
Unidad Investigativa – GMTV Productora Internacional
En Colombia, la crisis del sistema de salud dejó de ser un asunto de hospitales colapsados y citas imposibles: es, cada vez más, una radiografía de la corrupción política. Mientras millones de usuarios padecen las consecuencias del desvío de recursos, las autoridades financieras rastrean cómo parte de los dineros de las EPS terminó en cuentas en paraísos fiscales. El eco de esa investigación golpea directamente al partido que más ha defendido el modelo de las EPS: Cambio Radical, la colectividad liderada por Germán Vargas Lleras y respaldada por el clan Char.
La paradoja es contundente: dirigentes señalados, investigados y en algunos casos procesados, no solo se mantienen en la arena política sino que proyectan nuevas candidaturas presidenciales y legislativas. El poder y la justicia en Colombia, otra vez, caminan por senderos separados.
Los dineros perdidos de la salud
Un informe de la Superintendencia Nacional de Salud reveló lo que muchos sospechaban: dinero girado a las EPS fue desviado hacia cuentas en paraísos fiscales, en lugar de invertirse en medicamentos, tratamientos y servicios hospitalarios. El exsuperintendente que destapó estas irregularidades explicó que no se trató de errores administrativos, sino de un esquema financiero planificado para vaciar al sistema de recursos públicos.
El partido Cambio Radical aparece en el centro del huracán. Durante más de una década, sus congresistas blindaron el modelo de EPS, bloqueando reformas profundas y favoreciendo normas que permitieron a estas entidades manejar billones de pesos con escaso control. Si bien los reportes no mencionan directamente a Vargas Lleras, el diseño político que él lideró sirvió de plataforma para que las EPS acumularan poder y capacidad de desviar recursos.
El rastro hacia paraísos fiscales se convierte así en símbolo de un sistema cooptado por intereses privados y políticos: la salud de millones convertida en cuentas ocultas en Panamá, Islas Vírgenes o Luxemburgo.
Cambio Radical: partido entre curules y expedientes
El caso de las EPS es apenas una pieza dentro de un mosaico más amplio. Cambio Radical ha sido el vehículo electoral de clanes políticos con antecedentes judiciales serios.
El clan Char, con su feudo en Barranquilla, arrastra procesos por compra de votos, denuncias por presunto lavado de activos a través de su banco Serfinanza y expedientes que lo vinculan con redes de narcotráfico en la Costa Caribe. Aun así, sus dirigentes continúan proyectándose como aspirantes a la presidencia y con una sólida bancada en el Congreso.
Otros congresistas de Cambio Radical han enfrentado cargos por corrupción, parapolítica y contratación irregular. La lista es larga y refuerza una idea incómoda: en este partido, la frontera entre política y criminalidad se ha vuelto difusa.
El episodio de las armas
En paralelo, un escándalo judicial destapó que ex escoltas de Germán Vargas Lleras y de la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez fueron implicados en una red de tráfico de armas. La estructura, integrada por policías corruptos, desviaba armamento hacia organizaciones criminales en Bogotá.
Aunque ni Vargas Lleras ni Ramírez aparecen formalmente en el expediente, el hecho de que hombres de confianza de sus esquemas de seguridad participaran en estas operaciones expuso un flanco crítico: los círculos de protección de la élite política pueden ser permeados con facilidad por redes criminales.
El episodio dejó al descubierto una pregunta que sigue abierta: ¿qué nivel de responsabilidad política existe cuando quienes deberían proteger a los líderes terminan facilitando armas al crimen organizado?
El círculo familiar: la Cámara de Comercio y el apellido Vargas
Los cuestionamientos no se limitan al ámbito nacional. El hermano de Germán Vargas Lleras ha sido señalado en investigaciones por malos manejos en la Cámara de Comercio de Bogotá y en distintas entidades estatales, tanto en el pasado como en gestiones recientes.
Estos casos evidencian que el apellido Vargas ha estado ligado no solo a la política sino también al control de instituciones estratégicas, con denuncias recurrentes de clientelismo y corrupción administrativa. El problema, sin embargo, ha sido la impunidad: investigaciones que se abren con fuerza, se diluyen en los tribunales y terminan en el archivo.
Un espejo de la narcopolítica
Los casos descritos —EPS y paraísos fiscales, clan Char, tráfico de armas, Cámara de Comercio— son fragmentos de un mismo fenómeno: la consolidación de un modelo de narcopolítica y corrupción estructural.
En este esquema, los recursos públicos se desvían, los clanes políticos se reciclan, las investigaciones judiciales se dilatan y las élites se presentan de nuevo como candidatos de salvación. Es una dinámica que recuerda a los clanes políticos en Centroamérica o México, donde el poder económico, el narcotráfico y la política forman un triángulo de hierro difícil de quebrar.
Conclusión
Mientras el país debate sobre reformas al sistema de salud o sobre el futuro electoral de 2026, la justicia sigue cargando expedientes que rara vez terminan en condena. Cambio Radical, con Vargas Lleras y el clan Char al frente, simboliza esa Colombia que convive con la corrupción como si fuera una tradición política.
Los dineros de la salud en paraísos fiscales, las armas desviadas desde círculos de seguridad política, los bancos bajo sospecha de lavado y las cámaras de comercio convertidas en botines son piezas de un rompecabezas que sigue incompleto. La gran incógnita es si, esta vez, el país podrá mirar de frente ese espejo incómodo o si, como tantas veces, el expediente se archivará y el ciclo se repetirá.