Colombia condena a siete exejecutivos de Chiquita Brands por financiar grupos paramilitares
GMTV Productora Internacional 
Redacción JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
En una decisión histórica, un juzgado colombiano condenó a siete exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands a 11 años de prisión por haber financiado a grupos paramilitares durante el conflicto armado interno.
El fallo, emitido por un juzgado penal de Antioquia, representa uno de los más contundentes pronunciamientos judiciales sobre la complicidad empresarial en la violencia sistemática que marcó a Colombia durante las décadas de 1990 y 2000. Los condenados, quienes ocuparon cargos clave en las operaciones de Chiquita y sus filiales en el país, fueron hallados culpables del delito de concierto para delinquir agravado, al haber canalizado recursos hacia las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo catalogado como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos.
Además de la pena privativa de libertad, cada uno deberá pagar una multa de 13.800 millones de pesos colombianos (aproximadamente 3,5 millones de dólares).
¿Quiénes fueron condenados?
La jueza Diana Lucía Monsalve dictó la condena contra Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo y otros cuatro altos cargos de Chiquita Brands, estableciendo una pena de 135 meses de prisión para cada uno. Además, la magistrada negó la suspensión de la pena y la prisión domiciliaria, y ordenó la emisión de órdenes de captura contra los condenados.
Tres exdirectivos fueron absueltos por falta de pruebas.
Una década de complicidad empresarial
Según la sentencia de 170 páginas, los ejecutivos de Chiquita participaron en una estructura criminal que financió operaciones paramilitares en las regiones bananeras de Urabá y el Magdalena Medio. Los recursos entregados fueron utilizados por las AUC para ejecutar masacres, desplazamientos forzados y otras violaciones graves a los derechos humanos.
El juzgado determinó que los pagos se realizaron a través de las “Convivir”, cooperativas de seguridad creadas legalmente pero que fueron cooptadas por los paramilitares para legalizar el flujo de dinero. La Fiscalía presentó evidencia de 18 pagos realizados entre 2001 y 2004, por un valor superior a los 1.400 millones de pesos.
Exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Hebert Veloza (“HH”) confirmaron que Chiquita pagaba “tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada”. Estos pagos, según el fallo, fueron aprobados desde la sede corporativa de Chiquita en Cincinnati, Ohio, y disfrazados como gastos operativos.
Antecedentes en Estados Unidos
Este caso no es nuevo para la justicia internacional. En 2007, el Departamento de Justicia de Estados Unidos multó a Chiquita con 25 millones de dólares tras admitir que había pagado 1,7 millones a las AUC. Sin embargo, ningún ejecutivo fue procesado penalmente en ese país.
El fallo colombiano ahora refuerza las denuncias de víctimas y organizaciones de derechos humanos que durante años han señalado el rol activo de empresas multinacionales en la perpetuación del conflicto armado.
¿Qué sigue?
Ya se emitieron órdenes de captura contra los condenados, algunos de los cuales residen fuera de Colombia. La sentencia podría abrir la puerta a nuevas investigaciones y demandas civiles, tanto en el país como en tribunales internacionales.
La jueza Diana Lucía Monsalve, quien lideró el proceso, subrayó que “era prácticamente imposible que los ejecutivos no supieran que sus pagos estaban llegando a grupos criminales”. El fallo también destacó cómo la estructura corporativa facilitó y encubrió las transacciones.
¿Un precedente global?
Este caso plantea interrogantes más amplios sobre la responsabilidad empresarial en zonas de conflicto y el papel de las multinacionales en violaciones de derechos humanos. Mientras Colombia continúa enfrentando las heridas de su pasado violento, esta sentencia envía un mensaje claro: los intereses económicos no están por encima de la justicia.
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