Colombia en la encrucijada verde: retos y oportunidades en COP30 y la IV Cumbre CELAC-UE

Por Gustavo Melo Barrera – GMTV Productora Internacional

En noviembre de 2025 el mapa diplomático y ambiental de América Latina concentra dos citas que definen, a la vez, una prueba de liderazgo y una agenda de riesgo para Colombia: la celebración de la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) en Belém, Brasil, y la IV Cumbre CELAC-Unión Europea en Santa Marta, Colombia. Mientras Belém convoca al mundo a debatir la implementación de compromisos climáticos en el borde del Amazonas, Santa Marta será la tribuna donde la región y la Unión Europea intentarán renovar un pacto político y económico para la sostenibilidad. Para Bogotá —y, en particular, para el gobierno del presidente Gustavo Petro—ambos foros son al mismo tiempo una oportunidad para proyectar influencia y un examen público de las contradicciones entre discurso, políticas y viabilidad institucional.

Uno de los ejes estratégicos es claro: convertir la visibilidad internacional en capacidad de agencia política. COP30, celebrada del 10 al 21 de noviembre en Belém, pone el foco en la preservación de ecosistemas clave y en la financiación de la transición energética; la IV Cumbre CELAC-UE, los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, ofrece el escenario para elevar acuerdos de cooperación, inversión verde y mecanismos de apoyo a una “transición justa” en la región. Que Colombia ocupe la presidencia pro tempore de la CELAC y comparta la co-presidencia de la cumbre con representantes europeos otorga al país un rol protagónico para articular demandas latinoamericanas en materia climática, deuda ecológica y transferencia tecnológica. No obstante, el liderazgo no se regala: debe traducirse en propuestas concretas y en la capacidad de movilizar consensos.

¿Cómo leer la actuación del gobierno de Petro en este contexto? El primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia ha colocado la agenda ambiental y la justicia climática en el centro de su narrativa internacional: desde la revalorización de los derechos de la naturaleza hasta la priorización de la transición energética frente a los modelos extractivistas tradicionales. Eso ha ampliado el capital diplomático del país y lo ha posicionado como interlocutor natural en debates sobre Amazonía, derechos indígenas y reducción de emisiones en Latinoamérica. Sin embargo, la distancia entre la retórica y la implementación sigue siendo la pregunta decisiva que medirán tanto observadores internacionales como electorados domésticos durante estas semanas de cumbres.

En la práctica, el desafío es triple y simultáneo: Primero: consolidar políticas domésticas creíbles que muestren avances verificables en protección de bosques, control de la deforestación y reconversión laboral en las economías dependientes de los combustibles fósiles; Segundo: asegurar instrumentos financieros y garantías para que la “transición justa” no termine siendo una transferencia simbólica de responsabilidades a los países del sur; y tercero:  gestionar la diplomacia multilateral para articular demandas regionales frente a la UE —desde acceso a financiación hasta transferencia tecnológica— sin caer en contraprestaciones que comprometan soberanías o la cohesión social. Estos tres frentes determinan si la presencia colombiana será vista como liderazgo efectivo o como mera proclama.

Hay además condicionantes externos que complican el tablero. COP30 llega con críticas y tensiones sobre la logística y la ambición negociadora del anfitrión —Brasil—; la elección de Belém buscó situar la agenda en la Amazonía, pero también ha provocado debates sobre inclusión, costes y el propio formato del evento. Estas fricciones —precios de alojamiento, capacidad de acogida, debates sobre prioridades temáticas— pueden limitar la participación plena de delegaciones del Sur global y de la sociedad civil, y a la vez obligan a los países latinoamericanos a atender tanto la forma como el fondo de sus reivindicaciones. Si la cumbre se percibe como exclusora o dispersa, la capacidad de presión política de naciones como Colombia disminuye.

En Santa Marta, la CELAC-UE ofrece una palanca distinta: es el espacio para traducir la ambición climática en cooperación económica y reglas de juego comerciales más verdes. Aquí la capacidad de Petro y su equipo para negociar será puesta a prueba en dos niveles: el técnico (acceso a financiación, calendarios para reducción de emisiones, certificación de cadenas de valor sostenibles) y el político (defender los intereses de la región frente a la UE sin reproducir dependencias). La apuesta colombiana debe combinar diplomacia de principios —por ejemplo, justicia climática, reconocimiento de deuda ecológica— con pragmatismo negociador que permita acuerdos concretos de inversión, transferencia tecnológica y apoyo a la adaptación. La Cancillería y la Presidencia han enfatizado que Colombia está “lista” para esa responsabilidad y que aprovecharán la cumbre para visibilizar prioridades regionales.

No obstante, la política interna define el margen de maniobra. Las transformaciones estructurales que exige la agenda verde requieren coherencia regulatoria, estabilidad jurídica para inversiones verdes, y mecanismos de compensación social para comunidades que hoy dependen de economías extractivas. En Colombia persisten tensiones: resistencia política de sectores ligados al carbón y los hidrocarburos, debilidades institucionales locales para hacer cumplir normas ambientales, y un complejo mapa de actores—incluyendo comunidades indígenas y afrodescendientes—cuyas demandas deben articularse con urgencia. Si el Ejecutivo no logra traducir sus anuncios internacionales en reformas legislativas y programas con recursos asegurados, la retórica perderá credibilidad.

La oportunidad para Petro es, precisamente, convertir la visibilidad de Santa Marta en una hoja de ruta verificable: acuerdos de cooperación con metas, calendarios y mecanismos de seguimiento; instrumentos financieros que incluyan préstamos blandos, garantías y transferencia tecnológica condicionadas a resultados de mitigación y adaptación; y, crucialmente, mesas de diálogo con comunidades afectadas que permitan diseñar transiciones sectoriales socialmente inclusivas. Ese paquete puede servir como oferta política doméstica —programas de reconversión laboral, inversión en infraestructura verde, fortalecimiento de gobernanza territorial— y como moneda de cambio en la negociación birregional con la UE.

Finalmente, el examen internacional será también un referendo sobre la verosimilitud de la narrativa latinoamericana: si la región se presenta unida y con propuestas claras, puede condicionar la agenda financiera y tecnológica del Norte; si aparece fragmentada o con propuestas insuficientes, perderá capacidad de influencia. Colombia, por su condición geográfica, política y ahora institucional en la CELAC, tiene la responsabilidad de actuar como catalizador. Pero para hacerlo necesita mostrar coherencia interna, resultados tangibles y una diplomacia que no confunda protagonismo con eficacia.

En suma: las dos semanas de noviembre que concentran COP30 y la IV Cumbre CELAC-UE son una oportunidad histórica para que Colombia transforme visibilidad en poder de decisión; para que el gobierno de Petro haga tangible la promesa de una transición justa; y para que la región, de una vez por todas, lidere en la práctica una agenda verde que combine justicia social, protección de la vida y prosperidad sostenible. La pregunta que quedará abierta al concluir las cumbres no será solo qué acuerdos se firmaron en los papeles, sino qué políticas se implementarán en los territorios donde la sostenibilidad se gana o se pierde día a día.