“Cuando la calle queda en manos de quienes la controlan: corrupción, abuso y la foto multa que no multó al corrupto”
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Unidad Investigativa – GMTV Productora Internacional
En carreteras, semáforos y ventanillas de tránsito de todo el país, se ha instalado una economía opaca: comparendos que no se registran, sobornos para evitar sanciones, contratos de foto detección cuestionados y autoridades locales implicadas en presuntas redes de beneficio. Lo que para el automovilista es un mal trago al recibir una boleta, para otros es un negocio sistemático que erosiona la confianza pública, debilita la seguridad vial y alimenta la impunidad.
Las cifras que hoy sirven de base para esta investigación son parciales pero elocuentes: la Procuraduría reportó más de 46.000 decisiones disciplinarias en 2023 (que incluyen desde llamados de atención hasta inhabilidades), una radiografía del volumen de conductas irregulares que atraviesan la administración pública. Muchas de esas decisiones corresponden a funcionarios en puestos de fiscalización y control —incluidos agentes de tránsito— cuyo desempeño debería garantizar la ley, no lucrar con ella.
Procuraduría General de la Nación
En el terreno, los golpes se han vuelto visibles. En julio de 2025, la Secretaría de Movilidad de Cali denunció formalmente a 27 agentes de tránsito por supuestas omisiones de comparendos a cambio de dinero; los casos fueron puestos en manos de la Fiscalía. En Bucaramanga y Riohacha también hay indagaciones abiertas por presunta corrupción en el trámite de comparendos. Estos episodios no son aislados: constituyen la punta emergente de un problema nacional.
Una pieza clave del rompecabezas son las llamadas “foto multas” o sistemas automáticos de detección (SAST). Diseñadas para reducir la accidentalidad y documentar infracciones sin contacto humano, en muchos territorios terminaron sustentando contratos opacos, fallas en la calibración y disputas sobre quién es responsable cuando la notificación llega a nombre del propietario —y no del conductor infractor—. En 2020 la Superintendencia de Transporte abrió pliegos de cargos contra varios organismos de tránsito por supuesta instalación u operación irregular de estos sistemas.
Superintendencia de Transporte
El debate público escaló hasta el Congreso: en 2025 se aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca limitar los abusos de la foto multas, condicionarlas a la correcta identificación del infractor y mejorar los mecanismos de notificación y apelación. La iniciativa refleja una respuesta legislativa a una ciudadanía que percibe abuso administrativo y falta de control.
¿Por qué prosperó esa “economía” en los organismos de tránsito? Los expertos señalan varias causas que se interconectan: bajos controles internos, contratos de prestación de servicios con actores privados poco rigurosos, ausencia de sistemas de rendición de cuentas locales y un marco sancionatorio que prioriza el trámite formal sobre la sanción ejemplarizante. Además, la percepción generalizada de impunidad —reflejada por organismos como Transparencia por Colombia en sus índices— alimenta la sensación de que “así se ha hecho siempre”.
Transparencia Colombia
Académicos que han estudiado las cámaras de foto detección subrayan otra arista: bien implementadas y transparentes, las cámaras reducen siniestralidad; mal reguladas, se transforman en una caja negra contractual que beneficia intermediarios antes que a la seguridad vial. Investigaciones universitarias en Colombia muestran evidencia mixta sobre su impacto cuando no existe transparencia en contratos y calibraciones.
Departamentos y ciudades con casos documentados
No existe hoy un ranking oficial y público que ordene “los más corruptos” por departamento en esta materia. Sin embargo, los expedientes y medidas administrativas señalan con frecuencia a algunos territorios donde han aflorado casos de alto perfil: Valle del Cauca (Cali) —27 agentes denunciados recientemente—; Antioquia (Medellín, Envigado, Bello, Sabaneta), involucrados en investigaciones relacionadas con sistemas de foto detección; Santander (Bucaramanga) y municipios como Arjona (Bolívar), que aparecieron en actuaciones de la Supertransporte. Esta cartografía no pretende estigmatizar departamentos enteros, sino identificar puntos calientes donde han aflorado anomalías que merecen auditorías profundas.
¿Quién debe responder y sancionar?
La responsabilidad es múltiple y escalonada:
• Fiscalía General de la Nación: investiga delitos (concusión, cohecho, prevaricato, peculado) y debe judicializar redes de corrupción entre agentes y terceros.
• Procuraduría: responde disciplinariamente por faltas de los servidores públicos; su rol es clave para inhabilidades y sanciones administrativas.
• Contralorías: investigan el daño fiscal cuando hay hechos que afectan recursos públicos.
• Superintendencia de Transporte: fiscaliza la operación de sistemas automáticos (SAST) y contratos de foto detección; su intervención técnica puede anular procesos mal implementados.
• Alcaldías y gobernaciones: deben auditar los procesos, revisar contratos y sancionar a servidores locales; la omisión local es parte del problema.
¿Qué pueden hacer los conductores y propietarios de vehículos?
La ley y las guías prácticas ofrecen rutas: impugnar foto multas cuando hay dudas sobre la identificación del conductor, exigir la calibración y certificaciones de las cámaras, verificar la correcta notificación (13 días hábiles para iniciar recursos), y presentar quejas ante la Supertransporte, Procuraduría y, si hay indicios de delito, la Fiscalía. Medios y plataformas ciudadanas (Monitor Ciudadano, Transparencia por Colombia) ofrecen herramientas para cruzar información sobre contratos y denuncias locales. Documentar (fotografías, testigos) y solicitar los informes de calibración aumentan las posibilidades de éxito en una apelación.
¿Cómo detener la ola de “corruptela” y devolverles la misión a las cámaras?
Las reformas necesarias son técnicas, administrativas y políticas:
Auditorías inmediatas y públicas de todos los contratos de foto detección y de las nóminas de agentes de tránsito; publicación completa en portales de transparencia. (responsables: Contralorías, Supertransporte, alcaldías).
Protocolos obligatorios de calibración y mantenimiento, certificados por laboratorios independientes y sujetos a inspección ciudadana. (Supertransporte / Ministerio de Transporte).
Fortalecimiento de controles internos y rotación de personal en oficinas de tránsito para reducir redes clientelares. (Alcaldías / gobernaciones).
Sanciones ejemplares: combinar la acción penal, disciplinaria y fiscal para que el costo de la corrupción supere su beneficio. (Fiscalía + Procuraduría + Contraloría).
Regulación legislativa que limite irregularidades en foto multas —como la reciente iniciativa de ley— y que obligue a identificar al conductor infractor, no solo al propietario.
Cierre: de la queja a la reforma
La lucha no es sólo técnica: es política y cultural. La foto multa debe regresar a su propósito original —reducir accidentes— y los agentes de tránsito deben ser servidores, no intermediarios de lucro. La ciudadanía, los medios y las instituciones deben conjugar presión, transparencia y sanción efectiva. Sin eso, cada comparendo seguirá siendo un micronegocio y cada semáforo, una caja opaca en la que alguien siempre saca provecho.
Para quienes conducen: no se resignen; averigüen, documenten y exijan sus derechos. Para las autoridades: actúen con rapidez, publiquen contratos y resultados de auditorías. Y para el país: aceptar la normalización de estas prácticas sería entregar el control de las calles a quienes confunden la ley con el negocio.
