hechos ocurrieron en pleno auge del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002–2010) y han sido considerados como una de las más graves violaciones a los derechos fundamentales perpetradas desde organismos estatales en la historia reciente del país.
¿De qué acusan a Andrés Peñate?
Andrés Peñate, quien dirigió el DAS entre 2005 y 2007, fue acusado formalmente por el delito de concierto para delinquir agravado. Según la Corte, habría liderado una organización dentro del organismo de inteligencia estatal que ejecutó órdenes ilegales con fines políticos.
La acusación señala que Peñate se alió con otros funcionarios —incluida la ya condenada exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado— para interceptar comunicaciones, infiltrar instituciones y espiar a figuras consideradas “enemigas” del gobierno. Se estima que podría enfrentar entre 8 y 18 años de prisión.
¿Quiénes fueron las víctimas?
Durante la audiencia, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte acreditó como víctimas a las siguientes personas y entidades:
– Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia y senador en la época de los hechos.
– Daniel Coronell, periodista y entonces director de Noticias Uno.
– Polo Democrático Alternativo, partido político de oposición.
– Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
– Exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia: Sigifredo Espinosa, Pedro Octavio Munar, Jorge Luis Quintero, Luis Javier Osorio, Javier de Jesús Zapata y Alfredo Gómez Quintero.
La Corte explicó que las acciones del DAS vulneraron el derecho a la intimidad, la libertad política y la independencia judicial. En el caso de Petro, se detalló que fue objeto de seguimientos encubiertos y escuchas ilegales, con el propósito de afectar su ejercicio democrático como opositor.
A los magistrados, en cambio, se les instalaron micrófonos en la Sala Plena y se les interceptaron llamadas, lo que representó un intento de socavar su autonomía judicial.
¿Qué pasó con los demás implicados?
Además de Peñate, varios exfuncionarios del DAS ya fueron procesados y condenados. Entre ellos:
– María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, fue condenada por los mismos hechos y se entregó tras haber permanecido asilada en Panamá.
– Bernardo Moreno, entonces secretario general de la Presidencia y uno de los más cercanos colaboradores del expresidente Álvaro Uribe, también fue condenado por su participación en el esquema.
Otros directivos y agentes del DAS fueron vinculados al proceso, y algunos aceptaron cargos.
¿Y el expresidente Álvaro Uribe?
Aunque los hechos ocurrieron bajo su gobierno y muchos de los condenados hacían parte de su círculo más cercano, Álvaro Uribe Vélez nunca ha sido formalmente investigado ni acusado por este caso.
La razón es que no se ha encontrado hasta ahora una prueba directa que lo vincule personalmente con las órdenes ilegales. Sin embargo, múltiples sectores han señalado su responsabilidad política como jefe de Estado y líder de la administración bajo la cual operó el aparato de persecución.
Organizaciones de derechos humanos, periodistas y líderes de oposición han cuestionado durante años que, a pesar de las condenas en cadena contra sus funcionarios, el expresidente no haya sido judicialmente vinculado.
Uribe ha negado cualquier relación con las ‘chuzadas’ y ha asegurado que desconocía estas prácticas.
¿Qué sigue en el proceso?
La audiencia contra Andrés Peñate continuará el próximo 31 de julio, cuando la Corte Suprema retomará el juicio en su contra. El caso reabre viejas heridas sobre el uso del aparato estatal para perseguir voces críticas, y vuelve a poner bajo la lupa el historial de espionaje político en Colombia.
