Golpe histórico al narcotráfico en Colombia: el decomiso de marihuana más grande en la historia del país
GMTV Productora Internacional 
Redacción Judicial y Orden Publico
La Fuerza Pública colombiana asestó esta semana uno de los mayores golpes de los últimos años contra el narcotráfico. En un operativo desarrollado en zona rural del departamento del Huila, las autoridades incautaron el cargamento de marihuana más grande registrado en el país, una operación que, según los altos mandos militares, supone un impacto directo contra las finanzas del bloque Central Isaías Pardo, al mando de alias Iván Mordisco, uno de los líderes disidentes de las FARC más perseguidos en la actualidad.
El decomiso, cuyo valor supera los 11.000 millones de pesos, no solo constituye un récord en la lucha antidrogas, sino que también reabre el debate sobre la persistencia de las economías ilícitas que sostienen a las estructuras armadas en Colombia, a pesar de los intentos fallidos de negociación, la presencia del Estado en las regiones y los múltiples golpes policiales y militares.
Una operación planificada con meses de inteligencia
De acuerdo con el reporte oficial, el operativo fue fruto de un trabajo conjunto entre el Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía, apoyados por información de inteligencia recolectada en los últimos meses. Los cargamentos estaban ocultos en bodegas camufladas entre plantaciones agrícolas en el sur del Huila, una región que en los últimos años se ha convertido en corredor estratégico para los grupos armados que buscan expandir su control hacia el suroccidente del país.
El hallazgo incluyó toneladas de marihuana lista para ser procesada y distribuida en mercados ilegales nacionales e internacionales. Según las autoridades, el cargamento tenía como destino financiar las operaciones de la estructura de Iván Mordisco, una de las disidencias más violentas y con mayor capacidad de expansión tras el fracaso del acuerdo de paz con el Estado Mayor Central.
El peso de Iván Mordisco en la nueva guerra colombiana
El nombre de Iván Mordisco no es ajeno a los colombianos. Se trata de uno de los primeros mandos de las FARC en rechazar el acuerdo de paz firmado en 2016, optando por mantenerse en la ilegalidad. Desde entonces, ha consolidado una red criminal con presencia en varias regiones del país, incluyendo el oriente y el suroccidente, donde controla corredores estratégicos para el tráfico de marihuana y cocaína.
El bloque Central Isaías Pardo, vinculado a este decomiso, es uno de sus brazos armados. Su estrategia se basa en el control territorial, el cobro de extorsiones y el fortalecimiento de su músculo financiero a través de la producción de marihuana, un negocio que, aunque menos mediático que el de la cocaína, representa ganancias millonarias en mercados como Ecuador, Chile y Brasil, donde el consumo ha aumentado en la última década.
Un golpe que abre preguntas
El gobierno celebró el decomiso como un “golpe histórico” contra las disidencias y como prueba de la eficacia de la Fuerza Pública en su lucha contra las economías ilícitas. Sin embargo, la noticia también plantea preguntas incómodas: ¿hasta qué punto este tipo de operaciones afectan realmente la capacidad de los grupos armados? ¿Se trata de un avance sostenible o de un resultado aislado en un conflicto que parece no tener fin?
Expertos en seguridad consultados advierten que los decomisos, aunque significativos, rara vez cambian la lógica del narcotráfico. “El mercado se adapta rápidamente. Lo que hoy representa un golpe millonario, mañana puede ser reemplazado con nuevos cultivos y rutas”, señala un investigador de la Fundación Ideas para la Paz.
Además, la operación coincide con un momento político complejo para el gobierno de Gustavo Petro, que ha apostado por una política de “paz total” con diferentes grupos armados, incluida la invitación a las disidencias para negociar. Mientras algunos sectores celebran que la Fuerza Pública continúe actuando con contundencia, otros critican la aparente contradicción entre sentarse a dialogar con los grupos ilegales y, al mismo tiempo, golpear sus economías ilícitas.
La marihuana, un negocio en expansión
El decomiso también pone de relieve un aspecto pocas veces discutido en el debate público: el papel creciente de la marihuana como fuente de ingresos para grupos criminales en Colombia. Mientras la cocaína sigue siendo el principal producto de exportación ilícito, la marihuana de alta potencia cultivada en regiones como Cauca, Huila y Valle del Cauca ha encontrado un mercado rentable en países vecinos, donde los precios pueden duplicar o triplicar los de la cocaína en determinadas condiciones.
El crecimiento del negocio se da en un contexto paradójico: mientras varios países del continente, incluidos Estados Unidos y Uruguay, han avanzado en la legalización y regulación del cannabis, en Colombia los cultivos ilícitos continúan siendo explotados por organizaciones criminales, que encuentran en la falta de regulación clara un terreno fértil para sus negocios.
Una lucha que parece interminable
El operativo en Huila se suma a una larga lista de incautaciones que, pese a sus cifras récord, no logran reducir de manera significativa el poder del narcotráfico en el país. Según cifras de Naciones Unidas, más del 60% de los municipios de Colombia registran algún tipo de presencia de economías ilícitas, ya sea de cocaína, marihuana o minería ilegal.
La paradoja de la lucha antidrogas en Colombia es que, aunque se logran golpes espectaculares, el fenómeno se mantiene como una hidra que se regenera con facilidad. La marihuana incautada en Huila es prueba de ello: toneladas que hubieran servido para financiar a una de las disidencias más violentas del país, pero que seguramente serán reemplazadas por nuevos cultivos y nuevas rutas en cuestión de meses.
El decomiso más grande de marihuana en la historia de Colombia pasará a los registros oficiales como un hito. Sin embargo, más allá de la cifra y la celebración, lo que queda es la certeza de que el narcotráfico sigue siendo el combustible de la guerra, y que su erradicación requerirá mucho más que incautaciones: un cambio profundo en las políticas de seguridad, la presencia estatal en las regiones y una discusión honesta sobre la regulación de los mercados ilegales.
