#BodegasDelPoder: la apuesta del gobierno Petro por youtubers, tuiteros e influencers
GMTV Productora Internacional 
¿Buena jugada política o un bumerang contra la confianza presidencial?
Unidad de Investigación – GMTV Productora Internacional
En esta sexta entrega de la serie de investigación: Congreso y alianzas del cambio en tres años de gobierno Petro analizamos la apuesta del presidente por un reducido pero significativo grupo de seguidores que terminaron patrocinado por el Estado y con ganas de entrar al congreso
Cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia en agosto de 2022, lo hizo bajo la promesa de inaugurar una nueva era política: más ciudadana, menos clientelista, capaz de hablar directamente con la gente sin necesidad de los viejos intermediarios del poder. Ese lenguaje encajaba con una generación conectada a redes sociales y con un electorado desencantado de los medios tradicionales.
Tres años después, esa apuesta por trasladar parte de la estrategia política al terreno de los influencers, youtubers y tuiteros militantes se ha convertido en uno de los capítulos más controvertidos de su administración. La inversión estatal en figuras digitales vinculadas a la defensa del “Gobierno del Cambio” supera los 2.300 millones de pesos entre 2022 y 2025, de acuerdo con denuncias de oposición. La pregunta central es inevitable: ¿estos contratos respondieron a una visión innovadora de comunicación política o se transformaron en otra forma de clientelismo con rostro juvenil y avatar digital?
El origen: de la “bodega uribista” a la “bodega progresista”
El fenómeno no es nuevo. Durante más de una década, el uribismo consolidó una red de páginas, cuentas de Twitter y comunidades digitales que defendían su narrativa y atacaban a opositores. Petro y sus aliados, en campaña, denunciaron repetidamente esas prácticas como “bodegas pagadas”.
La ironía es que, al llegar al poder, el petrismo replicó —y amplió— el modelo. La diferencia: ahora el financiamiento no dependía de aportes privados sino de contratos con ministerios, dependencias y el propio Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia).
Influencers como “Don Izquierdo” (Jader David Rozo), “La Julieta” (Laura Julieth Martínez), “Ralis” (Laura Daniela Beltrán) y otros nombres menos mediáticos aparecieron vinculados formalmente como contratistas estatales. Su tarea: difundir mensajes positivos del Gobierno y contraatacar en redes a quienes cuestionaban la gestión presidencial.
La estrategia: propaganda, no comunicación
El problema no radica en la presencia digital del Gobierno —toda administración moderna debe tenerla—, sino en la confusión entre comunicación institucional y propaganda partidista.
Contratos que deberían enfocarse en pedagogía ciudadana terminaron destinados a campañas de hostigamiento digital contra congresistas de oposición, periodistas críticos e incluso antiguos aliados desencantados con Petro. El discurso de la “Paz Total” o la “Transición Energética” se diluía entre memes, ataques y hashtags diseñados para moldear la conversación digital.
Lo que en un inicio parecía un mecanismo innovador para acercarse a los jóvenes acabó percibiéndose como otra bodega, esta vez “progresista”, financiada con recursos públicos en medio de una crisis fiscal.
Los contratos en detalle: del Nerú show al “ejército digital”
Los números hablan:
- En 2022, el gasto en influenciadores apenas superaba los 56 millones de pesos.
- En 2023 se disparó a más de 707 millones.
- En 2024 la cifra trepó hasta 1.379 millones.
- En 2025, ya con procesos de renovación, se registran más de 193 millones adicionales.
Entre los nombres más visibles:
Celso Tete Crespo, comunicador social, con cerca de 280 millones en contratos desde 2023 en entidades como Min Ambiente y Prosperidad Social.
David Enrique Porras, con vínculos no solo con el petrismo sino también con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y propaganda a favor de Daniel Ortega en Nicaragua.
Germán López Álvarez, Fundador de la oreja roja con contratos por 67 millones en 2023 y 2024. Creo un grupo de WhatsApp llamado “alternativos por el cambio” desde donde actúa como jefe de prensa del gobierno sin tener un nombramiento legitimo para ejercer esa función y quien además actúa como mano derecha de Hollman Morris para el montaje de grandes fiestas con amigos invitados a eventos macro como los realizados en armenia, buenaventura, pasto y Bogotá, donde además contratan a grandes personajes como juan Carlos Monedero, por supuesto, pagados por el erario publico
Don Izquierdo, convertido en periodista digital de RTVC y con un historial de manejo de cuentas falsas en favor de Daniel Quintero.
Ralis, con 127 millones entre 2022 y 2024.
La Julieta, creadora de contenido en OnlyFans reconvertida en defensora digital de Petro, con 113 millones en contratos entre MinInterior y UNGRD.
Mientras tanto, otros gastos cuestionados —como el contrato del coreógrafo Nerú por 64 millones o el “Concierto de la Esperanza” por casi 4.000 millones— refuerzan la narrativa de una administración dispuesta a invertir en espectáculo y propaganda incluso en tiempos de estrechez fiscal.
Levy Rincón y Wally: la polémica de la propaganda oficial
Entre los nombres más controversiales dentro de la nómina digital del “Gobierno del Cambio” se encuentran Levy Rincón y Wally, dos influenciadores que han construido buena parte de su capital político y mediático a través de la sátira, la confrontación directa contra la derecha y el respaldo público a las narrativas del petrismo.
