Clanes, contratos y narcopolítica: así se gobierna en las regiones de Colombia. Tercera entrega: La Costa Caribe — El poder de los Char, Gnecco, Torres y Gerlein
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Por Unidad Investigativa – GMTV Productora Internacional
En la Costa Caribe, el poder político no se hereda por urnas, sino por apellidos. Desde hace tres décadas, una constelación de clanes familiares domina el mapa electoral, económico y mediático de la región. Los Char, los Gerlein, los Gnecco y los Torres han convertido los departamentos del Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira en territorios donde la política se mezcla con los negocios y los negocios con el poder. En ese triángulo, la línea que separa la legalidad de la ilegalidad se ha vuelto difusa.
Estos clanes no solo controlan alcaldías y gobernaciones; también manejan contratos multimillonarios, financian campañas nacionales y determinan el rumbo de políticas públicas. Su influencia trasciende la región: llega al Congreso, al gabinete nacional y, en algunos casos, al corazón mismo de la economía estatal.
La Costa Caribe, que debería ser sinónimo de progreso y dinamismo, se ha convertido en el espejo más nítido de cómo la política local se transformó en un negocio familiar sostenido por redes clientelares y, según diversas investigaciones, por la sombra persistente del narcotráfico y la corrupción administrativa.
Los Char: el imperio político y empresarial de Barranquilla**
El clan Char ha levantado un imperio que combina política, empresas y fútbol. Desde la alcaldía de Barranquilla, Alex Char consolidó un modelo de gestión que se vendió como símbolo de modernidad, pero que también multiplicó los contratos con empresas cercanas al grupo familiar y sus aliados políticos. Su padre, Fuad Char, patriarca del clan y fundador del partido Cambio Radical, es el gran articulador de un poder que se mueve entre el Senado, la banca y la economía privada.
Las conexiones entre los Char y las estructuras de poder económico se extienden por toda la región. Supertiendas Olímpica, el Junior de Barranquilla y una red de contratistas públicos conforman el músculo financiero que ha sostenido su proyecto político.
Diversas denuncias señalan presuntos nexos entre el grupo financiero Serfinanza, vinculado a la familia Char, y circuitos de lavado de activos ligados al narcotráfico. Aunque no existen pruebas judiciales concluyentes, estas sospechas reflejan cómo el poder económico y político del Caribe colombiano sigue bajo la lupa por sus posibles vínculos con estructuras ilegales.
En Barranquilla, el poder de los Char trasciende la política: controlan medios de comunicación locales, influyen en licitaciones nacionales y conservan un blindaje social que les permite proyectar una imagen de éxito empresarial, mientras sus críticos los describen como el ejemplo más refinado del clientelismo moderno.
Los Gerlein: los constructores del poder
Durante más de medio siglo, los Gerlein representaron la otra cara del poder barranquillero. Julio Gerlein, uno de los contratistas más reconocidos de la región, acumuló influencia a través de megaproyectos de infraestructura y vínculos con el Congreso. Paralelamente, Roberto Gerlein, su hermano, se convirtió en uno de los senadores más influyentes del país, símbolo de la vieja guardia conservadora.
El entramado de negocios y política entre los Gerlein y los Char tejió una alianza que moldeó el panorama electoral del Atlántico. El caso de Aida Merlano, excongresista, condenada por corrupción electoral, fue deportada desde Venezuela en marzo de 2023 y recluida inicialmente en El Buen Pastor, Bogotá. Tras denunciar amenazas y un presunto complot para asesinarla, fue trasladada a un centro militar en Atlántico bajo estrictas medidas de seguridad. destapó parte del engranaje de compra de votos que benefició campañas en el Atlántico. En sus declaraciones públicas, Merlano describió cómo operaban las “casas de dinero” donde se distribuían recursos a líderes y votantes. Aunque el clan Char ha negado toda vinculación, sus nombres volvieron a aparecer en expedientes judiciales y notas de prensa que relataron el funcionamiento de esa maquinaria.
Después de varios aplazamientos, la Fiscalía imputó el delito de soborno en la actuación penal (compra de testigos) al empresario barranquillero Julio Gerlein y a dos abogados porque presuntamente intentaron comprar el silencio de la excongresista y que no hablara ante Fiscalía ni ante la Corte de casos de posible corrupción que podrían salpicar a las casas Gerlein y Char. Sus declaraciones destaparon la magnitud de un sistema político que operaba con precisión matemática: empresarios, contratistas, dirigentes y operadores electorales movían millones para garantizar lealtades.
Las investigaciones judiciales continúan, pero el modelo político que construyeron los Gerlein sigue influyendo en el Atlántico.
Detrás del discurso del desarrollo y la inversión, la estructura Gerlein representa la fusión de tres elementos: el poder financiero, la vieja política y el control institucional. Un legado que, aunque erosionado por los escándalos, sigue siendo un actor silencioso en la toma de decisiones nacionales.
