
Redacción Política y orden Publico
La violencia regresó con fuerza a las portadas de los noticieros. Cuatro atentados en menos de 24 horas estremecieron a Colombia: explosivos en Cali, un ataque con dron en Amalfi (Antioquia) contra un helicóptero de la Policía, un hostigamiento en Florencia y nuevos hechos de sangre en Cauca. La oleada dejó uniformados y civiles muertos, además de un país sumido en el miedo.
En ese contexto, la oposición liderada por el Centro Democrático impulsa en el Congreso una moción de censura contra el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, a quien responsabilizan políticamente por la crisis de orden público. La iniciativa está encabezada por el representante Juan Espinal, férreo crítico de la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro.
“Lamentablemente, acaba de fallecer otro policía tras el atentado del día de ayer en Amalfi. Son trece héroes de la patria asesinados por terroristas que han sido protegidos por el Gobierno”, afirmó Espinal, al denunciar que la estrategia de paz del Ejecutivo se tradujo en un incremento de ataques contra la Fuerza Pública y la ciudadanía.
La otra cara: los resultados incómodos del ministro Sánchez
Sin embargo, más allá de la coyuntura de violencia, analistas coinciden en que el intento de remover a Sánchez no es nuevo. Desde su llegada al cargo, se convirtió en un funcionario incómodo para varios sectores políticos, en especial para quienes se mueven en los márgenes del poder.
Esto se debe a que el ministro ha puesto en práctica la directriz presidencial de “golpear la cabeza de la serpiente”, es decir, atacar a los máximos responsables de las cadenas del narcotráfico y las economías criminales, en lugar de concentrarse en los eslabones más débiles como campesinos cocaleros o pequeños intermediarios.
En los últimos meses, la cartera de Defensa ha reportado golpes sensibles contra estructuras del Clan del Golfo, disidencias de las FARC y redes de lavado de activos en ciudades como Medellín y Barranquilla. Incluso, varios informes de inteligencia han revelado que la ofensiva de Sánchez tocó intereses de élites políticas y financieras vinculadas históricamente con los negocios del narcotráfico.
De ahí, explican algunos observadores, la insistencia en apartarlo de su cargo: “No es casualidad que al ministro lo quieran fuera justo ahora, cuando las operaciones empiezan a escalar hasta niveles que antes estaban blindados”, afirma un experto en seguridad consultado por este medio.
¿Quién está detrás de los atentados?
El ataque en Amalfi —un dron cargado con explosivos dirigido contra un helicóptero policial— encendió las alarmas por la capacidad técnica de los grupos armados ilegales. Autoridades atribuyen la acción a disidencias de las FARC con fuerte presencia en el nordeste antioqueño.
En Cali, en cambio, el atentado parece estar relacionado con disputas entre estructuras urbanas ligadas al microtráfico y al negocio de armas. Florencia y Cauca, por su parte, siguen bajo el fuego cruzado de disidencias y bandas criminales con nexos internacionales.
Pero la pregunta que muchos se hacen es otra: ¿por qué todos los atentados ocurrieron casi al mismo tiempo, justo cuando el uribismo prepara su ofensiva política contra el ministro de Defensa?
Varios analistas sostienen que, aunque los grupos armados son los ejecutores materiales, existe un uso político de la violencia que recuerda capítulos oscuros de la historia reciente. En redes sociales y foros de opinión circula la hipótesis de que los atentados podrían estar siendo instrumentalizados —o incluso alentados— como parte de una nueva campaña del uribismo para revivir la bandera de la “seguridad democrática”.
“Es una estrategia vieja: yo pongo la bomba, yo administro el miedo y luego salgo en el Congreso a exigir más seguridad. Lo que preocupa es que, a costa de la vida de policías y civiles, se esté montando un libreto electoral para el 2026”, señaló un académico especializado en conflicto armado.
Ecos del pasado
Las comparaciones con las campañas presidenciales de Álvaro Uribe no se hicieron esperar. En su momento, se denunció que varios atentados y operaciones militares fueron presentados como prueba de la necesidad de un liderazgo fuerte en seguridad, aunque después se conocieron casos de montajes y autoatentados.
Hoy, con un nuevo ciclo de violencia, muchos ciudadanos sienten que la historia se repite. En las calles de Cali, durante las marchas de rechazo a la violencia, se escuchaban frases como: “Otra vez quieren vendernos miedo para sacar votos”.
El debate en el Congreso
Mientras tanto, la moción de censura contra Sánchez avanza. En las próximas semanas, la plenaria de la Cámara deberá decidir si mantiene la confianza en el ministro o si lo obliga a abandonar el cargo.
De fondo, no solo se discute la responsabilidad política por los atentados recientes, sino también el rumbo de la seguridad en Colombia: ¿se mantiene la estrategia de paz total complementada con golpes de alta precisión al narcotráfico, o se regresa a la doctrina de mano dura del pasado?
La discusión promete ser intensa. Para la oposición, Sánchez es responsable de la “inacción” del Gobierno. Para otros, es el primer ministro de Defensa en años que se atrevió a tocar las estructuras más profundas del crimen organizado. Entre tanto, los colombianos siguen enterrando a sus muertos, atrapados entre los atentados y la disputa política en el Congreso.