#ElCinismoDeTrump: Extradición Colombia–EE. UU.: una historia de cooperación judicial marcada por el narcotráfico y la geopolítica. Primera Entrega
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La extradición, en su definición más básica, es un mecanismo de cooperación judicial entre Estados: un país entrega a otro a una persona acusada o condenada por delitos cometidos en el territorio del país solicitante. Pero en la práctica, este instrumento legal rara vez se limita a lo técnico. En contextos de desigualdad política, intereses estratégicos y presiones diplomáticas, la extradición se convierte en una herramienta de poder. El caso de Colombia y Estados Unidos es uno de los ejemplos más reveladores de cómo una figura jurídica puede transformarse en un campo de batalla político.
Un tratado que cambió el juego
La actual relación extradiccional entre Colombia y Estados Unidos se formalizó en 1979, cuando ambos países firmaron un tratado que reemplazó acuerdos del siglo XIX. Este nuevo marco legal introdujo una cláusula decisiva: la posibilidad de extraditar por delitos relacionados con el narcotráfico. Hasta entonces, la extradición de ciudadanos colombianos era un tema tabú, con profundas raíces en el nacionalismo jurídico y la defensa de la soberanía.
La modificación no fue casual. En los años 70 y 80, Colombia se convirtió en el epicentro de la producción y exportación de cocaína. La demanda en Estados Unidos creció exponencialmente, y los carteles colombianos —especialmente los de Medellín y Cali— adquirieron un poder económico y político capaz de influir en la institucionalidad del país. Frente a esta amenaza transnacional, Washington buscó herramientas legales para procesar en su territorio a quienes consideraba responsables de inundar sus calles con droga.
Soberanía vs. cooperación
La firma del tratado de 1979 abrió un debate profundo en Colombia. ¿Era legítimo entregar a ciudadanos nacionales para que fueran juzgados bajo un sistema penal extranjero, con penas más severas y procedimientos distintos? ¿Se trataba de una cooperación justa o de una cesión de soberanía?
El principio de “dual criminality” —que exige que el delito esté tipificado en ambos países— fue incluido como salvaguarda. Pero no resolvía el dilema político. En Colombia, la extradición se convirtió en un símbolo de subordinación ante Estados Unidos, y en muchos sectores se percibía como una imposición más que como una alianza.
La era de los carteles y la consigna de la tumba
Durante los años 80 y principios de los 90, la extradición dejó de ser un debate jurídico y se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Para los capos del narcotráfico, ser extraditado a Estados Unidos equivalía a perder el control, el poder y la posibilidad de negociar. Fue entonces cuando surgió la consigna que marcaría una época: “Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”.
La violencia desatada por los carteles en respuesta a los intentos de extradición fue brutal. Asesinatos de jueces, fiscales, policías y políticos se convirtieron en parte del paisaje del conflicto. La Corte Suprema fue blanco de ataques, y el país vivió una de sus etapas más oscuras. La extradición, lejos de ser una herramienta técnica, se convirtió en un detonante de terror.
Instrumento jurídico, arma diplomática
El tratado de 1979 no solo permitió la extradición por narcotráfico. También abrió la puerta a una articulación más amplia entre justicia penal y cooperación internacional. Estados Unidos desarrolló mecanismos como el “asset forfeiture”, que permite confiscar bienes relacionados con el crimen organizado, incluso fuera de su territorio. Esta herramienta, junto con la extradición, consolidó una arquitectura legal que favorecía la persecución de redes criminales con impacto en suelo estadounidense.
Pero esta arquitectura también generó inquietudes. ¿Quién se beneficia realmente de la extradición? ¿Es un mecanismo de justicia global o una forma de aplicar castigos que en el país de origen serían imposibles? En Colombia, estas preguntas alimentaron la crítica de sectores académicos, políticos y sociales que veían en la extradición una expresión de las asimetrías de poder entre los dos países.
Extradición como gesto político
A lo largo de las décadas, la extradición ha funcionado como un mecanismo selectivo. Los gobiernos colombianos han gestionado extradiciones de grandes capos en momentos estratégicos, como demostración de compromiso con Washington. Pero también han frenado procesos cuando el clima político lo exigía.
La extradición se convirtió así en un gesto diplomático, una moneda de cambio en la relación bilateral. En algunos casos, fue usada para reforzar la cooperación militar o financiera; en otros, para calmar tensiones tras escándalos o desacuerdos. La figura jurídica se mantuvo, pero su aplicación fue moldeada por consideraciones políticas.
El contexto internacional: cocaína, cooperación y tensiones
En 2023, Colombia registró más de 250.000 hectáreas de cultivos de coca, la cifra más alta en una década. Según la ONU, la producción potencial de cocaína alcanzó niveles históricos. Estados Unidos reaccionó con preocupación, y en 2025, bajo la administración Trump, decidió descertificar a Colombia en la lucha antidrogas.
Uno de los factores que pesó en esa decisión fue la negativa del gobierno colombiano a extraditar a cabecillas de grupos armados ilegales. La política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro, que incluye negociaciones con actores criminales, fue vista por Washington como una señal de debilidad institucional.
La descertificación no implicó la ruptura de la cooperación, pero sí marcó un punto de inflexión. Estados Unidos exigió medidas más agresivas para erradicar la coca, reducir la producción y extraditar a los líderes de las organizaciones criminales. La extradición volvió al centro del debate, esta vez como condición para mantener la ayuda internacional.
Balance preliminar
La historia de la extradición entre Colombia y Estados Unidos es la historia de una tensión permanente entre justicia y política. Nació como una herramienta jurídica para enfrentar el narcotráfico, pero se desarrolló en un escenario de desigualdad, violencia y presión diplomática.
Hoy, más de cuatro décadas después de la firma del tratado de 1979, la extradición sigue siendo un tema sensible. Las preguntas sobre soberanía, eficacia y legitimidad no han desaparecido. Y en un contexto de crisis antidrogas, cooperación condicionada y nuevas formas de criminalidad, el debate está lejos de cerrarse.
Mañana, Segunda Entrega: En la práctica
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