Unidad Investigativa
Valentina Gómez nació en Medellín, Colombia, el 8 de mayo de 1999 y emigró a Estados Unidos con su familia en 2009.
Con apenas 26 años, ha emergido como una figura de la ultraderecha estadounidense, bajo la bandera del ala más radical del Partido Republicano (o al menos bajo la retórica del movimiento “MAGA”).
Su carrera previa incluye actividades como inversionista inmobiliaria, lo que le dio cierto perfil socioeconómico.
Pero lo que verdaderamente le dio notoriedad fue su uso de redes sociales para difundir mensajes violentos, xenófobos, homófobos y antinmigrantes.
Entre sus declaraciones más polémicas:
En diciembre de 2024 publicó un video en la plataforma X donde simula la ejecución de un migrante: aparece disparando un revólver a un maniquí, con el mensaje: “Ejecuciones públicas para cualquier ilegal que viole o mate a un americano. No merecen deportación, merecen que se les acabe”.
En otras ocasiones, quemó libros relacionados con diversidad sexual, justificando sus acciones con argumentos como que esos libros “inducen” ideologías que según ella dañan a niños.
En 2025 protagonizó un incidente en un evento del “Día del Capitolio Musulmán de Texas”, donde irrumpió y lanzó insultos contra la comunidad musulmana, acusando al islam de ser “la religión de la violación, el incesto y la pedofilia”.
Sus declaraciones volvieron a generar indignación, sobre todo cuando reclamó públicamente mediante insultos y calificativos gruesos contra figuras políticas como Kamala Harris, y contra comunidades vulnerables.
En entrevistas y declaraciones a medios, Gómez ha adoptado un discurso de “mano dura” contra inmigrantes, el crimen y la delincuencia —incluso llega a proponer la pena de muerte y la ejecución directa—.
En ese contexto, ha usado también ataques a figuras latinoamericanas, como Petro, acusándolo de corrupción, droga o de ser “violador”.
Ese fue el origen mediático de su candidatura: una joven inmigrante latinoamericana dispuesta a usar provocación y odio como fórmula para abrirse paso en la política estadounidense. Pero como veremos, esa estrategia terminó demostrando sus límites.
Jonathan Gomez Noriega: ¿un hermano implicado?
Detrás de Valentina existe un hermano con un perfil público propio: Jonathan Gomez Noriega. Él trabajaba como asesor para el alcalde de la ciudad de Jersey City, New Jersey, miembro del equipo municipal y formaba parte del grupo de trabajo LGBTQ+ de la ciudad.
Su implicación en la campaña de su hermana atrajo atención cuando se reveló que había hecho donaciones a su candidatura, lo que generó críticas desde grupos de derechos civiles.
En consecuencia, fue despedido de su cargo en agosto de 2024.
Tras su despido, Jonathan denunció en una demanda federal que fue víctima de “retaliación, discriminación y difamación”, argumentando que su despido se dio por apoyar la campaña de su hermana.
Este episodio no solo manchó la imagen de los Gómez como familia, sino que evidenció maniobras de represalia institucional ante apoyo a discursos extremistas —y puso en tela de juicio a quienes dentro del establishment aceptan o financian esas posturas.
La campaña de odio contra Petro — y por qué no prosperó
Uno de los ejes de la campaña pública de Valentina Gómez ha sido el ataque abierto al presidente colombiano Gustavo Petro. En redes, ha repetido consignas ofensivas, acusaciones graves (corrupción, drogas, abuso) y ha descrito sus políticas —y en particular el Acuerdo de Paz— como “lo más inútil y corrupto de la historia de Colombia”.
Ese discurso, combinando nacionalismo, xenofobia y odio, pretendía expandirse también hacia comunidades inmigrantes latinas e islámicas, buscando movilizar resentimientos, miedos e inseguridades. Pero lejos de traducirse en éxito electoral, terminó relegándola a un fracaso.
En las primarias republicanas de 2024 para la Secretaría de Estado en el estado de Missouri, Valentina obtuvo apenas 7.4 % de los votos, quedando sexta de ocho candidatas.
