Por Gustavo Melo Barrera – GMTV Productora Internacional
En Colombia, la prensa tradicional atraviesa su peor momento en décadas. Y no porque haya perdido influencia —todavía conserva micrófonos estratégicos, plataformas amplificadas y la capacidad de marcar agenda— sino porque su crisis ya no puede maquillarse con el viejo cuento de guardianes de la verdad. En medio de la polarización nacional, lo que aflora no es solo incompetencia o sesgo: es mala fe. Mala fe como práctica editorial, como estrategia comercial y, más grave aún, como modelo de negocio.
Hoy, mientras el país discute reformas esenciales, decisiones históricas y tensiones políticas profundas, ciertos medios parecen dedicados más a fabricar ruido que a aclararlo. Su obsesión no es la precisión, sino la fricción; no es el rigor, sino el escándalo; no es la ética, sino el rating. Y cuando las fronteras entre información y propaganda se difuminan, las consecuencias no son únicamente morales: son democráticas.
En cualquier país con un sistema institucional mínimamente funcional, varios de los montajes, refritos y distorsiones que se publican a diario habrían generado consecuencias jurídicas, civiles o incluso penales. Pero en Colombia —donde la impunidad mediática ha sido norma y no excepción— la falta de responsabilidad se ampara en un relato casi sagrado: “la libertad de prensa”. Un escudo que debería proteger la verdad, pero que aquí ha terminado protegiendo a quienes lucran deliberadamente de la distorsión.
Un deterioro anunciado, pero cuidadosamente oculto
La crisis actual no nació de la noche a la mañana. Viene incubándose desde hace años bajo la superficie, mientras los conglomerados de medios escondían sus problemas financieros detrás de titulares altisonantes y debates prefabricados. La diferencia es que, ahora, la máscara se está cayendo. Y no gracias a investigaciones profundas o auditorías públicas, sino por algo mucho más básico: las peleas internas.
Lo que antes se mantenía en los pasillos —las presiones comerciales, la selección interesada de invitados, la pauta condicionada, la subordinación de la ética al negocio— hoy se filtra por las redes sociales, donde periodistas de vieja guardia ventilan trapos sucios que antes negaban. De un momento a otro, reporteros que por años callaron abusos laborales, censuras editoriales o directrices políticas impuestas desde arriba, ahora denuncian abandono, ingratitud y explotación.
Pero estas quejas, aunque legítimas, también revelan algo incómodo: muchos sabían exactamente cómo funcionaba el sistema. Y aun así participaron, legitimaron, obedecieron e incluso promovieron el modelo. Hoy se declaran víctimas, pero durante décadas fueron engranajes indispensables del aparato que ayudó a moldear la opinión pública bajo criterios que poco tenían que ver con la verdad.
Los medios se sorprenden de que sus periodistas mintieran. ¿En serio??.
La más reciente ironía de este paisaje es la postura cínica de ciertas directivas. Con tono de falsa inocencia, ahora acusan a sus propios periodistas de haber mentido, exagerado o manipulado información durante años. Como si la cultura de redacciones jerárquicas, presionadas por anunciantes y dominadas por intereses empresariales, no hubiera sido creada precisamente por ellos.
Cuando un medio afirma que “hubo reporteros que hicieron daño”, sin revisar cómo fue posible que lo hicieran, no está haciendo autocrítica: está buscando chivos expiatorios. Es un intento torpe de lavar la cara sin mojarse las manos.
Porque la verdad —la verdad histórica, incómoda y documentada— es que en Colombia el negocio siempre estuvo primero:
el negocio de la pauta, el negocio de las relaciones políticas, el negocio de la influencia, el negocio de la reputación.
Y cuando se prioriza el negocio sobre la ética, el resultado es inevitable: la moral se vuelve un accesorio, no una columna vertebral.
El chantaje como forma de poder
La polarización actual no creó el chantaje mediático: simplemente lo hizo evidente. La dinámica es vieja y perfectamente conocida por quienes han pasado por la vida pública. El mecanismo funciona así:
publicamos lo que quieras… o lo que no quieras… según cómo te portes con nosotros.
Y aunque parezca un guion sacado de “House of Cards”, en Colombia es un secreto a voces. Empresarios, funcionarios, líderes sociales y hasta pequeños comerciantes lo saben: la máquina mediática puede fabricar héroes o villanos a voluntad. Y cuando esa capacidad de influir se combina con precariedad económica y competencia por clics, el incentivo para caer en el sensacionalismo tóxico se vuelve irresistible.
Hoy, con las redes sociales disputando el control del relato, el chantaje mediático se ha vuelto más torpe, más desesperado, más evidente. Y en esa desesperación, la mala fe ya no se disimula: se impone como estrategia.
La ética como daño colateral
Si algo ha dejado claro esta crisis es que la ética nunca fue el centro del oficio. Fue, en el mejor de los casos, un discurso. Una bandera usada cuando convenía y guardada cuando molestaba. Y lo que estamos viendo —los montajes reciclados, los escándalos reempaquetados, los “refritos” disfrazados de primicias— es simplemente el deterioro final de esa fachada.
Al estilo de ciertos escándalos globales —recordemos el caso del Washington Post en tiempos de confrontación con la Casa Blanca—, la prensa colombiana enfrenta hoy el juicio del público digital, un público que ya no necesita intermediarios para formarse una opinión. Un público que puede contrastar información, grabar en vivo, publicar documentos, compartir videos sin edición.
