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Redacción Política Internacional
En un nuevo capítulo de tensión entre Washington y Bogotá, el gobierno de Estados Unidos degradó la calificación de Colombia en su informe anual sobre trata de personas, citando un “incumplimiento significativo” en sus obligaciones. La decisión, más allá de sus efectos técnicos, pone en evidencia una batalla diplomática cada vez más abierta entre el mandatario colombiano Gustavo Petro y la Administración Trump, cuyo impacto podría redefinir el mapa de la cooperación bilateral, el peso de los actores globales en la región y el rumbo de la lucha antidrogas en América Latina.
Un palazo simbólico con raíces profundas
Aunque la sanción formal —la degradación del estatus de Colombia— es un acto técnico, su selección como blanco tiene una carga política inevitable. Desde sectores oficiales en Bogotá, se interpreta como un castigo por la estrategia de Petro de abandonar las políticas tradicionales de erradicación forzada de cultivos ilícitos, en favor de programas de sustitución voluntaria y desarrollo rural.
Para muchos analistas, es difícil separar este gesto de las crecientes tensiones entre ambos gobiernos. “Aunque el proceso de certificación se basa en criterios técnicos, la decisión final la toma el presidente estadounidense y suele estar teñida de motivaciones diplomáticas”, dice Elizabeth Dickinson, de International Crisis Group.
La degradación llega en un momento emblemático: Colombia fue catalogada recientemente por Washington como un país que “no coopera” en la guerra antidrogas, algo que no ocurría desde hace casi tres décadas.
Este señalamiento agrava una ruptura que ya latía desde hace meses.
Algunos observadores apuntan que el movimiento forma parte de una campaña de presión más amplia: un mensaje de advertencia de que Bogotá no puede permitirse ignorar los intereses estadounidenses en esta nueva etapa del gobierno Petro.
La “guerra Trump – Petro”: entre fraudes simbólicos y tiras y aflojes
Para dimensionar el choque diplomático, conviene contextualizarlo en la “guerra” simbólica entre Trump y Petro, que ha escalado más allá del discurso:
En enero de 2025, Petro se negó a permitir que aviones militares estadounidenses transportando deportados colombianos aterrizaran en suelo nacional, señalando que su uso y las esposas eran humillantes. Trump respondió lanzando amenazas arancelarias de hasta 50 % y sanciones a funcionarios colombianos.
En el ambiente ya fracturado, Estados Unidos revocó la visa presidencial de Petro tras sus críticas públicas al mando militar del país norteamericano.
El pulso no es unidireccional. Desde Colombia, funcionarios han advertido que una retirada de cooperación afectaría tanto al Estado como al aparato antinarcóticos de EE. UU., al limitar el flujo de inteligencia, operaciones conjuntas y apoyo logístico.
Para expertos en política exterior y diplomacia, este estilo de enfrentamiento marca una ruptura en la tradicional relación colombiana con Washington: una relación que solía privilegiar la discreción diplomática por encima de colisiones públicas.
“El episodio revela la urgente necesidad de Bogotá de diversificar alianzas y desprenderse de una política exterior demasiado ligada a EE. UU.,” advierte un analista citado por Al Jazeera.
Pero como matiza otro, eso exige una hoja de ruta madura, que no parece aún definida.
Consecuencias impredecibles en el tablero bilateral
La degradación de la calificación puede desencadenar efectos concretos más allá del simbolismo:
Corte de fondos condicionados
Si EE. UU. decide suspender o reducir programas de asistencia en seguridad, desarrollo rural o cooperación técnica, Colombia podría perder recursos críticos para su estrategia rural y de lucha contra el crimen territorial.
Restricciones comerciales o sanciones
Aunque aún no se han anunciado aranceles inmediatos, la amenaza persiste. El espectro de represalias puede alentar una revisión estratégica en la política comercial de Bogotá.
Afectación de la confianza inversora
Al debilitar la imagen de estabilidad institucional y alianza con EE. UU., puede erosionarse la percepción de riesgo país en los mercados internacionales.
Reconfiguración de operaciones conjuntas
Operaciones antinarcóticos, vigilancia transnacional, intercambio de inteligencia y vuelos de interdicción podrían verse afectados o condicionados a nuevas cláusulas diplomáticas.
Bilateralismo con condiciones
Estados Unidos podría reasignar su cooperación hacia modelos más selectivos o condicionales, privilegiando gobiernos que alineen políticas más agresivas contra los narcóticos.
La tensión, entonces, no es una afrenta pasajera: sienta precedentes sobre el lenguaje con el que EE. UU. exigirá cumplimiento doctrinal en la región.
BRICS, China, y actores que acechan
Mientras Estados Unidos endurece su postura, surgen espacios para que otras potencias ganen terreno en América Latina. El bloque BRICS —Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica— junto con naciones emergentes, observa la crisis como una ventana para proyectar influencia.
