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Crónica mordaz del país donde las urnas se abren solas y las leyes se doblan a conveniencia
Por Gustavo Melo Barrera
En Colombia, la democracia no muere: se reencarna en cada “jugadita”. Esta vez, el escenario es la Registraduría Nacional, que ha decidido dar luz verde —con la solemnidad de un notario distraído— a la consulta interpartidista del Pacto Histórico prevista para el 26 de octubre.
No importa que medio país esté confundido, que los tribunales anden con gastritis o que los partidos estén a un paso del divorcio institucional. La Registraduría, con su aire de “todo bajo control”, ha dicho que no hay orden judicial que suspenda la consulta y que, por tanto, hay que seguir adelante con la logística. O, dicho en lenguaje electoral: que la rumba continúa y que las urnas no se van a llenar solas.
El país del permiso perpetuo
En cualquier democracia seria, la palabra “interpartidista” implica diálogo, consenso, o al menos un café sin cámaras. En Colombia, en cambio, significa todos contra todos con sello oficial. Y ahí aparece el CNE —presidido por esa figura que parece extraída de una telenovela de poder y linaje político— para aplaudir desde la primera fila.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, cabeza de un clan político que lleva décadas cultivando votos y favores en los llanos del Meta, se presenta ante los micrófonos con un aire de serenidad que ni el Dalái Lama lograría en época de escrutinios. “La democracia está viva”, declara, sin inmutarse. Y tiene razón: viva, sí… pero en cuidados intensivos.
Mientras tanto, desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro —ese alquimista de la palabra que a veces confunde discurso con decreto— observa la escena con una mezcla de sorpresa y resignación. Sabe que esta consulta no solo define el rumbo del Pacto Histórico, sino la legitimidad de un proceso electoral que ya parece un reality show donde el guion cambia cada mañana.
El arte de la confusión organizada
La Registraduría, por su parte, actúa con la precisión de un cirujano con guantes de boxeo. Cada comunicado es un acto de equilibrio entre el deber y la conveniencia. Asegura que todo se hace “dentro de los marcos legales”, lo que en el idioma electoral colombiano significa: nadie puede demostrar que no lo es.
Detrás de cada decisión, hay un eco de marketing político: campañas publicitarias de medios tradicionales —esos que uno ya no sabe si informan o hacen casting para ministerios—, titulares que parecen diseñados por publicistas en vez de periodistas, y una ciudadanía que observa el espectáculo entre el escepticismo y la risa nerviosa.
“Con cada consulta garantizamos la transparencia del proceso”, dice un vocero de la Registraduría. Y en efecto, transparente es: tan transparente que cualquiera puede ver quién mueve los hilos.
El Pacto Histórico: entre el sueño y la resaca
Dentro del Pacto Histórico, la consulta ha caído como una tormenta en pleno mitin. Algunos celebran la oportunidad de reorganizar liderazgos; otros, más escépticos, sospechan que esto huele a maniobra para medir fuerzas internas antes de 2026.
“Lo importante es fortalecer el proyecto progresista”, dicen los optimistas, mientras los realistas responden: “Sí, pero primero que cuenten bien los votos”. El ambiente es una mezcla de fervor ideológico y desconfianza aritmética.
Desde la oposición, los cuchillos vuelan en todas direcciones. Los partidos tradicionales denuncian “ventajas indebidas” y “uso electoral de recursos públicos”, sin recordar que fueron ellos quienes inventaron esas técnicas. Hipocresía con memoria selectiva: el deporte nacional.
El presidente y la diplomacia del pulgar
Mientras tanto, Petro responde a los ataques de la oposición con la velocidad de quien tiene el pulgar afilado. Twitter —o X, como ahora lo llama Elon Musk y la paranoia colectiva— es su escenario favorito. Desde allí lanza dardos contra quienes ve como enemigos de la paz, del cambio o simplemente del sentido común.
Pero esta vez, la confrontación no es solo interna. En el vecindario continental, el presidente colombiano se cruza con dos nuevos adversarios de ultraderecha: Javier Milei, el libertario argentino que gobierna a fuerza de metáforas zoológicas, y Daniel Noboa, el joven presidente ecuatoriano que descubrió que pelear con Petro da más likes que firmar tratados.
Mientras los tres intercambian frases altisonantes, los diplomáticos revisan los manuales de protocolo para ver si hay algún apartado sobre “guerras de memes”.
La democracia como espectáculo
Colombia, que alguna vez presumió de tener una de las democracias más estables del continente, parece haber descubierto que la política es más rentable cuando se transmite en vivo. Entre la Registraduría, el CNE, los partidos y los opinadores de ocasión, el país asiste a una tragicomedia institucional donde nadie recuerda el libreto original.
La consulta del 26 de octubre será, probablemente, un nuevo capítulo de esta saga: urnas, discursos, selfies, denuncias y, al final, un resultado que todos dirán haber ganado.
Porque aquí la democracia no se mide en votos, sino en titulares.
Epílogo: la jugadita eterna
La Registraduría se lava las manos. El CNE sonríe. Los medios aplauden. Los candidatos prometen. El pueblo bosteza. Y el sistema electoral colombiano sigue su marcha triunfal hacia el siguiente escándalo.
Como diría un viejo sabio de la política criolla: “En Colombia no hay fraude, hay creatividad”.
Y así, mientras el país se prepara para otra consulta con sabor a déjà vu, una cosa queda clara: en el teatro de la política nacional, la Registraduría no organiza elecciones… organiza funciones.
ADENDA: Si el país ha llegado al punto en que la Registraduría decide cuándo y cómo se interpreta la democracia, quizá el Pacto Histórico debería dejar de jugar el juego que otros dirigen. Porque si la consulta ya parece más una comedia burocrática que un ejercicio de soberanía popular, ¿no sería momento de volver al tablero original?
En este escenario de “elecciones disparatadas y bombardeadas”, una Asamblea Constituyente podría ser, paradójicamente, el único acto de cordura. No para refundar caprichosamente el país, sino para recuperar la coherencia del proyecto político que prometía cambio y hoy se diluye entre formularios, resoluciones y comunicados.
El dilema del Pacto Histórico es existencial: seguir apostando por un sistema que parece diseñado para frustrar cada intento de transformación, o convocar al país a repensar sus reglas de juego desde la raíz. Porque lo cierto es que el propósito inicial —el de construir una democracia real, participativa y transparente— ya no se ve por ningún lado. La Registraduría ordena, los clanes aplauden y los ciudadanos siguen esperando que el resultado del 2026 vuelva a ser histórico.