El viejo monopolio del relato se está desmoronando. Y para muchos medios, la pérdida de control se siente como pérdida de poder. Por eso reaccionan con virulencia ante cualquier cuestionamiento. Por eso atacan más fuerte cuando se sienten amenazados. Por eso están dispuestos a sacrificar la verdad con tal de conservar la narrativa.
La caída de las roscas y el viejo poder que se niega a soltar la silla
El desplome de las viejas roscas mediáticas está revelando algo aún más incómodo: la resistencia feroz de quienes se atornillaron durante décadas en posiciones de poder dentro de los medios. Muchos de ellos, que ya deberían estar disfrutando de sus pensiones o dedicados a los frutos —o sombras— de sus negocios privados, continúan aferrados a los cargos como si fueran propiedad hereditaria. Y no lo hacen por vocación, ni por servicio público, ni por amor al oficio: lo hacen porque durante años los medios fueron una plataforma de influencia, impunidad y privilegios que ahora no quieren perder.
Lo más grave es que las empresas de comunicación han sido cómplices activas de este estancamiento generacional. Con tal de preservar sus estructuras internas —y las rentas que estas estructuras históricamente generaron— han cerrado puertas sistemáticamente a nuevas voces, nuevas narrativas y nuevos reporteros. No por falta de talento joven, que abunda, sino por la necesidad de proteger los intereses, lealtades y pactos tácitos que sostuvieron el negocio durante décadas.
Mientras los medios se lamentan públicamente por la precarización laboral, ocultan que gran parte de ese deterioro nació precisamente de su decisión de privilegiar a unos pocos “inamovibles” en vez de democratizar oportunidades. Esos puestos congelados —mantenidos muchas veces por fidelidades políticas, acuerdos opacos o por simple comodidad— terminaron desplazando el relevo natural de la profesión y alimentando la desigualdad dentro de las redacciones.
Hoy esas mismas figuras insisten en presentarse como guardianes de la ética y la experiencia, pero son ellas quienes ayudaron a establecer la cultura interna que permitió la censura sutil, la pauta condicionada y la subordinación del periodismo al negocio. Y mientras tanto, generaciones enteras de periodistas jóvenes han tenido que construir carrera por fuera del sistema, en medios alternativos o plataformas digitales, porque el sistema tradicional nunca quiso renovarse: quiso perpetuarse.
La crisis actual, en buena parte, es también la consecuencia directa de ese bloqueo. De la negativa a abrir ventanas. De la obsesión por proteger viejos privilegios. Y del error monumental de confundir antigüedad con autoridad moral
El colapso de las viejas roscas mediáticas —esas redes informales donde se definía qué se publicaba, qué se omitía y a quién se protegía— ha dejado a muchos expuestos. Y en ese desorden, lo que emerge es la memoria. Memoria de quién mintió, quién presionó, quién silenció, quién negoció titulares.
Lo que antes era un rumor se convierte ahora en evidencia compartida:
que hubo periodistas que actuaban como operadores políticos;
que hubo directores que hacían cálculos electorales;
que hubo periodistas infiltrados por paramilitares y narcotraficantes para recibir información privilegiada
que hubo reporteros que maquillaban versiones oficiales;
que hubo dueños que se creyeron árbitros del país.
Hoy todo eso sale a la luz no por una epifanía ética, sino por un conflicto económico. Y aunque la motivación sea mezquina, el resultado es útil: por fin vemos lo que siempre estuvo ahí.
¿Qué viene ahora?
La crisis no implica la muerte del periodismo. Implica la muerte de un modelo de poder.
Un modelo que se presentaba como neutral, pero estaba profundamente comprometido con intereses particulares.
Un modelo que vendía independencia, pero financiaba su operación mediante favores políticos y empresariales.
Un modelo que hablaba de responsabilidad, pero rara vez la practicaba.
Lo que viene, inevitablemente, es una recomposición.
Medios más pequeños, más transparentes, más especializados.
Plataformas híbridas entre periodismo y comunidad.
Modelos de financiación sin intermediarios.
Y un ecosistema donde la credibilidad ya no se hereda: se gana cada día.
La verdad ya no es propiedad privada
El error monumental de la prensa tradicional fue creer que podía administrar la verdad como un activo exclusivo, como si el país estuviera condenado a enterarse de todo a través de un puñado de cabinas de radio y redacciones privilegiadas.
Ese tiempo ya pasó.
En la era digital, la verdad tiene múltiples voces, múltiples cámaras, múltiples testigos. Y cuando la prensa intenta manipularla, la reacción es inmediata. Ya no hay editorial que pueda contener el flujo de evidencia ciudadana. Ya no hay columnista capaz de reescribir un video viral. Ya no hay montaje que dure más de 24 horas antes de ser desmontado por la gente común.
La verdad, por fin, está dejando de ser un negocio para convertirse en un derecho colectivo.
Conclusión
La mala fe de ciertos medios no solo ha dañado la confianza pública: ha puesto en riesgo la función democrática que deberían cumplir. La crisis que enfrentan no es únicamente financiera: es moral. Es la factura de décadas de prácticas opacas, de alianzas poco confesables y de un hábito profundamente arraigado de confundir poder con periodismo. Y aunque intenten salvarse culpando a sus antiguos trabajadores, inventando enemigos o fabricando escándalos, el ciclo está llegando a su fin. Porque en Colombia, por primera vez en mucho tiempo, la prensa ya no tiene la última palabra. La tiene la ciudadanía. Y esa es, probablemente, la mejor noticia de este nuevo tiempo.