Los Gnecco: del Cesar a la sombra del poder
El clan Gnecco es, quizá, el ejemplo más claro de cómo el poder regional puede sobrevivir a cualquier crisis. Su influencia en el Cesar y La Guajira comenzó en los años 90, cuando las alianzas con estructuras paramilitares y redes del narcotráfico les permitieron controlar territorios enteros y colocar fichas políticas en la Gobernación y el Congreso.
Durante las últimas dos décadas, los Gnecco han sido señalados en múltiples investigaciones por su participación en esquemas de contratación pública y manipulación electoral. Aun así, su estructura política se mantiene intacta gracias a alianzas con partidos tradicionales y la cooptación de figuras emergentes.
Fuentes judiciales y reportes de la Contraloría han documentado irregularidades en contratos de infraestructura y programas sociales adjudicados durante gobiernos afines al clan. Paralelamente, observadores del periodismo político han advertido sobre el uso estratégico de información privilegiada y de campañas mediáticas que han beneficiado indirectamente a miembros de la familia Gnecco en coyunturas judiciales.
En la Costa Caribe, donde el poder político y el control informativo se entrelazan, los Gnecco han sabido adaptarse: transformaron la vieja parapolítica en una red moderna de gestión y alianzas económicas. En su territorio, la frontera entre la legalidad y el delito se difumina entre el clientelismo, la burocracia y los favores políticos.
Los Torres: contrabando y control territorial
En La Guajira y Magdalena, el clan Torres encarna el poder económico que se alimenta del contrabando, la minería ilegal y la manipulación de los recursos públicos. Su influencia en alcaldías y concejos municipales ha sido constante, gracias a una red de contratistas y empresarios que operan al margen de la supervisión estatal.
Informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Contraloría General han señalado flujos de dinero irregulares en licitaciones y convenios interadministrativos durante las últimas administraciones locales. En regiones fronterizas donde el Estado apenas llega, el clan Torres representa una forma híbrida de poder: política por fuera, pero con raíces profundas en la economía informal que mueve millones de pesos al día.
La Guajira, símbolo de abandono estatal, se ha convertido en un terreno fértil para estos esquemas: allí, las economías ilegales financian campañas, mantienen redes de seguridad privada y garantizan el control sobre el voto rural.
El nuevo mapa del poder en el Caribe
En 2025, los apellidos Char, Gerlein, Gnecco y Torres siguen dominando la política regional, aunque con rostros más jóvenes y estrategias más discretas. Los hijos, sobrinos y herederos de estos clanes ocupan hoy curules, secretarías y direcciones de entidades públicas. Han aprendido a modernizar su discurso, adaptarse a las reformas y tender puentes con todos los gobiernos, sin importar su color ideológico.
El modelo es simple pero efectivo: controlar los contratos, fidelizar a los votantes mediante programas sociales y mantener presencia constante en los medios. De esa forma, la Costa Caribe continúa siendo el epicentro de un poder local que condiciona la política nacional.
En una región donde la institucionalidad se somete al poder de los clanes, la verdadera pregunta no es quién gobierna, sino quién se atreve a desafiar el sistema.
Conclusión
La Costa Caribe es el corazón de la política patrimonial en Colombia. Desde allí, los clanes familiares han convertido el poder en una empresa hereditaria que sobrevive a los escándalos, las condenas y los cambios de gobierno.
Hoy, más que nunca, la narcopolítica y el clientelismo siguen siendo las dos caras de un mismo modelo que compra lealtades, manipula la justicia y redefine la democracia local.
Y mientras los nombres cambian y los discursos se modernizan, la pregunta sigue siendo la misma:
¿Hasta cuándo los clanes gobernarán más que los gobiernos?
ADENDA | Los herederos del poder: campañas, pactos y sombras del Caribe
La política colombiana de 2026 podría tener un marcado acento caribeño. Tras décadas de dominio en las regiones, los clanes Char, Gerlein, Gnecco y Torres no solo mantienen estructuras de poder locales: han extendido sus tentáculos a las listas al Congreso, a los ministerios y —según fuentes políticas y judiciales— incluso a posibles campañas presidenciales.
En la Costa Atlántica, los herederos de estas familias controlan gobernaciones, alcaldías y buena parte de la contratación pública. Varios congresistas actuales —aliados o financiados históricamente por estos grupos— hoy aparecen como “caras nuevas” de coaliciones que buscan reposicionar el poder regional en Bogotá bajo un discurso de renovación. Sin embargo, los vínculos con empresarios contratistas investigados y operadores políticos con antecedentes judiciales continúan presentes.
La llamada nueva generación del Caribe político combina experiencia empresarial, presencia mediática y apoyo financiero de sectores cuestionados por lavado de activos o manipulación electoral. Mientras tanto, las autoridades electorales enfrentan el desafío de vigilar campañas cada vez más sofisticadas, que mezclan dinero legal con aportes opacos provenientes de contratos regionales.
El riesgo, según analistas consultados, es que el país repita el ciclo de “poder narcopolítico reciclado”: el mismo que en los años 90 unió a caciques, mafias y votos para construir emporios familiares. Hoy, con nuevos rostros y viejos métodos, la Costa Caribe vuelve a ser el epicentro de una lucha silenciosa por el poder nacional.
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