
Redacción Política y Justicia
El pulso entre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el representante a la Cámara Andrés Forero escaló de los debates parlamentarios a los estrados judiciales. Jaramillo interpuso una denuncia penal contra el congresista del Centro Democrático, pocos días después de que este liderara un debate de control político que puso bajo la lupa contratos de su cartera y la gestión de su entorno familiar.
La acción judicial ha generado un terremoto político: mientras el ministro argumenta presuntas actuaciones injuriosas, Forero sostiene que se trata de un intento de “silenciarlo” por las denuncias que ha hecho sobre presuntos sobrecostos en el proyecto del buque hospital para la Amazonía y por señalar que la esposa del ministro, Beatriz Gómez Consuegra, y su hijastro habrían tenido injerencia en contratos relacionados con el sector salud.
“Quiero decirle al país que no me voy a dejar silenciar por el señor Guillermo Alfonso Jaramillo. No voy a permitir que este tipo de hostigamiento judicial interrumpa el ejercicio riguroso de control político”, aseguró el congresista, quien además cuestionó que funcionarios del propio Ministerio de Salud, incluido el secretario general y un abogado de la entidad, acompañaran al ministro en una diligencia que él califica de carácter personal.
Lo que dice la ley
Expertos en derecho penal señalan que, si la denuncia presentada por Jaramillo prospera y la justicia encuentra culpable a Forero, este podría enfrentar sanciones que van desde una multa hasta la pérdida de su investidura como congresista, según el tipo penal que logre configurarse. En Colombia, los representantes a la Cámara tienen fuero especial, por lo que cualquier investigación penal recae en la Corte Suprema de Justicia, lo que eleva el perfil del caso y lo coloca en el radar de la opinión pública.
Además, la Procuraduría podría abrir un proceso disciplinario paralelo si se confirma que funcionarios del Ministerio participaron en un litigio que no tendría relación con sus funciones públicas.
Reacciones políticas
El Centro Democrático cerró filas en defensa de Forero. La colectividad advirtió que la denuncia es “una forma de persecución política” y que no se puede convertir el ejercicio del control político en un “campo minado de retaliaciones judiciales”.
En contraste, sectores del Pacto Histórico respaldaron la decisión del ministro, argumentando que “la libertad de expresión y el control político no pueden amparar la injuria ni la calumnia”.
Mientras tanto, partidos independientes como Cambio Radical y la Alianza Verde han pedido “prudencia” y respeto por las instituciones, pero reconocen que el caso marca un precedente delicado sobre los límites entre la confrontación política y el uso de la justicia.
El trasfondo
El choque entre Jaramillo y Forero se produce en un momento crítico para el Gobierno Petro, que enfrenta resistencia en el Congreso frente a su polémica reforma a la salud. Si la Corte Suprema admite la denuncia y abre investigación formal, el representante Forero podría convertirse en el primer opositor en enfrentar un proceso penal por denuncias relacionadas con esta reforma, un hecho que tensionaría aún más el ya frágil clima político.
La batalla, por ahora, no solo se libra en la arena política, sino en los tribunales. Y sus consecuencias podrían redefinir los límites entre la crítica parlamentaria y la responsabilidad penal de los congresistas en Colombia.