#BombazoenRedes. Meta vs. Esperanza Gómez: ¿una tutela que podría cambiar las reglas del juego en redes sociales?
GMTV Productora Internacional 
Redacción Libertad y Ajusticia
Meta, la gigante tecnológica detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp, acaba de perder una batalla judicial en Colombia frente a una actriz de cine para adultos: Esperanza Gómez. Sí, la misma mujer que muchos detractores intentan reducir a su pasado en la industria porno, pero que hoy se levanta como protagonista de un fallo que podría tener repercusiones históricas para artistas, influenciadores y cualquier persona que dependa de las redes sociales para existir (y facturar) en la era digital.
El caso es tan llamativo que parece sacado de un guion con giros inesperados: una empresa que vale más de 800.000 millones de dólares fue obligada por la Corte Constitucional colombiana a revisar cómo maneja la moderación de contenido. ¿La razón? Eliminar sin explicación una cuenta de Instagram con más de cinco millones de seguidores.
Meta se escudó, como siempre, en sus “normas comunitarias”, ese compendio de reglas difusas que cambian al ritmo de los algoritmos, y que en teoría protegen a los usuarios de la violencia, el odio y la explotación sexual. Pero en la práctica, muchas veces terminan castigando lo que no debería ser castigado: expresiones artísticas, discursos incómodos, opiniones políticas y, en este caso, la carrera legítima de una mujer que se desempeñó en un sector que a algunos aún les incomoda reconocer como trabajo.
La Corte entra al ring digital
El fallo liderado por la magistrada Natalia Ángel Cabo dejó un mensaje que Meta —y sus competidores— no podrán ignorar: internet no es tierra de nadie, y el carácter transnacional de estas plataformas no las exime de respetar los derechos fundamentales en Colombia.
La Corte fue tajante: si las redes deciden moderar contenido con base en actividades fuera de la plataforma (offline), deben dejarlo claro en sus normas comunitarias, ofrecer un debido proceso y aplicar reglas de manera coherente, no “discriminatoria o injustificada”. Traducido: no se vale castigar a alguien por lo que hizo en su vida privada o profesional fuera de Instagram o Facebook.
Además, recordó que cualquier restricción al discurso debe cumplir con el test tripartito de libertad de expresión:
– Legalidad.
– Necesidad.
– Proporcionalidad.
Un estándar que, en teoría, Meta debería tener tatuado en su ADN corporativo, pero que en la práctica parece ignorar cuando bloquea cuentas sin previo aviso.
La ironía de la censura digital
El punto más crítico de este fallo es que toca la llaga de la hipocresía digital: Meta vende la idea de que sus plataformas son espacios para “dar voz a los que no la tienen”, pero aplica un sistema de censura tan opaco que ni los expertos logran descifrar.
No es casualidad que artistas, activistas y periodistas en todo el mundo denuncien a diario que sus publicaciones son eliminadas o “sombreadas” (shadow banning) bajo criterios que nadie entiende. Mientras tanto, contenidos abiertamente violentos, xenófobos o misóginos logran sobrevivir gracias a vacíos en los algoritmos.
La pregunta que muchos se hacen es: ¿quién modera al moderador? En este caso, la Corte Constitucional colombiana se atrevió a hacerlo, y eso ya marca un precedente.
Más allá de Esperanza Gómez: el futuro de los influenciadores
Aquí no se trata únicamente de una actriz porno vs. Meta. El fallo toca fibras sensibles de un ecosistema que mueve millones de dólares al año: el de los influenciadores.
En Colombia, miles de creadores dependen de su presencia digital para generar ingresos. Desde un músico independiente que promociona su trabajo en Instagram, hasta un diseñador gráfico que vende cursos por Facebook o un comediante que monetiza con reels. Todos, absolutamente todos, están a merced de la guillotina algorítmica.
Si mañana Meta decide cerrar sus cuentas sin dar explicaciones, ¿qué les queda? Litigar durante años, mientras sus ingresos se evaporan. En ese contexto, la tutela de Esperanza Gómez no es una anécdota mediática, sino un campanazo: las plataformas deben rendir cuentas y ofrecer procesos claros, en español, con canales visibles para impugnar decisiones.
El doble filo para Meta
Aunque la Corte dio la razón a la actriz, también dejó en claro que las plataformas tienen derecho (y obligación) de prevenir actividades ilegales como la explotación sexual. Nadie cuestiona eso. Lo problemático es usar esa excusa para censurar carreras legítimas o contenidos que incomodan a ciertos sectores conservadores.
El fallo obliga a Meta a:
– Crear reglas claras y públicas de moderación.
– Establecer canales de notificación judicial en Colombia.
– Garantizar políticas en español.
– Unificar criterios en sus sitios web.
– Explicar los mecanismos de apelación para usuarios sancionados.
Medidas que, aunque parecen obvias, hoy no existen de manera consistente.
¿Libertad de expresión o negocio privado?
El trasfondo es aún más complejo. Meta no es un servicio público, pero en la práctica funciona como una plaza digital en la que ocurre buena parte de la vida social, política y económica de millones de personas. Entonces, ¿puede una empresa privada decidir qué voces se escuchan y cuáles no, sin rendir cuentas?
El fallo abre un debate que trasciende el caso colombiano: ¿deben los Estados regular las plataformas globales en defensa de la libertad de expresión? Para algunos, la respuesta es sí; para otros, el riesgo es caer en el extremo contrario: que los gobiernos terminen usando esa regulación para censurar críticas incómodas.
El “hecho consumado” y la paradoja final
La Corte reconoció que, en el caso de Esperanza Gómez, ya no había nada que hacer: su cuenta con más de cinco millones de seguidores está perdida. Declaró la “carencia de objeto por hecho consumado”. Es decir, ganó la batalla legal pero perdió la guerra digital.
Eso sí, abrió la puerta a que Gómez reclame una reparación y, lo más importante, obligó a Meta a cambiar sus reglas.
La paradoja es cruel: en redes sociales, donde cinco millones de seguidores equivalen a contratos, patrocinios y dinero real, una decisión arbitraria puede borrar años de trabajo en segundos. Y recuperar ese espacio no depende de la justicia, sino de los caprichos de un algoritmo.
Sarcasmo para cerrar
En resumen, Esperanza Gómez, con su pasado en la industria porno, terminó dándole una lección a una de las empresas más poderosas del planeta. Meta, que presume de defender la libertad de expresión global, tuvo que recibir un jalón de orejas de la Corte Constitucional de un país emergente que representa apenas una fracción mínima de sus usuarios.
Ironías de la era digital: un gigante tecnológico que sueña con construir un metaverso para que trabajemos, amemos y compremos dentro de sus plataformas, tuvo que ser obligado a reconocer algo básico: la libertad de expresión no es negociable.
Y así, entre lo sarcástico y lo serio, el caso deja una moraleja: las redes sociales no son gratis. El precio lo pagamos todos cuando dejamos que un algoritmo decida qué se puede decir y qué no.