BRICS y expansión latinoamericana
Analistas advierten que la bloc busca expandirse hacia América Latina como contrapeso geoeconómico a Occidente. Varios países de la región han manifestado interés en integrarse o estrechar vínculos con el bloque.
Colombia, por su peso geoestratégico y recursos, aparece recurrentemente en debates analíticos como posible objetivo de aproximación.
China entre bambalinas
Beijing ofrece financiamiento, infraestructura y acuerdos comerciales sin condicionalidades políticas estrictas, lo que resulta seductor ante embates diplomáticos de EE. UU. Por su parte, Rusia e India pueden ofrecer alternativas de cooperación en energía, tecnología y mercados.
Estados del sur y Centroamérica
Gobiernos vecinos sin tradición de dependencia directa con EE. UU. podrían estrechar alianzas con Colombia, formando ejes subregionales de autonomía estratégica.
De prosperar una estrategia de “no alineamiento”, Colombia podría emerger como un pivote regional cuya preferencia de socios dependerá menos del vértice Washington–Bogotá y más de mecanismos multipolares.
¿Castigo por la contundencia antidrogas?
Una narrativa circula con fuerza en círculos oficiales colombianos: ¿será esta una represalia por los avances contundentes del país en decomisos, captura de capos y destrucción de laboratorios?
Si bien es cierto que las cifras de incautaciones y golpes operativos de las fuerzas de seguridad colombianas han sido más elevadas que en otros momentos recientes, esa explicación carece de evidencia concluyente:
En 2023, Colombia cultivó 253.000 hectáreas de coca, cifra récord, mientras los programas de erradicación manual del gobierno de Petro han sido notablemente más bajos que en administraciones previas.
Los críticos del gobierno argumentan que los operativos cuantitativos no compensan una estrategia global: monitoreo, control territorial, desmantelamiento de redes logísticas —áreas en las que EE. UU. considera que Colombia ha retrocedido.
Expertos en cooperación antinarcóticos —como los del Atlantic Council— reclaman que la alianza debe equilibrar medidas de intervención con inversión en desarrollo rural, modernización institucional y fortalecimiento de comunidades vulnerables.
Por estas razones, muchos analistas descartan que la degradación sea una represalia directa por resultados operativos. Más bien, es un castigo por desviarse del guion antidrogas que EE. UU. esperaba ver del gobierno colombiano.
¿Qué caminos definirán el futuro de la cooperación?
El rumbo de la relación bilateral dependerá de decisiones estratégicas en Bogotá y Washington. Entre los posibles escenarios:
Reorientación táctica colombiana
Petro, para suavizar el pulso, podría volver a endurecer ciertos aspectos de la política antidrogas o mostrar señales diplomáticas de alineamiento. Sin embargo, ese viraje podría ser percibido como traición por su base política.
Negociación de “acuerdo híbrido”
Colombia y EE. UU. podrían retomar un pacto de cooperación con cláusulas más explícitas de monitoreo mutuo, con compromisos verificables sobre cultivos, inteligencia y financiamiento.
Relanzamiento estratégico hacia multipolaridad
Si Bogotá reafirma un rumbo más autónomo, podría enfatizar acuerdos con China, BRICS, la Unión Europea o incluso alianzas regionales, amortiguando la dependencia tradicional de Washington.
Ajustes institucionales de credibilidad
Para recuperar confianza, Colombia puede reforzar mecanismos de transparencia, fortalecer agencias encargadas de derechos humanos, optimizar inteligencia y certificar resultados.
Resistencia estadounidense selectiva
En Washington, legisladores y agencias pueden resistir una suspensión masiva de ayuda si perciben que socava la lucha contra el narcotráfico que también impacta la seguridad de EE. UU.
El escenario más probable es uno de negociación disciplinada: un tira y afloja diplomático que obligue a Bogotá a ceder en puntos estratégicos sin capitular su modelo de soberanía.
Un pasaje de inflexión para Colombia
La degradación de la calificación de Colombia por parte de Estados Unidos no es un simple acto propagandístico, sino la manifestación explícita del estado de tensión entre dos gobiernos con visiones divergentes. Más allá de los términos técnicos, el episodio da cuenta de un contencioso más profundo: quién define las reglas de la cooperación, cómo se ejerce la soberanía en un país afectado por fenómenos transnacionales y qué modelos globales pujarán por el liderazgo en América Latina.
En los próximos meses, Colombia deberá decidir si transita hacia una diplomacia con resguardos o si regresa parcialmente al guion tradicional, cediendo para preservar los instrumentos de cooperación. En ese intersticio, actores como China, Rusia, los BRICS y naciones vecinas podrían tejer nuevos lazos con Bogotá, anticipando un relevo en la influencia que Washington ha detentado por décadas. Lo que está en juego no es solo el destino de la política antidrogas, sino el lugar que Colombia ambiciona ocupar en un mundo multipolar creciente.