Los fantasmas del fallo Uribe: nexos familiares, la magistrada disidente y la sombra de la Fiscalía

Unidad Investigativa – GMTV Productora Internacional

Bogotá — Cuando el magistrado Manuel Antonio Merchán leyó la ponencia que devolvía la inocencia jurídica a Álvaro Uribe Vélez, el país entero contuvo el aliento. No fue solo el contenido técnico del fallo —que declaró “errores metodológicos” y vacíos probatorios en la sentencia de primera instancia— sino la escena completa: tres magistrados, tres rostros distintos y, tras la lectura, una explosión política y social que dejó en evidencia algo que muchos periodistas y juristas vienen susurrando desde hace años: en los procesos de alto voltaje político, la justicia no solo resuelve con pruebas; convive con fantasmas que no siempre aparecen en las actas.

Como en “un cuento de navidad” (la obra cumbre de Charles Dickens), en medio de esta investigación aparecen tres de esos fantasmas: 1) los nexos familiares que rodean al ponente; 2) la magistrada que salvó su voto y fue —en los hechos— la voz disidente; y 3) la sombra de la Fiscalía, cuya historia y presiones atraviesan el expediente y la percepción pública. Cada fantasma no sustituye a la prueba: la sentencia está firmada y argumentada. Pero los fantasmas explican por qué millones de colombianos, viendo la lectura en directo, vieron en la absolución algo más que derecho procesal: vieron la fragilidad de la apariencia de imparcialidad.

Primer Fantasma: La familia que rodea al ponente

Manuel Antonio Merchán Gutiérrez fue el ponente. En la argumentación, fue metódico: desarticuló la valoración de testimonios y la interpretación de interceptaciones que, para la jueza de primera instancia, bastaron para la condena. Pero fuera del estrado hay una biografía que la prensa no ha recordado a propósito como lo hicieron con la jueza Sandra  Heredia : miembros de su familia han ocupado cargos en la Fiscalía y se han vinculado, por vínculos de parentesco y afinidad, con personas implicadas en investigaciones regionales. Reportes periodísticos de años anteriores registran que su hermana, la fiscal María Claudia Merchán, estuvo casada con un familiar de personas investigadas en el Meta; esos nexos encendieron entonces alertas sobre posibles conflictos de interés en causas locales donde el magistrado actuó.

Esos antecedentes no prueban nada por sí mismos: la Constitución y el Estatuto del Personal Judicial disponen claros mecanismos de recusación y excusa para evitar que lazo familiar derive en decisión contaminada. Pero el problema —y el fantasma— reside en lo que no se ventiló en el debate público nacional durante la preparación del fallo: cómo esas tramas familiares se relacionan con la cultura institucional de la Rama Judicial. Cuando un ponente con vínculos familiares a fiscales decide en un caso que involucra investigaciones fiscales y mensajes entre operadores jurídicos, la opinión pública mira la historia completa, no solo la ponencia. La ausencia de una explicación robusta y preventiva, o de un debate público sobre la posible recusación, deja la sensación —en estrados y pantallas— de una puerta entreabierta por donde puede colarse la duda.

Segundo Fantasma:  La magistrada que salvó su voz y quedó sola

María Leonor Oviedo Pinto salvó su voto. A diferencia de sus dos colegas, consideró que la prueba sí alcanzaba para confirmar la condena. Su explicación posterior fue nítida: en su criterio, la configuración probatoria y la cadena causal permitían sostener que el exmandatario se comportó como “determinador” en la maniobra de manipulación de testigos. Esa discrepancia fue pública, documentada y breve: el salvamento apareció en las crónicas, pero pronto quedó fondo frente al efecto político y mediático de la absolución mayoritaria.

Lo que interesa periodísticamente no es solo el voto contrario, sino las condiciones en que ese voto se dio: Oviedo, según fuentes consultadas por la prensa, ha tenido una trayectoria compleja, con pasos previos por la Fiscalía y nombramientos por vías que han sido objeto de queja y consulta pública. Más allá de una eventual robustez técnica en su argumentación, su voz disidente fue funcionalmente aislada en la escena pública. En sociedades polarizadas, disentir dentro de una sala de justicia puede costar la reputación y la carrera; y cuando la disidencia no se articula en la narrativa pública, el sistema deja de mostrar cómo resuelven sus fracturas internas.

Tercer Fantasma: La sombra de la Fiscalía: presiones, recusaciones y memoria histórica

El proceso que terminó con la condena en primera instancia y que ahora ha sido revertido pasó por la Fiscalía: denuncias, criminalística, escuchas y la construcción de una historia jurídica que duró más de una década. La Fiscalía ha sido, históricamente, un actor central en casos que mezclan política y paramilitarismo; su trabajo y sus errores han alimentado tanto condenas documentadas como sospechas de utilización política de la investigación penal. Esa historia es una sombra permanente sobre cualquier resolución en causas que involucran exmandatarios con redes políticas amplias.