Ambos han sido señalados de recibir contratos y pagos por la promoción de programas gubernamentales, lo que en la práctica los ubica en una relación contractual con el Estado. Para críticos y opositores, este hecho desdibuja la independencia que se espera de voces de opinión, transformándolos en propagandistas oficiales más que en comunicadores alternativos.
Rincón y Wally representan el dilema de fondo de esta estrategia: ¿hasta qué punto un influencer que factura recursos públicos puede mantener credibilidad como fiscalizador o comunicador independiente? El riesgo, advierten analistas, es que la frontera entre periodismo, activismo y propaganda se borre peligrosamente.
Mientras sectores del petrismo los defienden como “voceros populares que contrarrestan la manipulación mediática de la derecha”, otros dentro del mismo movimiento admiten que su contratación erosiona la idea de un gobierno que llegó prometiendo transparencia y ruptura con las viejas prácticas de cooptación mediática.
En un país donde la desconfianza hacia los medios tradicionales es alta y las redes sociales son la nueva ágora, la permanencia de figuras como Levy Rincón y Wally con contratos estatales plantea un interrogante mayor: ¿son parte de la democratización del discurso público o un ejemplo más de cómo el poder termina cooptando a sus supuestos críticos?
Beneficio político: ¿sí existió?
Es innegable que durante los primeros dos años el Gobierno logró mantener una defensa digital robusta en redes sociales. Cada crítica a Petro encontraba inmediatamente un contraataque organizado con memes, hilos de Twitter y transmisiones en vivo. En momentos de movilización social, esa narrativa digital ayudó a contener el descontento y a reforzar el núcleo duro de seguidores.
En un país donde más del 70 % de los jóvenes consume información política a través de redes, la estrategia ofrecía resultados inmediatos: consolidar un ejército digital capaz de disputar la agenda a los medios tradicionales.
El costo: confianza erosionada y divisiones internas
El efecto colateral, sin embargo, fue letal. Al confiar en influencers pagos, Petro terminó desplazando a medios alternativos y periodistas independientes que lo apoyaron en campaña sin recibir nunca un contrato o respaldo económico. Muchos de ellos —revistas digitales, portales comunitarios, canales de YouTube con trayectoria— sienten hoy que fueron usados y descartados.
Además, algunos influencers aprovecharon su exposición para emprender carreras políticas propias. Varios ya adelantan precampañas locales o buscan candidaturas al Congreso en 2026, usando la visibilidad ganada como contratistas. En la práctica, repitieron el patrón de los políticos tradicionales: primero se beneficiaron del Estado y luego convirtieron esa plataforma en trampolín electoral.
De allí surge la sensación de “traición” en círculos cercanos al petrismo: los supuestos aliados digitales se convirtieron en “judas” modernos, replicando las lógicas de la vieja política que Petro prometió superar.
¿Buena o mala jugada?
El balance es ambiguo:
- Lo bueno: fortaleció la presencia digital del Gobierno y permitió disputar narrativas en un terreno clave para la opinión pública.
- Lo malo: transformó recursos estatales en propaganda partidista y debilitó la legitimidad de la comunicación oficial.
- Lo feo: abrió la puerta a contratos cuestionables, enriqueció a figuras sin experiencia técnica y fracturó el vínculo con medios alternativos que esperaban una relación más horizontal con el poder.
Lo que falta en el balance: ¿volverán a intentarlo?
El 2026 se acerca y la gran incógnita es si Petro —o su eventual candidato de continuidad— repetirá la fórmula. La respuesta parece obvia: sí, pero con ajustes. Las bodegas digitales demostraron ser eficaces a corto plazo, aunque con un alto costo reputacional. Difícilmente un proyecto político que aspira a retener el poder en redes sociales pueda prescindir de ellas.
La diferencia será cómo se financien y con qué nivel de transparencia. ¿Habrá contratos más profesionales y menos clientelistas, o simplemente nuevas renovaciones con los mismos nombres?
Los comunicadores tradicionales: entre el desencanto y la resistencia
Quizá el capítulo más doloroso para el progresismo sea el de los medios independientes. Portales comunitarios e independientes —aunque no todos apoyaron explícitamente a Petro, pero si a quienes lo representaban para llegar al congreso — representaban un periodismo crítico que el petrismo decía valorar. Sin embargo, esos espacios no recibieron apoyo, mientras los contratos estatales se dirigían a influencers con menos rigor y más capacidad de generar ruido.
El resultado: desencanto y distancia. Muchos comunicadores que apostaron por el cambio hoy observan con frustración cómo las “bodegas progresistas” engordan sus cuentas bancarias mientras ellos siguen trabajando con precariedad. La pregunta es si estarán dispuestos a respaldar de nuevo un proyecto político que, a la hora de distribuir recursos, prefirió a los “aparecidos digitales”.
Conclusión: el precio de un atajo
Tres años después, la apuesta de Petro por influencers y youtubers revela más sombras que luces. Sí, fortaleció el frente digital del Gobierno; pero al costo de erosionar la confianza, abrir espacio a oportunistas y reproducir las lógicas de clientelismo que prometía desterrar.
El experimento deja una lección para futuros gobiernos: no basta con cambiar de actores si las reglas del juego siguen siendo las mismas. El poder digital puede ser una herramienta democratizadora, pero cuando se usa para propaganda y contratos dudosos, solo refuerza la vieja política con nuevas máscaras.
