
Redacción JUSTICIA Y PENSIONES
Bogotá D.C. – En medio de un intenso debate jurídico y político, el presidente Gustavo Petro anunció que varios artículos clave de la reforma pensional comenzarán a aplicarse este mismo año, pese a las demoras en su implementación total por decisiones de las altas cortes y cuestionamientos surgidos en el Congreso.
El mandatario señaló directamente al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, a quien acusó de buscar aplazar la entrada en vigencia de la ley por supuestos cálculos electorales. “Sé que Ibáñez no quiere la ley pensional y espera aplazarla por miedo a su efecto electoral”, escribió Petro en su cuenta de X.
Petro defendió la legalidad del trámite legislativo de la reforma, destacando que esta fue aprobada en dos legislaturas consecutivas, lo que, según él, deslegitima cualquier intento de frenar su implementación. “La ley se aprobó dos veces en el Congreso. Impedir su aplicación es un simple golpe de Estado”, afirmó.
Además, el presidente expresó molestia por lo que considera un acto de desconfianza institucional hacia los líderes del Congreso y del Ejecutivo. “Dudar de la palabra del presidente de la Cámara de Representantes y del presidente de la República es de una grosería inmensa”, añadió.
¿Qué medidas empezarán a aplicarse?
A pesar de los reparos judiciales, el Gobierno comenzará de forma inmediata con la aplicación de algunos puntos clave de la reforma, en especial aquellos dirigidos a mejorar las condiciones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad que hoy no acceden a una pensión.
Entre las medidas anunciadas se destacan:
Ampliación del bono pensional: Desde este año se otorgará a todos los hombres mayores de 75 años y mujeres mayores de 70 años que no cuenten con pensión, reduciendo así la edad mínima que antes era de 85 años para ambos géneros.
Inicio del proceso de inscripción de beneficiarios: Se abrirá el registro de mujeres mayores de 62 años y hombres mayores de 65 años sin pensión, que no estén vinculados actualmente al Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Asignación presupuestal anticipada: El Gobierno aseguró que ya quedó incluida en el presupuesto de 2026 la partida para financiar el bono pensional a esta población.
Obstáculos legales y políticos que han retrasado la reforma
Desde su aprobación en el Congreso, la reforma pensional ha enfrentado múltiples cuestionamientos por parte de sectores políticos de oposición, centros de estudio y organismos judiciales. La principal controversia gira en torno al trámite legislativo y al análisis de fondo que debe hacer la Corte Constitucional para avalar su legalidad.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez asumió la ponencia que revisará la constitucionalidad del proceso, generando expectativa y tensiones entre el Gobierno y la Corte. A esto se suma la presión política desde sectores que han advertido sobre supuestos vacíos financieros en el modelo de pilares, y sobre los posibles impactos fiscales a largo plazo.
Mientras tanto, adultos mayores en condiciones de pobreza siguen esperando soluciones concretas. Según cifras oficiales, más de 3 millones de personas mayores de 60 años no cuentan con una pensión y dependen de programas asistenciales limitados como Colombia Mayor.
Un paso parcial en medio de un panorama incierto
Con la entrada en vigencia de algunas medidas, el Gobierno busca mostrar avances mientras espera el pronunciamiento de la Corte. Sin embargo, expertos en política pensional advierten que la falta de una implementación integral y coordinada puede generar desigualdades en la cobertura y dificultades logísticas para su ejecución territorial.
La reforma pensional fue presentada por el Gobierno como un cambio estructural para garantizar justicia social en la vejez, pero su puesta en marcha está atada ahora a una delicada puja institucional entre Ejecutivo, Congreso y Corte Constitucional, que aún no tiene fecha definitiva de resolución.