Tres males modernos: bancos, peajes y trámites, la triple trampa del ciudadano colombiano
GMTV Productora Internacional 
Por Gustavo Melo Barrera – GMTV Productora Internacional
En Colombia, la vida cotidiana parece una carrera de obstáculos diseñada por un comité invisible de burócratas, banqueros y concesionarios de peajes. No importa si eres un empresario, un trabajador o un ciudadano de a pie: tarde o temprano caerás en las redes de alguno de estos tres grandes males modernos —los bancos, los peajes y los trámites de construcción—, un triángulo perfecto del desgaste económico y psicológico nacional.
Lo más preocupante es que estos tres sectores, aunque diferentes, comparten un mismo ADN: la capacidad de convertir lo que debería ser un servicio en una fuente inagotable de frustración y rentas para unos pocos.
Los bancos: cobrar por respirar
En teoría, los bancos deberían ser los aliados del desarrollo, los grandes intermediarios que transforman el ahorro en inversión productiva. En la práctica, se han vuelto los dueños del aire financiero que respiramos. En Colombia, donde la bancarización se presenta como un logro nacional, tener una cuenta bancaria equivale a firmar un contrato de obediencia.
Comisiones por transferencias, cobros “por mantenimiento”, intereses de tarjetas que rozan la usura, seguros impuestos sin autorización y una atención al cliente que parece diseñada para probar la paciencia humana. El usuario promedio no tiene idea de cuánto paga por tener su dinero “seguro”.
Según la Superintendencia Financiera, los bancos colombianos obtienen márgenes de intermediación muy superiores al promedio latinoamericano, mientras la rentabilidad de la banca supera los 18 billones de pesos anuales. La paradoja: los bancos ganan más, pero prestan menos.
El crédito empresarial está concentrado en grandes compañías, mientras el ciudadano común o el pequeño comerciante enfrenta tasas que lo asfixian. Y ni hablar de los microempresarios: las fintech prometen inclusión, pero siguen atadas a modelos de crédito que castigan la informalidad y la falta de historial bancario.
Durante la pandemia, la banca reportó utilidades récord. Después, cuando el país más necesitaba alivios, la respuesta fue un aumento en los intereses y una avalancha de productos “digitales” que trasladaron los costos del servicio al usuario. Hoy, el banco ya no te atiende: te hace llenar formularios, chatear con robots o esperar en fila virtual mientras tus ahorros pierden valor real frente a una inflación persistente.
Los peajes: el impuesto invisible
Viajar por Colombia se ha convertido en un lujo. No por el combustible, sino por los peajes. Cada 50 o 60 kilómetros, una cabina te recuerda que moverte tiene precio. El país tiene más de 180 peajes activos, y en algunos trayectos los conductores deben pagar entre $120.000 y $200.000 solo en peajes de ida y vuelta.
El resultado es un sistema que grava el transporte, encarece los productos básicos y reduce la competitividad regional.
El argumento de siempre es que los peajes financian la infraestructura. Pero ¿cuántas veces hemos visto concesiones prorrogadas, obras que se atrasan o contratos que se renegocian a favor de las empresas operadoras? En Colombia, el modelo de concesión parece más un matrimonio sin divorcio: el Estado asume los riesgos, los ciudadanos pagan los costos y los operadores garantizan sus ingresos incluso cuando la vía no está terminada.
El caso de la Ruta del Sol II es un ejemplo emblemático. Corrupción, sobrecostos, pleitos judiciales y, al final, los usuarios siguen pagando. Y mientras tanto, los peajes se ajustan cada año por encima del IPC, incluso cuando las carreteras están llenas de huecos y la seguridad vial es precaria.
Las vías 4G y 5G prometen modernidad, pero detrás de cada megaproyecto hay un contrato a 25 o 30 años que asegura el cobro de peajes con incrementos automáticos. Lo paradójico es que, pese a tanto cobro, Colombia sigue siendo uno de los países con mayores costos logísticos del continente. Transportar un contenedor de Buenaventura a Bogotá cuesta más que enviarlo de Cartagena a Shanghái.
