Clanes, contratos y narcopolítica: así se gobierna en las regiones de Colombia
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Investigación Exclusiva – GMTV Productora Internacional
Prólogo
En Colombia, la corrupción no es solo un fenómeno administrativo: es una forma de gobierno incrustada en la geografía política. Desde los contratos amañados hasta las alianzas con grupos ilegales y el narcotráfico, muchos de los departamentos más ricos en recursos naturales y estratégicos en seguridad han terminado capturados por clanes políticos que se reciclan elección tras elección.
Los escándalos no se cuentan por decenas, sino por generaciones: familias que han hecho de las gobernaciones y alcaldías un patrimonio privado, caciques que negocian con partidos nacionales su cuota de poder, y estructuras criminales que encuentran en estas redes la llave para lavar dinero, asegurar rutas y blindarse frente a la justicia.
Mientras el gobierno nacional intenta marcar distancia con discursos anticorrupción y promesas de “cambio”, en las regiones la realidad es otra: contratos multimillonarios bajo sospecha, investigaciones judiciales que se estancan, disputas abiertas con la Casa de Nariño y, al fondo, un país que se prepara para nuevas elecciones en las que los mismos apellidos buscan perpetuarse.
Esta serie periodística de cinco entregas hace una radiografía de esa Colombia profunda donde se cruzan la política, la ilegalidad y el poder económico. Comenzaremos en los Llanos Orientales —del Meta al Amazonas—, territorio que concentra riqueza petrolera, ganadera y ambiental, pero también algunas de las denuncias más graves de corrupción y nexos con grupos armados.
Más que un inventario de escándalos, buscamos entender: ¿quiénes gobiernan realmente en estas regiones?, ¿qué tan cerca están de las economías ilegales?, ¿cómo se enfrentan —o negocian— con el gobierno central?, ¿y de qué manera preparan su maquinaria electoral para el próximo ciclo político?
La respuesta, como veremos, es la misma que se repite de oriente a occidente: en Colombia, la corrupción tiene nombre propio, apellido y herencia.
Entrega 1 — Llanos y Amazonía: cuando la corrupción cabalga más rápido que los hatos
La geografía de los Llanos y la Amazonía colombiana —esa que se abre desde el piedemonte del Meta hasta las selvas profundas del Amazonas— se conoce en los mapas escolares por su inmensidad y riqueza natural. Ganadería, hidrocarburos, agua y selva. Pero en el tablero político se le reconoce por otra característica: la captura del Estado regional por clanes familiares, contratistas y redes de poder que han hecho de la corrupción un sistema de gobierno.
En este primer capítulo de la serie, nos detenemos en el Meta y sus vecinos (Casanare, Arauca, Vichada, Guaviare, Vaupés y Amazonas), para dibujar la radiografía de un fenómeno que combina clientelismo, nexos con economías ilegales, tensiones con el gobierno central y estrategias calculadas de los clanes para perpetuarse en el poder en las elecciones de 2026.
1. El Meta: corazón político y caja de resonancia
El Meta no es solo la “puerta de los Llanos”. Es también el laboratorio donde se ensayan —y se perfeccionan— las formas de corrupción regional. Con Villavicencio como centro de poder administrativo y económico, el departamento ha vivido décadas de disputas entre clanes familiares y grupos empresariales que controlan la contratación pública, en especial en los sectores de infraestructura vial, salud y regalías petroleras.
El nombre del exgobernador Alan Jara es recordado tanto por su secuestro a manos de las FARC como por los cuestionamientos alrededor de la gestión de regalías en su administración. Más recientemente, los apellidos ligados al poder local —como los López, los Jiménez y los Baquero— han estado en titulares por contratos inflados y procesos de investigación en la Procuraduría y la Contraloría.
“Lo que ocurre en el Meta es un espejo de lo que pasa en toda la Orinoquía”, explica un analista político local. “Los contratos viales se convierten en la moneda de cambio: alcaldes, diputados y gobernadores reparten tajadas para asegurar mayorías y comprar apoyos. Así se gobierna aquí”.
2. Casanare: el laboratorio de las regalías
Si el Meta es la caja de resonancia, Casanare es el ejemplo de libro. La bonanza petrolera convirtió a Yopal y a los municipios aledaños en centros de millonarios ingresos, pero la corrupción se llevó la mejor parte. Exgobernadores como Raúl Flórez y otros dirigentes fueron procesados por peculado, contratos ficticios y desvío de regalías.
A pesar de los escándalos, los clanes sobreviven: cambian de siglas partidarias, pero mantienen el mismo control sobre juntas de acción comunal, concejos municipales y empresas de contratación. Hoy, buena parte de la política casanareña se mueve entre viejos liderazgos reciclados y caras nuevas que, en realidad, responden a las mismas estructuras.
3. Arauca: frontera, contrabando y coca
Arauca vive en la frontera difusa entre política y conflicto. Con el ELN y disidencias de las FARC disputando el control del territorio, el contrabando de gasolina, carne y ganado hacia Venezuela es parte del engranaje económico. Varios informes han señalado que esa economía ilegal también permea campañas y administraciones locales.
Los gobernadores de Arauca han estado en la mira por contratos de alimentación escolar y de infraestructura. En paralelo, los grupos armados usan su poder para presionar contratistas y alcaldes. El resultado es un Estado fragmentado: parte manejado desde despachos oficiales, parte administrado a punta de fusil.