A ello se suma un hecho procesal que la mayoría de la Sala invocó para absolver: la supuesta ilicitud o deficiente valoración de ciertas interceptaciones y la llamada “mala técnica” en la valoración probatoria por parte de la jueza de instancia. Si la Fiscalía —o quien condujo la investigación— comete errores técnicos que la Sala considera sustanciales, la puerta queda abierta a que la segunda instancia discuta de fondo lo que la primera instancia valora como hecho. Para las víctimas y para juristas críticos, ese movimiento no es solo técnico: rompe expectativas sobre la estabilidad de las pruebas y la predictibilidad del sistema.

La escena que inquietó: la presidenta con la mirada baja

Más allá de los argumentos, las imágenes marcaron la jornada: en varias transmisiones en directo se observó a la magistrada presidenta con la mirada baja en distintos momentos de la lectura de la sentencia. En la lectura pública, la cámara fija sobre la mesa judicial recogió un gesto que millones vieron en vivo: mientras el ponente leía y la magistrada disidente alzó la voz para salvar su voto, la presidenta mantuvo una postura que algunos espectadores interpretaron como vergüenza, incomodidad o una intención de no confrontar la tensión pública. Quienes defienden la decisión advierten que la prudencia en sala no es prueba de nada; quienes la critican ven en ese gesto la visualización de un ambiente institucional tenso y, en la práctica, poco transparente. El video y las crónicas de la jornada registran ese gesto y lo han convertido en símbolo de la incomodidad institucional.

Periodísticamente conviene ser cauteloso: un gesto no es una prueba de cooptación ni de culpabilidad. Pero la justicia no solo es acto jurídico: es también ceremonia pública. Cuando el público mira y ve que la presidenta no levanta la cara, la factura simbólica pesa. La pregunta periodística —y democrática— es si la prudencia procedimental basta cuando la percepción de imparcialidad se fractura ante la opinión pública.

¿Qué dicen los juristas y qué cabe esperar?

Constitucionalistas consultados en las horas siguientes coincidieron en una idea central: la disputa verdadera ahora se dará en casación ante la Corte Suprema. La Corte deberá dirimir si la Sala respetó los límites de la segunda instancia o si reescribió hechos y valoraciones que, por doctrina y por garantía de control, correspondería revisar en casación. Mientras tanto, la controversia política seguirá viva: para unos, la decisión fue restauradora de la legalidad; para otros, la constatación de un sistema donde las apariencias cuentan tanto como las pruebas.

Fantasmas que exigen claridad

Los fantasmas no se demuestran como una prueba pericial: son líneas de sospecha, huecos en la narración pública y signos que la sociedad interpreta como síntomas de riesgo institucional. En este caso —con un expresidente que polariza, una fiscalía con historia y magistrados con trayectorias complejas— esos fantasmas se han materializado en tres formas: parentescos con fiscales que abren preguntas sobre recusaciones, una magistrada que salvó su voto y quedó sola, y una presidenta cuya apariencia corporal —la mirada baja— fue leída por la audiencia como un signo.

La obligación del periodismo es, entonces, transformar esos fantasmas en preguntas verificables: ¿hubo recusaciones planteadas? ¿se aplicaron mecanismos de transparencia para conocer posibles conflictos familiares? ¿qué explica la provisionalidad o mérito en los nombramientos judiciales? Y sobre todo: ¿la Corte Suprema, en la próxima instancia, devolverá la certeza jurídica o sumará capas a la incertidumbre?

Mientras la Corte Suprema decide, el país no solo espera un fallo jurídico; exige, sobre todo, respuestas públicas y documentadas que disipen o confirmen los fantasmas. Porque en momentos en que la democracia se mide también por la apariencia de justicia, lo que los tribunales no aclaren puede terminar decidiendo el juicio de la historia.

Adenda: Los otros culpables del espectáculo judicial

La absolución de Álvaro Uribe Vélez no fue solo un acto judicial: fue un espectáculo cuidadosamente construido por un sistema que hace tiempo perdió la vergüenza. En el escenario estaban los magistrados y las cámaras, pero detrás del telón había otros actores que también deben responder: los medios tradicionales, los jueces corruptos, los clanes políticos y un Congreso convertido en coro complaciente del poder.

Los grandes medios —que un día fingieron ser contrapeso— hoy operan como escenografía. Editorializan sin investigar, titularon la absolución como “triunfo de la justicia” y evitaron mencionar las irregularidades procesales. En lugar de fiscalizar el poder, se convirtieron en su agencia de relaciones públicas.

Los jueces corruptos, muchos reciclados de gobiernos pasados, alimentan la idea de que la toga se negocia y que el mérito se mide en lealtades políticas. Esa corrupción judicial es la que permite que los clanes —los Char, los Gnecco, los Gerlein, los del Llano— sigan controlando territorios y sentencias, a veces desde la sombra y otras desde las curules.

El Congreso, por su parte, ha sido cómplice pasivo: calló ante las evidencias y legitimó con su silencio la captura institucional. Y los fanáticos del uribismo, más peligrosos que el propio Uribe, celebraron no la justicia, sino la impunidad. Así, la absolución no solo es un fallo; es la radiografía de un país donde el poder judicial se transformó en escenario, y la justicia, en un espectáculo pagado por quienes deberían temerle.