Cali 2025: cuando la inseguridad y el desorden administrativo tensan la paciencia ciudadana

Redacción Regiones

La capital del Valle del Cauca enfrenta un momento crítico. Las cifras recientes reflejan un alarmante aumento de la violencia:

Según un reporte hasta el 17 de noviembre de 2025, Cali registró 909 homicidios en lo corrido del año.  Un corte más reciente (reportado al 26 de noviembre) indica que la ciudad iba en 943 homicidios.

Esto representa un aumento respecto al mismo periodo de 2024: en 2024 para ese momento había 843 homicidios registrados.

Algunas fuentes lo califican como “el año más violento desde al menos 2022.

Las comunas con más violencia reportada en 2025 son —al menos en varios reportes— la Comuna 15, seguida por la Comuna 14 y la Comuna 18 — un dato que estremece a quienes creían que los peores tiempos habían quedado atrás.

Estas cifras muestran que la violencia no es un episodio aislado, sino una tendencia que se agrava. Pero lo que alarma tanto como los números es la sensación colectiva de que las respuestas institucionales no alcanzan —y en muchos casos resultan contradictorias, desconectadas e insuficientes.

El desconcierto administrativo: promesas, control y resultados flojos

Bajo la administración de Eder, la estrategia de seguridad ha mezclado discursos de control, reforzamiento policial y promesas de recuperación urbana. Sin embargo, el panorama real parece revelar un desorden administrativo que conspira contra cualquier plan de reconstrucción social.

A pesar de los operativos y las promesas de “orden”, los homicidios continúan al alza. Las comunas más afectadas coinciden con zonas históricamente vulnerables —lo que sugiere que la intervención estatal ha sido poco efectiva o mal focalizada.

El enfoque en “control” muchas veces se traduce en más presencia policial, cámaras de foto multas o medidas punitivas, sin un acompañamiento real de políticas de prevención, inclusión social o rehabilitación urbana. El resultado: inseguridad, desconfianza y sensación de abandono.

Si la administración prioriza la entrada policial y los formularios, pero omite la reconstrucción social —calles dignas, educación, oportunidades, espacios comunitarios—, entonces no solo fracasa en reducir la violencia: reproduce las condiciones que la generan.

Corrupción, clientelismos o improvisación: la sombra de la desconfianza

Hoy existe un clima de sospecha: muchos caleños sienten que no hay claridad, ni control real, sobre cómo se toman decisiones administrativas ni a qué intereses responden. Esa desconfianza no es menor: en ciudades como Cali —marcadas por desigualdades estructurales, economías subterráneas y desesperanza social— la opacidad gobierna con más firmeza que lo público.

Cuando los canales de información no funcionan —cuando no se explica, no se rinde cuentas, no se permite la vigilancia ciudadana—, la corrupción deja de ser solo una posibilidad: se vuelve parte del paisaje. Y eso agrava la inseguridad, no solo como delito, sino como política de Estado fallida.

La ciudadanía agotada: ¿hasta cuándo tolerar los cráteres en la ciudad y la impunidad en la política?

Para quienes viven en Cali, 2025 ya no es solo un año más de cifras alarmantes: es un punto de inflexión. Entre asesinatos, cráteres en las calles, ausencia de oportunidades y gobernantes que prometen control, lo que más duele es la sensación de abandono.

Que una administración anuncie planes de “recuperación urbana” o “refuerzo de seguridad” no basta si esos planes terminan en más violencia, más foto multas, más precariedad. Lo que pide la ciudad no son promesas ni discursos, sino resultados tangibles: calles transitables, justicia efectiva, oportunidades reales, protección para los vulnerables.

Y mientras la gente sufre, muchos se preguntan: ¿para quién gobierna esta administración? Si el Estado no es garantía de vida digna, ¿quién lo será?

Conclusión: no basta con cifras, hacen falta compromisos reales

Las estadísticas muestran un panorama frio, numérico. Pero detrás están vidas, sueños truncados, miedo cotidiano. En Cali hay algo peor que la violencia: es la normalización de la ineficacia estatal. Cuando los ciudadanos dejan de confiar en quienes debieran protegerlos, la ciudad empieza a rendirse.

Esta administración —y cualquier otra que venga después— tiene el desafío histórico de reconstruir no solo calles, sino confianza social. Si no lo hace, los cráteres en la vía seguirán siendo el menor de los males.

Adenda: ¿Para quién gobierna el alcalde Eder… o quién gobierna realmente a Cali?

En Cali, la pregunta que se repite en calles, buses, barrios y reuniones comunitarias no es nueva, pero sí urgente: ¿para quién está gobernando Alejandro Eder? La creciente distancia entre las necesidades de la ciudad y las decisiones de la administración ha alimentado una duda más profunda y corrosiva: ¿quién gobierna realmente en Cali?

La percepción ciudadana es que las prioridades del gobierno local parecen moverse en una dirección distinta a la vida cotidiana de la gente. Mientras la ciudadanía enfrenta homicidios en aumento, transporte en crisis y barrios enteros abandonados a su suerte, la administración insiste en discursos de “orden”, en medidas de control vehicular y en una agenda que, para muchos, no logra tocar los problemas que más duelen.

Pero el dilema va más allá de la ineficacia. Cuando una alcaldía parece más preocupada por administrar sanciones que soluciones, por gestionar comunicaciones antes que realidades, o por sostener alianzas políticas antes que escuchar a la población, surge la inquietud de que el poder local esté respondiendo más a intereses internos —económicos, burocráticos, partidistas— que a los ciudadanos que la eligieron.

No se trata de sugerir conspiraciones ni de atribuir intenciones ocultas. Se trata de observar lo que ven los caleños: barrios sin presencia institucional, programas sociales frágiles, decisiones desconectadas y un gobierno que a veces parece más atento a agendas externas que a la de sus propios habitantes.

La gobernabilidad no se sostiene solo con la legalidad del cargo, sino con la legitimidad del ejercicio. Y esa legitimidad está hoy en disputa. Cuando la gente deja de entender —o de creer— para quién se gobierna, el vacío lo llenan el escepticismo, la frustración y la pérdida de confianza.

Cali no necesita un gobernante que actúe como gerente de crisis; necesita un líder que represente su complejidad, que se deje interpelar, que entienda que gobernar no es administrar la ciudad desde arriba sino caminarla desde adentro.

Mientras esa desconexión persista, la pregunta seguirá resonando cada vez más fuerte:

¿Gobierna el alcalde… o gobiernan fuerzas que la ciudadanía no ve, no elige y no controla?

En una ciudad que lucha por recuperarse, la transparencia no es un lujo: es una necesidad vital. Y la primera obligación de cualquier alcalde es disipar dudas, no alimentarlas. El proceso de revocatoria avanza, pero más lento de lo que debería, pues Cali necesita cirugía administrativa urgente para que la feria siga siendo feria, y la ciudad siga siendo la sucursal del cielo, aunque hoy parece más la sucursal del infierno…