#JusticaSecuestrada. El ascenso de Carlos Camargo: redes de poder, sombras de corrupción y el eco de la narcopolítica
GMTV Productora Internacional 
Redacción Justicia y Política
La elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional no solo reconfiguró el mapa judicial colombiano; también desató una tormenta política que expuso las profundas grietas del sistema de selección de altos funcionarios en el país. Detrás de su nombramiento, se entrelazan clanes familiares, alianzas partidistas, maniobras legislativas y denuncias que apuntan a prácticas de clientelismo, corrupción y vínculos con sectores cuestionados por su cercanía a estructuras de narcopoder.
Una elección marcada por el ruido
El 3 de septiembre de 2025, el Senado colombiano eligió a Camargo como nuevo magistrado, en una votación que, lejos de ser técnica o meritocrática, estuvo marcada por tensiones políticas, presiones regionales y una intensa campaña de favores cruzados. El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza, calificando el proceso como un “retroceso” y denunciando que “quieren devolver la justicia al ‘duquismo’, al cartel de la toga y al clientelismo corrupto que anula su independencia”.
Camargo, exdefensor del Pueblo y exmagistrado del Consejo Electoral, ha sido una figura recurrente en los círculos de poder. Su trayectoria está marcada por una sólida formación académica, pero también por una red de conexiones familiares que lo vinculan con algunos de los clanes políticos más influyentes del país.
Clanes y alianzas: el poder detrás del poder
Nacido en Cereté, Córdoba, Camargo es primo del excandidato presidencial David Barguil, cuñado del senador Marcos Daniel Pineda, yerno de la exsenadora Nora García Burgos y primo de la esposa del actual gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Esta constelación de vínculos ha sido clave en su ascenso político, y también en la consolidación de apoyos para su candidatura a la Corte.
Según algunos medios de comunicación , la elección estuvo rodeada de “maniobras y traiciones”, con partidos tradicionales y líderes regionales operando en bloque para asegurar su nombramiento. La presión de clanes costeños y conservadores fue determinante, mientras que sectores del oficialismo denunciaron una “repartija” que buscaba frenar el avance del Gobierno del Cambio.
Las sombras del pasado
Pero más allá de las alianzas visibles, Camargo arrastra una serie de cuestionamientos que han sido ignorados por buena parte del Congreso. En 2019, cuando aspiraba a la Registraduría Nacional, una denuncia anónima lo acusó de usar la tarjeta corporativa de la Federación Nacional de Departamentos para gastos personales y de entregar contratos a personas cercanas a los altos tribunales. Aunque nunca se comprobó judicialmente, Camargo declinó su candidatura.
Más grave aún es la investigación que adelanta la Fiscalía por presunto espionaje interno en la Defensoría del Pueblo durante su gestión. El 30 de julio de 2025, el ente acusador ordenó una inspección a las oficinas principales de la entidad, buscando evidencia sobre el uso indebido de laboratorios forenses financiados con un crédito de US$18 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. La hipótesis: que se habrían utilizado para vigilar a funcionarios y sindicalistas críticos de su administración.
¿Narcopolítica en la Corte?
Aunque no existen pruebas directas que vinculen a Camargo con estructuras de narcotráfico, su cercanía con sectores políticos que han sido señalados por tener nexos con economías ilegales ha encendido las alarmas. En Córdoba, su departamento natal, el poder político ha estado históricamente entrelazado con redes de narcopoder, como lo han documentado investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación.
Además, su elección se dio en un contexto de creciente preocupación por la influencia de actores vinculados al narcotráfico en la justicia. La Corte Constitucional, que debe decidir sobre temas como la legalización de drogas, la paz total y la reforma penitenciaria, se convierte en un escenario estratégico para quienes buscan blindar sus intereses.
El silencio como estrategia
Durante su paso por la Defensoría del Pueblo, Camargo fue criticado por su silencio frente a violaciones de derechos humanos. En medio de las protestas de 2021, cuando jóvenes fueron asesinados por la fuerza pública, su voz brilló por su ausencia. “¿Recuerdan acaso que en medio de los crímenes contra los jóvenes, el defensor del Pueblo haya siquiera alzado la voz?”, cuestionó el presidente Petro.
Ese silencio, dicen sus críticos, no fue casual. Fue parte de una estrategia para no incomodar a los sectores que lo respaldaban, y que hoy celebran su llegada a uno de los tribunales más influyentes del país.
¿Y ahora qué?
Con Camargo en la Corte, el equilibrio interno se inclina hacia sectores más conservadores, en momentos en que se deben decidir reformas clave del Gobierno Petro. Su presencia representa un contrapeso frente a los magistrados cercanos al Ejecutivo, y anticipa una etapa de confrontación institucional.
Pero más allá de la coyuntura, su elección plantea una pregunta de fondo: ¿puede la justicia ser independiente cuando sus magistrados llegan por medio de alianzas políticas, favores cruzados y redes familiares?
La respuesta, como tantas otras en Colombia, está envuelta en la niebla de la incertidumbre. Lo que sí está claro es que el caso Camargo no es una excepción, sino un síntoma de un sistema que necesita una reforma profunda. Una reforma que garantice que quienes imparten justicia no estén atados a los intereses de quienes deberían ser juzgados.
