#WashingtonContraPetro. ¿Quién quiere tumbar a Petro desde Washington?
GMTV Productora Internacional 
Por Gustavo Melo Barrera – GMTV Productora Internacional
Washington no duerme. Y menos cuando en Bogotá gobierna un presidente que no se arrodilla. En los pasillos del Capitolio, entre memorandos diplomáticos y reuniones discretas con figuras de la oposición colombiana, se cocina una ofensiva que va más allá de la descertificación antidrogas: es una campaña de deslegitimación, presión y aislamiento contra Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia reciente de Colombia.
El nuevo capítulo de una vieja injerencia
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos ha entrado en una espiral de tensión. La revocatoria de la visa presidencial a Petro, tras su participación en una manifestación contra la guerra en Gaza, fue solo el último de los golpes. Le siguieron choques por la política migratoria, el despliegue militar en el Caribe y, más recientemente, la descertificación de Colombia como socio en la lucha antidrogas.
Pero el tono cambió radicalmente cuando Marco Rubio, secretario de Estado y figura clave del trumpismo internacional, acusó a Petro de ser un “líder errático” y “poco confiable” en la lucha contra los carteles. Rubio no solo responsabilizó al presidente colombiano por el aumento en los cultivos ilícitos, sino que insinuó que Colombia, bajo su liderazgo, ha dejado de ser un aliado estratégico.
Petro respondió con contundencia: “No voy a arrodillar a la nación ni permitir que se golpee a los campesinos. No somos cipayos, no somos súbditos”. En su mensaje, acusó a Washington de querer imponer un presidente títere y de participar activamente en la política interna colombiana.
Reuniones en la sombra y guiños a la oposición.
Mientras se intensifican los cruces públicos, detrás del telón diplomático se multiplican las reuniones entre funcionarios estadounidenses y figuras de la oposición colombiana. Fuentes cercanas al Congreso han confirmado encuentros entre asesores republicanos y miembros del Centro Democrático, así como con exfuncionarios del gobierno Duque. El objetivo: construir una narrativa de “aislamiento internacional” y “fracaso en seguridad” que debilite la legitimidad del gobierno Petro.
La carta enviada por 17 congresistas demócratas, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib, rechazando el respaldo de Rubio a Álvaro Uribe y defendiendo la independencia judicial colombiana, revela que el conflicto no es solo bilateral, sino también interno en la política estadounidense.
“Que el secretario de Estado utilice su cargo para amplificar una narrativa falsa sobre el sistema judicial en Colombia no solo socava el respeto por el Estado de derecho, sino que también disminuye la credibilidad de Estados Unidos”, señala el documento.
¿Una guerra por la coca o por el poder?
La descertificación de Colombia en materia de lucha antidrogas ha sido presentada como una medida técnica. Pero en realidad, es profundamente política. Petro ha insistido en que el problema del narcotráfico no se origina en Colombia, sino en el consumo desbordado de cocaína y fentanilo en Estados Unidos. “EE.UU. está descertificado por no reducir el consumo. Esa es la principal causa del narcotráfico”, afirmó.
Expertos como la analista internacional Laura Gil y el exembajador Pacho Santos coinciden en que la estrategia antidrogas está en crisis. “La guerra contra las drogas ha fracasado. Lo que vemos ahora es una disputa por el modelo: erradicación forzada y militarización versus sustitución voluntaria y desarrollo rural”, señala Gil.
Pero hay otro ángulo menos visible: el impacto económico. En los últimos tres años, la política de contención del narcotráfico desde Colombia ha generado un efecto bumerán en la economía estadounidense. La reducción en la oferta de cocaína ha disparado los precios en el mercado ilegal, afectando redes de distribución, lavado de activos y hasta sectores financieros que se benefician indirectamente del flujo de dinero sucio.
¿Quién gana con la caída de Petro?
La pregunta que titula esta columna no es retórica. ¿Quién quiere tumbar a Petro desde Washington? La respuesta no es un nombre, sino una constelación de intereses: el complejo militar-industrial que ve en Colombia una base estratégica; los sectores financieros que pierden con la transparencia fiscal; los republicanos que necesitan un enemigo externo para cohesionar su narrativa; y los aliados del uribismo que sueñan con el regreso de un gobierno afín.
Pero también hay una resistencia. Desde sectores progresistas en Estados Unidos, desde movimientos sociales en Colombia, desde comunidades campesinas que han sido históricamente víctimas de la guerra antidrogas. La defensa de la soberanía no es solo una consigna: es una urgencia democrática.
Epílogo: diplomacia en tiempos de fuego cruzado
La crónica diplomática de estos meses revela un patrón: presión, desinformación, aislamiento. Pero también revela una paradoja. Mientras Washington endurece su postura, Petro se convierte en símbolo de una nueva narrativa latinoamericana: soberanía, justicia social y transición energética.
La historia aún no está escrita. Pero si algo queda claro, es que la relación entre Colombia y Estados Unidos ya no se define por subordinación, sino por conflicto de modelos. Y en ese conflicto, tumbar a Petro no es solo tumbar a un presidente: es tumbar una visión alternativa de país.
Adenda: Petro y Trump en la trampa de la justicia desde la oposición
Mientras Gustavo Petro enfrenta una ofensiva judicial desde las altas cortes, la Procuraduría y sectores del Congreso colombiano que buscan inhabilitarlo políticamente, Donald Trump lidia con una avalancha de demandas, testimonios y presiones legislativas que podrían llevarlo a prisión. Ambos líderes, desde trincheras ideológicas opuestas, comparten una paradoja: son perseguidos por estructuras que dicen defender la institucionalidad, pero que operan como brazos políticos de la oposición.
En Colombia, la narrativa de “dictador encubierto” ha sido amplificada por medios afines al uribismo, mientras se reactivan procesos en la Corte Suprema y se promueven sanciones desde la Procuraduría, a pesar de los fallos internacionales que cuestionan su legitimidad.
En EE.UU., congresistas como Jamie Raskin y Alexandria Ocasio-Cortez han exigido que Trump responda por sus vínculos con redes de financiamiento ilegal y pactos turbios con empresarios rusos y saudíes.
Ambos casos revelan una justicia atrapada entre la legalidad y la revancha. Y aunque sus estilos son opuestos, Petro y Trump encarnan el dilema contemporáneo: ¿puede la justicia ser imparcial cuando se convierte en herramienta de guerra política?
