#UribeCulpable. Seguridad para Álvaro Uribe: ¿Privilegio legal o contradicción constitucional?
GMTV Productora Internacional 
Redacción Política y Justicia
Bogotá, Colombia – septiembre 18 de 2025.- En un país donde el presupuesto público enfrenta tensiones crecientes, el despliegue de más de 300 escoltas y policías para proteger al expresidente Álvaro Uribe Vélez y su familia ha encendido un debate nacional e internacional. ¿Por qué el Estado colombiano está obligado a garantizar seguridad a un hombre condenado en primera instancia por soborno y fraude procesal? ¿Es legal este gasto multimillonario? ¿Contradice los principios de equidad y justicia consagrados en la Constitución?
El blindaje legal: ¿Qué dice la ley?
El Decreto 1069 de 2018 establece que los expresidentes y exvicepresidentes de Colombia tienen derecho a un esquema de protección vitalicio, conformado por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Este esquema incluye escoltas, vehículos blindados, armamento, medios de comunicación y bonificaciones especiales para el personal asignado.
La norma no distingue entre expresidentes con antecedentes judiciales y aquellos sin ellos. Tampoco contempla excepciones por condenas en primera instancia, como la que enfrenta Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal. Mientras la sentencia no esté en firme, el exmandatario conserva sus derechos políticos y civiles, incluyendo el de aspirar nuevamente al Senado en 2026.
¿Legal pero legítimo?
Desde el punto de vista jurídico, el esquema de seguridad es legal. Pero la legitimidad es otra historia. Álvaro Uribe es el primer expresidente colombiano condenado en primera instancia por delitos graves relacionados con la obstrucción de la justicia. Aunque apeló la decisión y se encuentra en libertad por orden del Tribunal Superior de Bogotá, su situación judicial sigue siendo incierta.
El Ministerio de Defensa ha defendido el esquema de seguridad alegando que “todos los expresidentes están amenazados” y que “combatieron la criminalidad”. Sin embargo, esta justificación se tambalea cuando se observa que Uribe utiliza estos desplazamientos para atacar abiertamente al gobierno de Gustavo Petro, incitar a la desobediencia institucional y promover alianzas opositoras que buscan bloquear reformas clave.
¿Cuánto cuesta proteger a Uribe?
Aunque el número exacto de escoltas asignados a Uribe no ha sido confirmado oficialmente, fuentes cercanas a la UNP y reportes de prensa estiman que supera los 300 agentes entre escoltas, conductores y personal logístico. Este despliegue representa un gasto multimillonario en salarios, vehículos, combustible, armamento y logística.
En un país donde millones de ciudadanos viven bajo amenaza sin protección estatal, el contraste es brutal. Víctimas de violencia, líderes sociales y periodistas enfrentan el peligro sin escoltas, mientras el Estado destina recursos extraordinarios a proteger a un político que enfrenta cargos judiciales y polariza el discurso público.
¿Quién decide y hasta cuándo?
La asignación de escoltas depende de estudios de riesgo elaborados por la Policía Nacional y la UNP. Estos estudios se actualizan anualmente o cuando hay hechos nuevos que alteran el nivel de amenaza. En el caso de Uribe, su alto perfil político, las amenazas recibidas y su rol como líder de la oposición justifican, según el Estado, un esquema robusto.
Sin embargo, no existe un mecanismo claro para suspender o reducir el esquema en caso de condena firme. Si Uribe regresa a prisión domiciliaria, como lo ordenó inicialmente la jueza Sandra Heredia, el Ministerio de Defensa deberá reevaluar el protocolo. Pero mientras la apelación esté en curso, el blindaje continúa.
¿Contradicción constitucional?
La Constitución colombiana consagra el principio de igualdad ante la ley. El artículo 13 establece que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley” y que “el Estado garantizará condiciones para que la igualdad sea real y efectiva”. ¿Cómo se concilia este principio con el privilegio de seguridad vitalicia para expresidentes, incluso condenados?
Además, el artículo 6 señala que “los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes”. Si un ciudadano común enfrenta cargos judiciales, pierde beneficios estatales. Pero Uribe, pese a su condena, conserva escoltas, movilidad oficial y acceso a recursos públicos.
¿Un gasto que el país no merece?
La indignación ciudadana crece. En redes sociales, líderes de opinión, juristas y ciudadanos cuestionan el gasto público destinado a proteger a un hombre que, según la jueza Heredia, “comprometió el funcionamiento del sistema judicial”. La percepción de impunidad y privilegio erosiona la confianza en las instituciones.
Mientras tanto, Uribe recorre el país con escoltas, policías y caravanas blindadas, promoviendo una narrativa de confrontación y deslegitimación del gobierno Petro. Su discurso, lejos de buscar reconciliación, alimenta la polarización y el desgaste institucional.
¿Qué sigue?
La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si confirma o revoca la condena contra Uribe. Si la sentencia queda en firme, el Estado podría verse obligado a revisar su esquema de seguridad. Pero hasta entonces, el blindaje continúa, legal pero cuestionado.
La pregunta de fondo no es solo jurídica, sino ética: ¿Debe el Estado proteger con recursos públicos a quien ha sido condenado por obstruir la justicia? ¿Dónde trazamos la línea entre legalidad y legitimidad?
En un país que busca sanar sus heridas, la seguridad de Álvaro Uribe Vélez se convierte en símbolo de una democracia que aún lucha por equilibrar justicia, poder y memoria.
