Clanes, contratos y narcopolítica: así se gobierna en las regiones de Colombia (IV)
GMTV Productora Internacional 
El Eje Cafetero y el Valle del Cauca: pactos de poder entre clanes empresariales y el retorno del dinero sucio
Investigación Exclusiva – GMTV Productora Internacional
La paz en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero parece una tregua frágil sostenida por pactos invisibles. Detrás de las cifras de inversión y progreso, se ha reactivado una red silenciosa de poder: clanes empresariales, estructuras criminales recicladas y una narcopolítica que penetra alcaldías, secretarías departamentales y campañas regionales con dinero que nunca se fue del todo.
Durante la última década, el eje Cali–Pereira–Manizales se convirtió en un corredor económico atractivo para capitales de origen dudoso. Constructores, empresarios del transporte y promotores de espectáculos figuran hoy entre los mayores aportantes de campañas políticas, muchos de ellos con vínculos en sociedades registradas a nombre de terceros o constituidas en Panamá y Miami.
Del café al lavado: la economía legal como refugio del dinero ilegal
Los expertos financieros consultados coinciden: el lavado de activos en el Eje Cafetero ya no se esconde tras los casinos o las discotecas, sino en cooperativas agrícolas, exportadoras de aguacate, café o flores. Estas empresas canalizan divisas y repatriaciones “legales” que en realidad son retornos de capitales del narcotráfico internacional.
Un analista de la Fiscalía explicó bajo reserva: “El Eje Cafetero es hoy lo que fue el norte del Valle en los 90: una economía dual, legal en apariencia, criminal en su lógica”.
En paralelo, la política local ha sido cooptada por lo que fuentes regionales denominan “los nuevos notables”: herederos de viejos clanes políticos, empresarios con vínculos en el sector inmobiliario y operadores que manejan la contratación pública a través de fundaciones, consorcios y un enjambre de cooperativas que sirven de fachada a contratos estatales multimillonarios.
El retorno de los viejos capos
Lo que parecía un capítulo cerrado resurge con fuerza. En los últimos tres años, varias figuras del narcotráfico extraditadas a Estados Unidos cumplieron condenas y regresaron discretamente a sus territorios en el Valle. Aunque mantienen bajo perfil, su influencia se percibe en el aumento de la violencia en municipios como Tuluá, Jamundí, Cartago y Buga.
Los informes de inteligencia alertan sobre alianzas entre estos retornados y estructuras criminales emergentes, que hoy controlan extorsiones, microtráfico y parte de la contratación de seguridad privada en el sector público. Los mismos nombres que antes operaban con fusiles ahora lo hacen con contratos y licitaciones.
Un investigador policial lo resume así: “El poder no desapareció, solo cambió de traje. Hoy los capos se sientan en juntas directivas y financian campañas que garantizan silencio institucional.”
Alcaldías y gobernación: el rostro amable de la narcopolítica
En varias alcaldías del Valle, especialmente en municipios intermedios, se han documentado aportes de campaña sin trazabilidad, procedentes de empresas con historial en lavado o con representantes vinculados a procesos judiciales. Algunas secretarías departamentales —como Infraestructura, Seguridad y Planeación— concentran contratos con consorcios que figuran también en investigaciones nacionales por sobrecostos y simulación de competencia.
La gobernación del Valle, pese a su discurso de transparencia, ha enfrentado presiones internas de sectores que buscan mantener la red clientelar que domina desde hace más de una década. En el Eje Cafetero, la historia no es distinta: alcaldías como Pereira y Armenia se debaten entre el poder del empresariado local y los hilos invisibles de los intereses privados que financiaron sus campañas.
La nueva violencia del Valle
El repunte de homicidios, la aparición de cuerpos desmembrados en el norte del departamento y el asesinato de líderes sociales no son hechos aislados. Según analistas de seguridad, estos episodios responden a una reconfiguración de poder entre grupos que buscan controlar rutas del narcotráfico y la economía informal del oro y la extorsión.
A diferencia de los años noventa, el enemigo ya no se presenta como cartel sino como conglomerado: consorcios legales, fundaciones y contratistas del Estado que, en los hechos, sirven de soporte económico a estas organizaciones.
Un modelo que se recicla
El patrón se repite: política, economía y crimen entrelazados. Lo que comenzó como infiltración del narcotráfico en la política local terminó en cogobierno. Hoy, los mismos capitales que un día financiaron guerras privadas se sientan a definir presupuestos públicos y a nombrar funcionarios.
Un exasesor político del Valle lo describió con precisión: “Ya no se compra poder con violencia, sino con contratos. El dinero sucio encontró la manera de volverse presupuesto participativo.”
Conclusión: la captura invisible del Estado regional
El Valle del Cauca y el Eje Cafetero confirman la tesis central de esta serie: Colombia no vive una narco-democracia, sino una narco-administración descentralizada. El crimen se sofisticó, la política se adaptó y las fronteras entre lo legal y lo ilegal se diluyeron.
Mientras los organismos de control se concentran en escándalos aislados, el verdadero poder —ese que mezcla dinero, favores y contratos— sigue gobernando desde los despachos municipales. La pregunta ya no es quién manda, sino quién se atreve a investigarlo.
