El Consejo Nacional Electoral en la mira: decisiones cruzadas, sospechas de mala fe y el futuro político hacia 2026
GMTV Productora Internacional 
Redacción Política
El Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano encargado de regular y vigilar los procesos democráticos en Colombia, atraviesa una tormenta política y judicial que pone en entredicho su imparcialidad. Dos decisiones recientes han revivido las tensiones entre el ente de control, el Gobierno y los partidos que buscan reorganizarse de cara a las elecciones de 2026.
Por un lado, un grupo de magistrados del CNE anunció que presentará una ponencia en la que se afirma que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 sí violó los topes de financiación. Aunque la Corte Constitucional ya había determinado que el tribunal no tiene competencia para investigar al actual mandatario, el proceso se mantiene abierto contra el gerente de campaña, Ricardo Roa —hoy presidente de Ecopetrol—, la tesorera Lucy Aydée Mogollón, los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, así como contra los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
El gesto ha sido leído por el petrismo como un intento de minar la legitimidad del Gobierno y debilitar la coalición oficialista. Más aún cuando el propio presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada, se encuentra vinculado a la misma investigación por manipulación de testigos que ya llevó a condena al expresidente Álvaro Uribe y a su exabogado Diego Cadena.
Al mismo tiempo, el tribunal enfrenta presión judicial tras una orden del Tribunal Superior de Bogotá, que le exige resolver en menos de cinco días la solicitud de escisión del partido MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social). La petición, liderada por la senadora María José Pizarro y los representantes David Racero y Heráclito Landinez, busca crear un nuevo partido bajo el nombre de Progresistas. Aunque el MAIS ya había avalado la división, el caso se encuentra estancado en el despacho del magistrado conservador Alfonso Campo, quien decidió retirar la ponencia que ya tenía lista para votación.
Un golpe a la confianza ciudadana
Más allá de las disputas jurídicas, el efecto político de estas decisiones es profundo. En la opinión pública se instala la percepción de un CNE parcializado, dominado por una mayoría opositora al Gobierno, que utiliza tecnicismos y dilaciones para debilitar tanto al presidente como a su movimiento político.
La consecuencia inmediata es la erosión de la confianza en el árbitro electoral, un órgano que debería garantizar transparencia en el camino hacia las elecciones de 2026, pero que hoy aparece en el centro de las pugnas partidistas.
Escenarios posibles
Si el CNE avanza en sanciones contra los aliados de Petro, podría fracturar la coalición oficialista en pleno año preelectoral, alimentando la narrativa de un Gobierno bajo asedio. Sin embargo, la eventual escisión del MAIS podría convertirse en una oportunidad: la creación de un bloque progresista unificado y fortalecido de cara a los comicios.
El dilema está servido: ¿será el CNE capaz de actuar como garante neutral de la democracia, o quedará en la memoria colectiva como un instrumento de lucha política? Por ahora, el desenlace de ambos casos no solo afectará a figuras clave como Ricardo Roa o María José Pizarro, sino que marcará el rumbo de la contienda electoral y la credibilidad misma del sistema político colombiano.
