El ocaso de los “intocables”: Corte Suprema condena al exsenador Carlos Emiro Barriga por nexos con las AUC
GMTV Productora Internacional 
Redacción Política e Investigación – GMTV Productora Internacional
En un nuevo capítulo del prolongado expediente de la parapolítica en Colombia, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de prisión al excongresista Carlos Emiro Barriga Peñaranda, al hallarlo culpable del delito de concierto para delinquir agravado por sus vínculos con estructuras paramilitares en Norte de Santander.
La decisión, adoptada tras un proceso judicial que se extendió por más de una década, confirma que Barriga —uno de los rostros visibles del conservatismo en el nororiente del país— estableció una alianza con el Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), liderado por Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano” o “Pedro Fronteras”, entre 2002 y 2004.
Un pacto sellado entre votos y fusiles
Según la resolución de acusación, el exsenador utilizó su influencia política y recursos personales para consolidar una relación de apoyo electoral mutuo con el grupo armado. A cambio de respaldo político para su candidatura al Senado (2002–2006), Barriga permitió el uso de su finca “La Isla”, ubicada en Guaramito, Cúcuta, como centro de entrenamiento militar y depósito de armas de las AUC.
La Corte fue enfática al afirmar que “el procesado no solo buscaba apoyo político, sino que también puso a disposición del grupo bienes muebles e inmuebles para su uso y beneficio”.
Entre los testimonios más relevantes se encuentran los de exintegrantes del Bloque Catatumbo como Alexander Chamorro Villanueva (“Ricardo”), Wilson de las Salas Enríquez (“Sargento”) y Libardo Duarte (“Bam Bam”), quienes confirmaron las reuniones sostenidas con Barriga, la destinación de la finca y la logística electoral que permitió la movilización de votantes a favor del entonces candidato.
El fallo, además, señala que Barriga actuó con “dolo de alta intensidad”, consciente del daño a la seguridad pública y de la ilegitimidad de su alianza con un grupo armado ilegal.
La Corte negó cualquier beneficio de casa por cárcel o suspensión condicional de la pena**, dado que el delito de concierto para delinquir agravado se encuentra excluido expresamente de esos mecanismos de sustitución y que la pena impuesta supera los límites establecidos por la ley.
Una década de condenas que golpean al conservatismo
La condena contra Barriga no es un hecho aislado. En los últimos diez años, al menos una docena de políticos conservadores o de derecha han sido condenados o procesados por sus nexos con paramilitares, narcos y estructuras criminales que buscaron cooptar el poder político regional en Colombia.
Entre los casos más notorios figuran:
Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre y exembajador de Colombia en Chile, condenado a 40 años de prisión por el asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, y por vínculos con las AUC.
Luis Alberto Gil Castillo, exsenador y líder del movimiento Convergencia Ciudadana, sentenciado por parapolítica y lavado de activos.
Juan Carlos Martínez Sinisterra, político del Valle del Cauca, condenado por nexos con paramilitares y financiación ilegal de campañas.
David Char Navas, exsenador barranquillero, quien aceptó haber recibido apoyo del Bloque Norte comandado por Jorge 40.
Óscar Suárez Mira, exsenador antioqueño, condenado por concierto para delinquir agravado al comprobarse su alianza con el Bloque Cacique Nutibara.
Ciro Ramírez Pinzón, hijo del veterano dirigente conservador Ciro Ramírez, sentenciado por haber participado en acuerdos políticos con estructuras paramilitares en el Magdalena Medio.
Estos y otros casos evidencian cómo los grupos armados ilegales lograron infiltrar estructuras políticas tradicionales, especialmente durante los años de expansión de las AUC y en las etapas iniciales del proceso de desmovilización.
La sombra persistente del poder armado
Aunque el fenómeno de la parapolítica tuvo su auge entre 2006 y 2010, las investigaciones recientes muestran que las redes clientelistas, las economías ilegales y las alianzas criminales siguen siendo un problema vigente.
Expertos advierten que la frontera entre la política y el crimen organizado continúa siendo porosa en varias regiones del país, donde persisten actores armados —como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y estructuras residuales del ELN— que intervienen en elecciones locales, financian campañas y controlan rentas ilegales.
En este contexto, la condena a Barriga Peñaranda se interpreta como depuración institucional, aunque el impacto político sea limitado. La mayoría de los condenados ya no ostentan poder formal, pero su influencia regional y sus redes económicas siguen siendo decisivas en la configuración del poder local.
La respuesta del establecimiento
Mientras el conservatismo intenta reconfigurar su imagen de partido tradicional, los escándalos por corrupción y nexos con estructuras armadas siguen minando su credibilidad. Analistas políticos señalan que el caso Barriga reabre el debate sobre la responsabilidad ética de los partidos al otorgar avales, y sobre el silencio institucional frente a alianzas que se repiten bajo nuevas formas.
“El poder político en Colombia ha demostrado una sorprendente capacidad para reciclar sus alianzas —comenta un analista consultado—. Cambian los nombres, pero la lógica de intercambio entre votos, territorios y dinero ilegal se mantiene”.
Una justicia que aún incomoda
A diferencia de otros procesos que terminaron en absoluciones o prescripciones, el fallo contra Barriga Peñaranda envía un mensaje inequívoco: “las alianzas con el crimen no prescriben moralmente, aunque los protagonistas intenten borrarlas de la memoria pública”.
Su caso se suma a la larga lista de políticos que, desde los años del paramilitarismo hasta las recientes alianzas con narcotraficantes y clanes económicos, han convertido la política regional en un tablero dominado por la intimidación y la conveniencia.
Comentario al margen – La justicia que se demora con unos y se apresura con otros
El caso Barriga también reabre una vieja herida institucional: la lentitud de la Corte Suprema para fallar procesos contra políticos sin padrinazgo, frente a la celeridad con la que reacciona para defender a figuras poderosas vinculadas a redes de influencia dentro del propio poder judicial.
La sentencia tardó casi dos décadas en llegar, pese a la abundancia de pruebas y testimonios disponibles desde los años del escándalo de la parapolítica. En contraste, otros procesos con resonancia política y mediática avanzan a ritmo vertiginoso cuando se trata de blindar a congresistas, expresidentes o grandes financiadores de campañas que cuentan con el respaldo de magistrados aliados o recomendados para llegar a la Corte.
Fuentes del sector judicial reconocen, bajo reserva, que la cooptación política del sistema de justicia sigue siendo una realidad silenciada: nombramientos cruzados, favores políticos y compromisos de origen que terminan condicionando decisiones de alto impacto nacional.
“Mientras algunos esperan diez o quince años para una sentencia, otros obtienen absoluciones o archivos exprés —afirma un exfuncionario del tribunal—. El doble rasero judicial se ha vuelto una forma de protección del poder político a sí mismo.”
