
Por Unidad Investigativa – GMTV Productora Internacional
En los últimos años, la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina ha estado marcada por un discurso hostil, sanciones y amenazas militares, especialmente dirigidas a gobiernos democráticamente electos identificados con la izquierda, como los de Brasil, México, Colombia en sus etapas progresistas, así como los regímenes de Cuba y Venezuela. En el centro de esta estrategia está el actual gobierno de Donald Trump, cuyo estilo confrontacional ha dejado heridas diplomáticas difíciles de cerrar. Pero detrás de este conflicto, emergen preguntas más profundas: ¿por qué el gobierno de Trump dirige tanta energía en confrontar a sus vecinos, mientras dentro de Estados Unidos los cárteles locales y las redes de narcotráfico siguen operando con impunidad relativa?
Narcotráfico interno: el gran silencio

Desde la década de 1980, las autoridades estadounidenses han proyectado hacia afuera la “guerra contra las drogas”. México, Colombia, Perú y Bolivia han cargado con el peso de la represión, la violencia militarizada y los señalamientos internacionales. Mientras tanto, en ciudades como Miami, Nueva York, Chicago y Los Ángeles, redes criminales de distribución de cocaína, fentanilo y metanfetaminas han prosperado bajo la sombra de un sistema judicial selectivo.
Expertos consultados por The New York Times y BBC Mundo coinciden en que la narrativa del enemigo externo permite a Estados Unidos desviar la atención de su propio ecosistema criminal. Según datos de la DEA, más del 90% de la cocaína que circula en el país es distribuida por redes internas con fuerte presencia en Florida, Texas y California, con conexiones en barrios de alta influencia política. Sin embargo, rara vez se investigan los vínculos de estas redes con políticos locales o federales.
El caso Marco Rubio y las sombras del pasado
Uno de los ejemplos más polémicos es el del senador republicano Marco Rubio. Su familia, llegada de Cuba en los años 60, ha sido vinculada indirectamente a Orlando Cicilia, cuñado de Rubio y condenado por narcotráfico en la década de 1980 en Miami. Aunque Rubio nunca fue investigado directamente, el caso fue acallado en cortes y en la prensa nacional, dejando un vacío incómodo sobre los nexos entre el poder político de origen cubano y las redes criminales de Florida.
No es el único. Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart conforman hoy el bloque más duro contra los gobiernos progresistas de América Latina. Todos comparten una narrativa común: la demonización de la izquierda latinoamericana, el apoyo irrestricto a sanciones contra Cuba y Venezuela, y la alineación ciega con los intereses del complejo militar-industrial estadounidense. Sus historias de vida como migrantes cubanos aceptados como ciudadanos de primera categoría en Estados Unidos contrastan con sus ataques a los migrantes de otras latitudes, especialmente centroamericanos y sudamericanos.
¿Por qué tanto odio contra las democracias de izquierda?

La hostilidad contra gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador en México, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil o Gustavo Petro en Colombia responde a varias capas de intereses. En primer lugar, está el factor electoral: el voto cubanoamericano en Florida es decisivo para el Partido Republicano, y mantener viva la narrativa del “peligro comunista” asegura un caudal político estable. En segundo lugar, está el factor económico: la política de sanciones permite mantener bajo control a mercados competidores de sectores como el petróleo, el gas y ciertos minerales estratégicos.
Pero existe un tercer nivel: las alianzas internacionales. En los últimos años, gobiernos progresistas latinoamericanos han estrechado vínculos con China, Rusia e India a través de los BRICS, lo cual representa un desafío directo a la hegemonía estadounidense en la región. La posibilidad de que América Latina diversifique su comercio y su financiamiento hacia esos polos multiplica las tensiones con Washington.
El fantasma del “Cártel de los Soles”
La administración Trump ha utilizado reiteradamente la narrativa del “Cártel de los Soles” —una supuesta organización criminal conformada por militares venezolanos— como justificación para desplegar tropas y buques de guerra en el Caribe. Sin embargo, investigaciones independientes de Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y expertos de Naciones Unidas han cuestionado la solidez de esas acusaciones, señalando que muchas carecen de pruebas contundentes y parecen más un instrumento de presión política que un esfuerzo real contra el narcotráfico.
Mientras tanto, en Estados Unidos la epidemia de opioides ha cobrado más de 500.000 vidas en las últimas dos décadas, sin que se desate una ofensiva militar interna contra las farmacéuticas responsables ni contra las mafias locales que distribuyen drogas ilícitas.
Lo que está en juego en el futuro
El futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina dependerá, en gran medida, de cómo el gobierno de Trump maneje su doble discurso: un enemigo externo conveniente en forma de gobiernos progresistas y un silencio cómplice frente a sus propios monopolios mafiosos internos. Si la administración continúa apostando por la confrontación, es previsible que países como México, Brasil, Colombia y Venezuela profundicen sus lazos con los BRICS, Rusia, China e incluso Irán, en busca de contrapesos frente a Washington.
En ese escenario, América Latina se perfila como un campo de batalla geopolítico en el que el narcotráfico, lejos de ser combatido en serio, se convierte en excusa para agendas de poder.
Conclusión
La paradoja de la política antidrogas de Trump es evidente: mientras proclama la necesidad de combatir a cárteles extranjeros, guarda silencio sobre las redes criminales dentro de su propio país y sobre los posibles nexos de figuras políticas cercanas a su gobierno con el narcotráfico. El discurso moralizador contra la izquierda latinoamericana oculta, en realidad, intereses económicos, electorales y estratégicos que podrían llevar a una fractura regional irreversible.
Si algo queda claro, es que en la política de Washington la “guerra contra las drogas” nunca ha sido realmente sobre drogas, sino sobre poder.
Una investigación en curso
Este reportaje abre un ciclo de investigaciones sobre los vínculos entre política, narcotráfico y geopolítica en Estados Unidos y América Latina. En los próximos episodios analizaremos en detalle cómo cada estado de la Unión y cada político de alto perfil han utilizado la retórica contra las democracias latinoamericanas para fortalecer su carrera interna, mientras evitan enfrentar con la misma proporción las estructuras mafiosas dentro de su país. El objetivo es claro: mostrar al lector que el problema del narcotráfico no se reduce a los carteles extranjeros, sino que también está enquistado en las dinámicas internas de poder en Estados Unidos.