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Subsidiados y exentos: el lado oculto de la élite empresarial que reta a Petro
El costo invisible de los privilegios: las grandes empresas que no pagan impuestos en Colombia
Por Gustavo Melo Barrera – GMTV Productora Internacional
En Colombia, hablar de impuestos es hablar de desigualdad. El ciudadano de a pie paga IVA en cada compra, soporta retenciones en la nómina y ve cómo el peso de la tributación recae casi siempre en los mismos: trabajadores y pequeñas empresas. Mientras tanto, en la cúspide de la economía, un puñado de conglomerados y gremios acumula beneficios fiscales, exenciones y subsidios que convierten al sistema tributario en un espejo invertido: los más grandes tributan menos, los más pequeños cargan con más.
No es un secreto. Durante años, gobiernos de distinto signo han construido un entramado de favores que hoy se traduce en privilegios casi intocables. La Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), que agrupa a las grandes industrias, ha defendido exenciones diseñadas para “estimular la inversión”, pero que en la práctica significan que multinacionales y grupos empresariales locales tributen mucho menos que su verdadera capacidad. Nutresa, por ejemplo, parte del poderoso Grupo Empresarial Antioqueño, ha gozado de beneficios asociados a la producción de alimentos, exportaciones y reinversiones, lo que reduce significativamente su carga fiscal frente a su tamaño real.
Lo mismo ocurre con los gremios agrícolas. Fedegán, que representa a los ganaderos, y Fedearroz, que agrupa a los arroceros, han recibido subsidios millonarios para “sostener la competitividad” del campo, pero sus contribuciones fiscales no reflejan el volumen de recursos que administran. En muchos casos, los programas estatales terminan funcionando como un salvavidas que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias: cuando hay crisis, el Estado acude al rescate; cuando hay bonanza, los gremios disfrutan de beneficios fiscales que disminuyen su aporte al presupuesto nacional.
El resultado es un desequilibrio estructural. Según estimaciones de expertos tributarios, las exenciones y beneficios fiscales en Colombia representan entre el 7 % y el 8 % del PIB. Esto equivale a más de 80 billones de pesos anuales que el Estado deja de recaudar. Una cifra que, puesta en contexto, sería suficiente para financiar dos reformas a la salud, ampliar la cobertura universitaria gratuita o reducir en un tercio el déficit fiscal que hoy asfixia al país.
El impacto es doble. Primero, reduce la capacidad del Estado para invertir en bienes públicos esenciales como educación, salud e infraestructura. Segundo, profundiza la percepción de injusticia tributaria: mientras una pyme paga religiosamente sus impuestos bajo la amenaza de sanciones de la DIAN, las grandes empresas logran blindarse a través de beneficios legales, asesorías fiscales sofisticadas y negociaciones políticas.
Los defensores de estas exenciones argumentan que los privilegios son necesarios para garantizar la competitividad, atraer inversión y proteger el empleo. Sin embargo, los datos cuentan otra historia. Colombia sigue siendo uno de los países con mayor concentración de riqueza en América Latina, y las exenciones no han evitado que el desempleo y la informalidad laboral sigan siendo crónicos. En otras palabras, el Estado subsidia a los grandes, pero los beneficios prometidos en términos de bienestar social y equidad no se materializan.
El caso de Fedegán ilustra bien el problema. Durante años, el gremio recibió recursos estatales para modernizar la ganadería y aumentar la productividad. Sin embargo, la producción por hectárea sigue siendo baja comparada con otros países de la región, y los pequeños ganaderos continúan al margen de esos beneficios. En el fondo, las exenciones han servido más como blindaje político que como motor de desarrollo.
El debate no es nuevo. Cada gobierno anuncia reformas tributarias “estructurales” que terminan siendo parches diseñados para recaudar más de quienes ya contribuyen, sin tocar los privilegios de los grandes conglomerados. La ANDI, con su poder de lobby, ha sabido negociar beneficios que se presentan como incentivos, pero que en la práctica consolidan un modelo regresivo: en Colombia, los impuestos no redistribuyen, perpetúan.
El costo de esta evasión solapada no se mide solo en pesos. También erosiona la confianza en las instituciones. ¿Cómo pedirle a un ciudadano que pague puntualmente el IVA de una nevera, cuando sabe que grupos empresariales con utilidades multimillonarias están exentos de tributos clave? ¿Cómo hablar de justicia tributaria, si los sacrificios se concentran en las clases medias y bajas, mientras las élites económicas negocian beneficios con el poder político?
Colombia necesita una reforma tributaria real, que no solo busque recaudar más, sino que también elimine el entramado de exenciones que hoy perpetúan la inequidad. Eliminar privilegios fiscales no significa castigar a la empresa privada, significa construir un sistema donde todos contribuyan en proporción a su capacidad, y donde los recursos se utilicen para cerrar brechas sociales.
El reto es político, no técnico. Porque tocar a la ANDI, a Nutresa, a Fedegán o a Fedearroz implica enfrentarse a los verdaderos poderes fácticos del país. Los mismos que financian campañas, presionan gabinetes y logran mantener sus privilegios gobierno tras gobierno. Pero sin esa discusión de fondo, cualquier reforma seguirá siendo cosmética, y el sistema tributario colombiano continuará siendo lo que es hoy: un espejo roto que refleja desigualdad y privilegio.
Este análisis hace parte del esfuerzo por abrir el debate sobre las estructuras invisibles que sostienen la desigualdad en Colombia. Para una lectura completa y otros reportajes de investigación, visite www.gmtvproductorainternacional.com. Porque la transparencia también empieza por saber quién realmente paga y quién no.
