
Redacción Política
En medio de un clima de polarización política y con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2026, el debate sobre la viabilidad de una Asamblea Nacional Constituyente volvió a encenderse en Colombia. El más reciente episodio se dio en Armenia, durante el foro “La Constituyente: entre el mito y la realidad”, organizado por el concejal Felipe Villamil y que reunió a académicos, juristas y políticos.
Lo que pudo haber sido un debate técnico sobre la necesidad de ajustar la Constitución de 1991 terminó convertido en una radiografía de la tensión política que vive el país: ¿es la Constituyente un mecanismo legítimo de reforma o un vehículo del presidente Gustavo Petro para extender su proyecto político?
La visión de los constitucionalistas
El abogado penalista Francisco Bernate, reconocido académico, abrió el debate con una posición que sintetiza parte de la frustración de las élites jurídicas: la Constitución de 1991 envejeció demasiado rápido para las necesidades de un país complejo.
“Tenemos un Estado demasiado grande, paquidérmico, que no responde con agilidad ni eficacia. Una Constituyente debería enfocarse en rediseñar la arquitectura institucional, en especial el funcionamiento de la justicia”, afirmó Bernate, recordando que incluso trámites simples se convierten en laberintos burocráticos.
Para él, la discusión no puede reducirse a la idea de reelección presidencial —como sugieren algunos discursos del oficialismo— sino a un rediseño integral del sistema, en el que magistrados y cortes recobren legitimidad frente a una ciudadanía que los percibe desconectados.
La mirada política: entre promesas y desconfianzas
La representante a la Cámara Lina Garrido fue más directa en sus críticas: el presidente Petro, asegura, ha usado la idea de la Constituyente como una carta política de doble filo. “Prometió gobernar con la Constitución del 91. Hoy pretende convocar una Constituyente con mecanismos irregulares como la llamada ‘octava papeleta’, que ni siquiera está contemplada en la Carta Magna. Eso genera más desconfianza que esperanza”, advirtió.
Su posición refleja una visión compartida por amplios sectores opositores: la Constituyente es necesaria, pero no bajo las reglas del actual gobierno ni como herramienta de corto plazo. Para Garrido, el compromiso debe quedar en manos de quien gane las elecciones de 2026 y se someta de manera explícita a la voluntad popular.
“Quien aspire a la Presidencia debe prometerlo a los colombianos de frente y con reglas claras, no a través de atajos jurídicos”, remató.
Los pros y contras de una Constituyente en medio de la polarización
Expertos constitucionalistas coinciden en que una Constituyente, bien diseñada, podría ser una salida para ajustar fallas estructurales:
La sobrecarga de funciones del Estado.
La lentitud de la justicia.
La falta de renovación en los altos tribunales.
La distancia entre la política y la ciudadanía.
Sin embargo, los riesgos parecen igual de evidentes:
En un país polarizado, cualquier convocatoria puede ser vista como un intento de reelección disfrazada.
La falta de consensos básicos entre partidos y movimientos.
El uso plebiscitario del proceso para dividir aún más a los colombianos.
La incertidumbre económica y política que podría generar un nuevo ciclo de reformas radicales.
En este contexto, la pregunta de fondo es si Colombia tiene la madurez política para embarcarse en un ejercicio constituyente sin que se convierta en una batalla campal entre gobierno y oposición.
El camino tortuoso de la consulta popular de Petro
El presidente Gustavo Petro ha intentado mantener la idea de la Constituyente como una promesa abierta. Primero lo planteó como mandato ciudadano, luego lo vinculó a la “octava papeleta”, y más tarde lo esbozó como un derecho del “pueblo soberano” a convocarse. Cada paso, sin embargo, ha enfrentado obstáculos jurídicos y políticos.
Tribunales y expertos han recordado que no existe base constitucional para convocar una Constituyente sin un procedimiento formal avalado por el Congreso y la Corte Constitucional. La oposición, por su parte, ha convertido el tema en un símbolo de resistencia, alertando que se trata de un intento de perpetuación en el poder.
Esa ambigüedad mantiene el debate en el terreno de la especulación más que en el del diseño institucional serio. Y, como suele ocurrir en Colombia, cada actor político interpreta la Constituyente según sus propios intereses.
El horizonte de 2026
El tema no puede desligarse del calendario electoral. Los aspirantes más visibles a la Presidencia —desde figuras del uribismo hasta sectores de centro y progresistas independientes— ya calibran su discurso frente a la Constituyente. Algunos la defienden como parte de un programa de “refundación institucional”, otros la rechazan como un salto al vacío.
El país se encamina, así, a unas elecciones donde el debate no será únicamente sobre seguridad, economía o corrupción, sino sobre la Constitución misma. Los verdaderos candidatos de 2026-2030 tendrán que responder con claridad: ¿se comprometen a liderar una Constituyente, y bajo qué reglas?
En otras palabras, el debate que comenzó en un foro jurídico en Armenia ya es parte de la campaña presidencial que se avecina.
Entre mito y realidad
La conclusión del foro en Armenia fue clara: el país necesita discutir en serio su pacto constitucional. Pero la forma en que el gobierno de Petro ha planteado la idea genera más dudas que certezas.
Mientras tanto, Colombia enfrenta un dilema: si convoca una Constituyente en medio de la polarización actual, corre el riesgo de agravar sus divisiones; si la posterga indefinidamente, puede perpetuar la parálisis institucional. Entre el mito y la realidad, la Asamblea Nacional Constituyente se ha convertido en el espejo donde Colombia proyecta sus miedos y esperanzas. La próxima elección presidencial dirá si el país está listo para mirarse de frente en ese espejo o si seguirá aplazando un debate que, tarde o temprano, tendrá que enfrentar.