4. Guaviare: la selva como escenario de negocio
En el Guaviare, la corrupción tiene un rostro más discreto, pero igual de letal. Los contratos de obras públicas y las licencias ambientales son la moneda con que se negocian favores políticos. El departamento, además, es un corredor estratégico del narcotráfico: ríos y trochas que conectan con la Amazonía sirven de autopista para el tránsito de cocaína hacia Brasil.
Varios alcaldes del Guaviare han sido señalados de desviar recursos de programas sociales hacia campañas políticas. La Procuraduría ha sancionado repetidamente funcionarios locales, aunque con poca repercusión en la dinámica electoral.
5. Vichada: la periferia capturada
Con apenas 120.000 habitantes, el Vichada es un gigante en tierra y un enano en institucionalidad. La falta de Estado es aprovechada por clanes familiares que, elección tras elección, controlan la gobernación y los concejos municipales.
El contrato de alimentación escolar es uno de los más polémicos: denuncias han mostrado que niños en zonas rurales reciben raciones incompletas o de pésima calidad, mientras los contratos suman millones. En Vichada, la corrupción se siente directamente en los platos vacíos de los colegios.
6. Vaupés y Amazonas: selva profunda, control opaco
En estos dos departamentos, la corrupción se esconde bajo el manto de la lejanía. La contratación se concentra en manos de unas pocas empresas que giran alrededor de gobernadores y diputados. El control es mínimo y la prensa regional, débil o cooptada.
La Amazonía, además, es parte de la ruta fluvial de las economías ilegales. Barcos que navegan por el río Putumayo o el Amazonas transportan mercancías legales e ilegales con la misma facilidad, lo que convierte la región en una frontera porosa donde el crimen organizado encuentra refugio.
7. Patrones que se repiten
Aunque cada departamento tiene sus particularidades, los patrones son los mismos:
Contratos inflados y empresas fachada que rotan con cada administración.
Nexos con grupos armados o ilegales, explícitos en Arauca y Guaviare, más sutiles en Meta y Casanare.
Rotación de clanes familiares que cambian de partido pero no de prácticas.
Impunidad estructural: las investigaciones existen, pero las sanciones efectivas llegan tarde o nunca.
8. La tensión con el gobierno Petro
El gobierno nacional ha intentado reforzar su presencia en estas regiones a través de la política de “paz total” y de la inversión en programas sociales. Sin embargo, los gobernadores locales han denunciado “centralismo” y recorte de autonomía. La tensión se traduce en choques políticos abiertos y en resistencia pasiva frente a los programas de Bogotá.
Además la corrupción tiene nuevos protagonistas como Juan Guillermo Zuluaga (pomposamente se auto denomina “Juan sin miedo” , pero para la corrupción) que alzan su voz contra el gobierno mientras negocian contratos y puestos pagando coimas.
En Meta, por ejemplo, la relación con el gobierno Petro ha sido particularmente compleja: mientras desde Bogotá se busca frenar prácticas de contratación cuestionadas, desde Villavicencio se acusa al Ejecutivo de “desconocer la realidad regional”.
9. Camino a 2026: los clanes se preparan
De cara a las elecciones, los clanes regionales ya mueven sus fichas. En Meta, las maquinarias trabajan en torno a herederos de viejos liderazgos. En Casanare, el discurso petrolero sigue siendo el imán electoral. En Arauca y Guaviare, los candidatos deben negociar, abiertamente o en silencio, con los actores armados que controlan territorios.
“Lo que veremos en 2026 es una reconfiguración, no una desaparición de las élites corruptas”, explica un investigador de gobernanza regional. “Se maquillan, pero no se van”.
Los dueños del contrato: radiografía confidencial de la Orinoquía capturada
En la Orinoquía colombiana, el mapa de la corrupción no se dibuja con cifras: se traza con apellidos. Desde Meta hasta Arauca, clanes políticos y empresariales han tejido redes que convierten las regalías en botines y los presupuestos públicos en feudos privados.
Alan Jara, Luis Carlos Torres y Jorge Carmelo Pérez consolidaron en Meta una maquinaria que sobrevive entre fundaciones fachada y contratos amañados y además tienen fichas importantes en el CNE y la Corte Constitucional de los que son dueños. En Puerto Gaitán, el extractivismo tiene rostro de clan, y en Villavicencio, los medios públicos blindan el silencio.
Arauca no se queda atrás. Los Garrido y Alirio Barrera operan como bisagras entre ganadería, seguridad privada y cooptación institucional. Saravena y Arauquita son territorios donde el contrato se firma con miedo y la denuncia se paga con exilio. Casanare, Guaviare y Vichada replican el modelo: familias con poder local, redes agroindustriales y gestores sociales que reparten favores como si fueran derechos.
Mientras tanto, Vaupés y Amazonas resisten desde la periferia, con contratistas bogotanos que llegan, cobran y desaparecen. La Orinoquía no está sola: está secuestrada. Y cada contrato firmado sin veeduría es una lápida más sobre la esperanza comunitaria.
10. Conclusión
Los Llanos y la Amazonía son territorios de belleza inconmensurable y de riqueza natural, pero también de fracturas políticas profundas. El Meta, como centro neurálgico, muestra que el problema no es la falta de recursos: es la captura de esos recursos por clanes que han aprendido a cabalgar más rápido que el propio Estado. En la siguiente entrega, miraremos hacia el Caribe colombiano, donde la corrupción se mezcla con clanes históricos, economías de puerto y alianzas que llevan décadas gobernando bajo las mismas reglas.
