
Redacción orden público en Colombia
Bogotá, Colombia – En el corazón de la región del Magdalena Medio, una silenciosa emergencia humanitaria se extiende desde hace casi dos semanas. Más de 5.000 personas se encuentran confinadas en áreas rurales de los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo, en el departamento de Bolívar, tras intensos enfrentamientos entre dos actores armados ilegales: la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo paramilitar conocido como Clan del Golfo.
La Defensoría del Pueblo de Colombia lanzó este fin de semana una alerta temprana al gobierno nacional, advirtiendo que comunidades en los corregimientos de La Marizosa, San Lucas, Canelos, Villa Flor, Fátima y Buena Vista no tienen acceso a alimentos, medicamentos ni combustibles, y permanecen atrapadas por el temor a quedar en medio del fuego cruzado.
Según el organismo, al menos cuatro personas habrían sido secuestradas por actores armados en medio de una creciente disputa por el control del territorio, rutas del narcotráfico y economías ilegales. “Apoyamos el reclamo de la población de Santa Rosa por el respeto a la vida y al Derecho Internacional Humanitario”, señaló la Defensoría en un comunicado.
Este episodio ocurre en un contexto complejo para el presidente Gustavo Petro, quien ha impulsado un ambicioso proceso de “paz total” con distintos grupos armados del país. Aunque el gobierno mantiene una mesa formal de negociaciones con el ELN desde 2022, los avances han sido frágiles, y los recientes choques en regiones estratégicas como Bolívar, Chocó y Arauca evidencian los límites del proceso actual.
En muchas de estas zonas, donde el Estado históricamente ha tenido presencia limitada, el repliegue de la extinta guerrilla de las FARC tras el acuerdo de paz de 2016 dejó un vacío de poder que fue rápidamente ocupado por nuevas estructuras criminales, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico. Hoy, ese vacío ha generado una recomposición del conflicto armado: alianzas flexibles, disputas entre viejos enemigos y una violencia que ha mutado, pero no cesa.
La lucha territorial entre el ELN y el Clan del Golfo representa una de las expresiones más crudas de esa transformación. El sur de Bolívar es una región codiciada por su ubicación estratégica, su conexión con rutas fluviales y su potencial para el cultivo de coca. El enfrentamiento entre estos grupos expone no solo la fragilidad del proceso de paz, sino también la lentitud del Estado colombiano para responder con presencia institucional sostenida, protección civil y asistencia humanitaria efectiva.
Organizaciones humanitarias han urgido al gobierno a desplegar una respuesta integral que incluya asistencia inmediata a las comunidades confinadas y una intervención sostenida para evitar desplazamientos forzados. “La ausencia del Estado sigue siendo el principal catalizador del conflicto”, dijo a este medio un analista de seguridad en Bogotá que pidió mantener el anonimato por motivos de seguridad.
Mientras las comunidades esperan la llegada de ayuda y protección, el sur de Bolívar se convierte en un microcosmos del desafío más grande que enfrenta Colombia: hacer realidad una paz que no se quede en la mesa de negociación, sino que transforme las condiciones sociales, económicas y de seguridad en los territorios históricamente golpeados por la guerra.