Una tutela hecha a la medida del condenado. La libertad de Uribe: ¿revive la impunidad?
GMTV Productora Internacional 
Unidad investigativa
En Colombia la justicia suele vestirse de neutralidad, pero siempre parece tener un traje a la medida para ciertos personajes. El último ejemplo lo protagoniza el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuya detención domiciliaria —ordenada tras una condena en segunda instancia por soborno a testigos y fraude procesal— fue echada atrás por el Tribunal Superior de Bogotá.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede un condenado en doble conformidad —es decir, con sentencia de primera y segunda instancia— seguir en libertad mientras apela con recursos extraordinarios? La respuesta, envuelta en el ropaje jurídico de una tutela, desnuda la elasticidad con que se interpreta la Constitución cuando se trata del político más influyente y controvertido del país.
El traje constitucional
Formalmente, el Tribunal no cometió una “ilegalidad”. La tutela está en el artículo 86 de la Carta: un mecanismo para proteger derechos fundamentales cuando no hay otro medio idóneo o cuando se busca evitar un perjuicio irremediable. Con ese pretexto, los magistrados señalaron que mantener a Uribe en detención domiciliaria violaba su presunción de inocencia y su derecho al debido proceso.
Suena impecable, casi académico. El problema es que en Colombia la jurisprudencia penal es clara: una vez existe condena en segunda instancia, la sentencia queda ejecutoriada y la pena debe cumplirse. Punto. Para el ciudadano de a pie, no hay tutela que valga.
Un fallo con olor a privilegio
La decisión del Tribunal abre la puerta a una interpretación peligrosa: que los condenados puedan permanecer libres hasta agotar todos los recursos extraordinarios, lo cual convertiría las sentencias en piezas de museo, sin eficacia real. La justicia colombiana nunca lo ha aplicado así. Solo ahora, y solo con Uribe, se inaugura esta lectura benevolente de la Constitución.
Es aquí donde la frontera entre lo legal y lo ilegítimo se borra. Sí, la tutela es un mecanismo válido. Pero el uso que se le dio contradice la práctica judicial que obliga a cualquier otro condenado a cumplir pena inmediata. En plata blanca: la tutela terminó siendo un traje a la medida para el condenado más poderoso del país.
Contexto político: la sombra sobre el tablero
No es un secreto que el fallo llega en un momento de efervescencia política: oposición debilitada, elecciones a la vista y un expresidente todavía capaz de mover masas desde sus redes sociales. Con su arresto suspendido, Uribe vuelve a tener voz libre y sin barrotes, una ventaja política que ningún otro condenado ostenta.
El mensaje es demoledor: mientras miles de presos pagan condenas en condiciones infrahumanas, el líder del uribismo disfruta de la elasticidad de la justicia. La tutela no solo alivió sus noches en la finca ubicada en el municipio de Rionegro, Antioquia, también reconfiguró el tablero político de 2026.
La moraleja
Al final, la paradoja es brutal: miles de colombianos esperan años a que la justicia les resuelva una tutela para conseguir una medicina o un cupo en un hospital; en cambio, el hombre más poderoso del país logra, en cuestión de días, que una tutela lo libere de su casa por cárcel. La Constitución, parece, funciona con dos velocidades: una para los ciudadanos comunes y otra para quienes aún mueven los hilos de la política nacional. Si esto no es impunidad, se le parece mucho. Y si no es ilegal, al menos es inmoral. En un país donde la cárcel es la regla para el débil y la excepción para el poderoso, lo de Uribe no es un caso aislado: es el retrato vivo de cómo funciona la justicia en Colombia.