Esto evidencia que el “terror mediático” no bastó para convertir viralidad en respaldo real: su discurso polarizante provocó repudio amplio, incluso dentro de su propio electorado potencial.
La campaña de odio, lejos de movilizar, expuso la superficialidad de su estrategia: parecía más espectáculo que programa serio, más provocación que propuesta viable. Sus excesos generaron rechazo incluso entre votantes conservadores moderados, y la sociedad civil, organizaciones de inmigrantes y derechos humanos se unieron en condena a sus mensajes de odio.
¿Qué revela este caso sobre el partido Republicano y su imagen deteriorada?
El ascenso de figuras como Valentina Gómez revela una tendencia preocupante dentro del ala más extremista del Partido Republicano: la apuesta por discursos de odio, polarización y confrontación —no por proyectos de ley, no por políticas públicas, sino por temor, resentimiento y violencia simbólica.
Este fenómeno debilita la imagen del partido, alejándolo de una alternancia democrática sana y empujándolo hacia la radicalización. En el caso de Gómez, el fracaso electoral demuestra que hay límites: no todo discurso incendiario se traduce en legitimidad política.
Además, la historia del hermano —despedido por apoyar esos discursos— evidencia que incluso dentro de las instituciones que se pretenden democráticas, hay mecanismos de sanción hacia quienes respaldan el odio, lo que no solo desacredita a los individuos, sino a las redes que los respaldan.
Para las comunidades inmigrantes, latinas, LGBTIQ+ y religiosas, este tipo de figuras representan una amenaza real: no solo simbólica, sino de políticas regresivas, discriminación sistemática y exclusión. Que hayan sido rechazadas en las urnas debería ser un mensaje: la dignidad y la convivencia todavía pesan más que el miedo y el odio.
Voces críticas: testimonios de rechazo y alerta
En una entrevista con un medio de prensa hispano, un representante de una coalición de derechos para inmigrantes declaró: “Esto es extremadamente peligroso, no lo podemos tolerar” refiriéndose al video de Gómez instando ejecuciones públicas.
Organizaciones de derechos LGBTIQ+ enviaron cartas al alcalde de Jersey City manifestando su preocupación por la participación de Jonathan Gómez en el grupo de trabajo LGBTQ+, dado su respaldo a una campaña abiertamente homófoba.
En su demanda, Jonathan afirmó sentirse víctima de “retaliación” por ejercer su derecho de apoyar a su hermana políticamente: un caso paradigmático de polarización institucional.
Estos testimonios y denuncias no solo narran hechos puntuales: componen un relato de cómo se utilizó el miedo, el odio y la violencia simbólica para buscar poder —y cómo la sociedad, en su mayoría, respondió con rechazo.
Conclusión: Por qué este experimento político de odio fracasó — y qué deberíamos aprender
El episodio de Valentina Gómez y Jonathan Gómez es un ejemplo de hasta dónde pueden llegar las estrategias políticas basadas en odio, miedo y manipulación mediática. Pero también deja en claro sus límites: la democracia, aunque frágil, puede resistir cuando los ciudadanos valoran la convivencia, la diversidad y los derechos humanos.
Su derrota electoral demuestra que la población no está dispuesta a premiar el discurso del odio con su voto.
La condena institucional a quienes apoyaron sus posturas —incluido el despido de su hermano— muestra que hay salvaguardas, aunque frágiles, ante los extremismos.
Para el Partido Republicano, este caso es una mancha en su reputación: evidencia que su ala más radical pone en riesgo no solo a minorías vulnerables, sino la propia legitimidad del sistema político.
Para Colombia —y para quienes apoyan figuras democráticas como Gustavo Petro—, este caso debe servir de alerta: la globalización y la migración permiten que discursos xenófobos lleguen de retorno, señalen, acusen, difamen. La defensa de los derechos humanos, la dignidad, la tolerancia y la memoria son más valiosas que nunca.
En ese sentido, el fracaso de esta campaña de odio no es sólo una derrota de una familia: es una victoria del decoro, del pluralismo y de la posibilidad de coexistir en sociedades cada vez más diversas.