Trámites y permisos: el laberinto de la construcción
El tercer gran mal tiene un rostro menos visible, pero igual de perverso: los trámites para reparaciones o construcciones. En teoría, la normatividad busca garantizar seguridad, urbanismo responsable y control ambiental. En la práctica, el sistema de licencias de construcción y remodelación se ha vuelto una maraña que castiga la formalidad y premia la corrupción.
Un propietario que desee cambiar el techo, ampliar una cocina o reforzar una pared se enfrenta a una cadena de permisos, estudios, planos, revisiones estructurales, pagos de curadurías y sellos municipales. Cada documento cuesta tiempo y dinero.
Peor aún, los tiempos de respuesta de las oficinas de planeación y curadurías suelen ser impredecibles: semanas que se vuelven meses, y meses que se transforman en años.
Detrás de esta burocracia hay intereses que pocos mencionan. Cada trámite es una oportunidad para el “agilizador”, el intermediario informal que promete resolver lo que el sistema retrasa. Así, el exceso de regulación alimenta la informalidad: miles de construcciones menores se hacen sin permisos porque el costo y el papeleo son desproporcionados.
Las grandes constructoras, en cambio, cuentan con equipos jurídicos y relaciones institucionales que les permiten navegar el laberinto con facilidad. El resultado: desigualdad estructural y desconfianza ciudadana hacia la institucionalidad.
Un sistema que castiga al ciudadano productivo
Estos tres males —la banca extractiva, los peajes perpetuos y la burocracia de los trámites— tienen algo en común: desincentivan la productividad. Castigan al que trabaja, ahorra o construye.
En lugar de un Estado facilitador, tenemos un ecosistema que premia la ineficiencia y penaliza el esfuerzo individual.
En los países donde la economía funciona, el crédito impulsa el crecimiento, las vías conectan regiones y los trámites simplifican la inversión. En Colombia, ocurre lo contrario: los bancos intermedian para sí mismos, los peajes se vuelven un impuesto privado y los trámites son un freno a la economía doméstica.
No es solo una cuestión económica; es un problema de confianza. ¿Cómo confiar en un sistema donde todo parece diseñado para que el ciudadano pague más y reciba menos?
La oportunidad del cambio: tecnología, transparencia y simplificación
No todo está perdido. Existen salidas, pero requieren voluntad política y regulación inteligente.
En el sector financiero, urge una reforma de tarifas bancarias y la promoción real de la banca digital pública, con plataformas estatales que compitan por servicio y no por exclusión. Los bancos deben rendir cuentas sobre cada peso que cobran y cada crédito que niegan.
En el caso de los peajes, Colombia necesita una auditoría integral del modelo de concesiones. No puede ser que los ciudadanos sigan pagando por vías inconclusas o que los contratos se renueven automáticamente. Los peajes deben tener límites de tiempo y de rentabilidad.
Y en los trámites de construcción, el país debería avanzar hacia una ventanilla única digital, donde el ciudadano pueda tramitar y pagar en línea sus permisos, con plazos garantizados y sin intermediarios. La simplificación administrativa no es un lujo: es un motor de empleo, legalidad y confianza.
Conclusión: la revolución silenciosa del ciudadano cansado
En las redes sociales, el descontento con los bancos, los peajes y los trámites ya es viral. Pero la queja, sin acción, se convierte en resignación.
La verdadera revolución no será violenta ni ideológica: será digital, fiscal y ciudadana. Comienza cuando exigimos transparencia, cuando dejamos de normalizar los cobros injustos, y cuando entendemos que la eficiencia también es un derecho.
Colombia no necesita más discursos sobre productividad: necesita instituciones que dejen de obstaculizarla. Porque, al final, el verdadero progreso se mide en algo tan simple como esto: qué tan fácil es vivir, moverse y construir en tu propio país.
#LaTripleTrampaColombiana
