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Redacción Economía
El lunes 1° de septiembre de 2025, el gobierno de Gustavo Petro lanzó al Congreso una imponente reforma tributaria —o mejor dicho, una Ley de Financiamiento— que pretende recaudar 26,3 billones de pesos (unos 6 544 millones de dólares) para cubrir el presupuesto nacional del 2026, ahora fijado en un histórico 557 billones de pesos
. Sus impulsores la ven como la única vía viable para evitar un mayor endeudamiento y asegurar una estabilidad fiscal mínima
Lo bueno: visión progresista con tintes técnicos
Más recaudo para inversión social y sostenibilidad
La reforma busca blindar el presupuesto 2026 y apuntalar la estabilidad fiscal en el mediano plazo
Es una respuesta política en un país donde las reglas fiscales se suspendieron —el déficit proyectado para 2025 escala al 7,1 % del PIB y se prevé un 6,2 % para 2026
Expansión de la base impositiva sin tocar alimentos esenciales
El proyecto grava actividades que se consideran “de ricos” o dañinas: apuestas en línea, servicios digitales (Netflix, Amazon Prime), iglesias (por actividades comerciales), combustibles, incluso eventos recreativos de alto costo
Alimenta, además, una lógica de justicia tributaria: que paguen más los que pueden.
Incentivos verdes y transición energética
Se impulsa el IVA sobre combustibles fósiles (sube al 10 % en 2026 y al 19 % en 2027), desestimula el uso contaminante e incluye impuestos a vehículos híbridos
Estas medidas están diseñadas para financiar una transición justa y responder a la crisis climática.
Lo malo: impacto inequívoco y riesgos políticos
Afectación a la clase media y microempresarios
Expertos advierten que familiares y microempresas serían los más golpeados. El exministro José Manuel Restrepo señala que subir IVA y eliminar beneficios fiscales vulnera el consumo de sectores ya ajustados
Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara, alerta que gravar ganancias ocasionales y rentas arrendaticias castiga la clase media
Golpe a la competitividad
El tributarista Julio César Leal advierte que mientras otros países reducen tarifas para atraer inversión, Colombia mantiene tasas efectivas superiores al 70 %
Una carga elevada puede desincentivar inversión extranjera y ralentizar la recuperación económica.
Inflación latente y costo de vida al alza
El IVA sobre combustibles, alcoholes y entretenimiento podría elevar el costo de la canasta básica. Se estima que el alza del impuesto al carbono solo podría agregar hasta 0,15 puntos porcentuales a la inflación total, con presión sobre precios de transporte y producción
Desgaste político en un año electoral
La reforma llega justo cuando inicia la campaña legislativa y presidencial de 2026, en un contexto de rechazo frontal. La oposición critica que la iniciativa sea impopular y que afecte el bolsillo
Muchas voces creen que su aprobación será dificultosa, e incluso el Gobierno admite que en caso de no pasar, recurriría al endeudamiento
Lo que no les gusta a los poderosos y ricos
Gravar sectores tradicionales privilegiados
Está en la mira la banca, con una sobretasa sobre la tarifa del impuesto de renta que subiría del 40 % al 50 %
Aseguradoras, comisionistas, e iglesias con actividades comerciales también quedarían expuestas a nuevos impuestos
Menos beneficios tributarios y nuevos impuestos
Eliminación o recorte de exenciones: IVA a hospedaje de turistas extranjeros (aunque podrían recuperarlo al salir), a vinos, licores y conciertos costosos
Esto rompe con privilegios históricos de ciertos segmentos.
Compromiso verde obliga a reinversión productiva
Los gravámenes sobre combustibles fósiles y el apoyo a inversiones verdes reducen la capacidad de lucro de actores con intereses en energías tradicionales
Balance final: una reforma con alta carga política
La Ley de Financiamiento de Petro es una propuesta ambiciosa para corregir el rumbo fiscal, diversificar la fuente de ingresos y promover una transición energética urgente. Tiene el mérito de ampliar la tributación hacia sectores menos vulnerables, y canalizar recursos hacia inversión pública clave en salud, educación y sostenibilidad.
Sin embargo, llega en un momento de fragilidad social y política. El costo sobre la clase media, las presiones inflacionarias y la eventual pérdida de competitividad pueden agudizar la protesta y socavar la viabilidad del proyecto. El riesgo más grande es que se convierta en una pieza más de confrontación política, sin lograr lo que pretende: estabilidad fiscal, crecimiento y justicia tributaria. En suma, es una cruzada fiscal donde el Gobierno desafía los intereses de quienes más tienen, pero debe convencer a quienes menos tienen, justo ahora, en un país al borde del debate electoral.
