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Redacción Política – GMTV
En toda democracia madura, las encuestas cumplen una función clara y limitada: medir estados de opinión en un momento específico, con rigor metodológico, transparencia y responsabilidad pública. Cuando ese instrumento se degrada, deja de informar y empieza a distorsionar. En Colombia, ese punto de quiebre parece haber sido superado hace tiempo.
Pese a nuevas normas que prometían ordenar y regular la actividad de las firmas encuestadoras, los resultados siguen siendo los mismos de siempre. Estudios que, con alarmante frecuencia, anuncian como ganador al candidato que coincide —no casualmente— con los intereses políticos o económicos de quien financia la medición. Encuestas construidas sobre muestras irrisorias, que en muchos casos no alcanzan ni el uno por ciento de la población votante del país, pero que se presentan ante la opinión pública como radiografías fieles del sentir nacional.
El problema no es solo técnico. Es ético, institucional y profundamente político. Muchas de estas empresas pertenecen o están vinculadas a personas y grupos económicos con amplio historial de participación en la política tradicional, algunos de ellos señalados por sus nexos con redes clientelistas, clanes regionales o escándalos de corrupción. El conflicto de interés es evidente, pero rara vez reconocido.
Las nuevas leyes que regulan las encuestas parecían una oportunidad para corregir estas distorsiones. Sin embargo, su aplicación ha sido débil, selectiva o, en el peor de los casos, inexistente. Las obligaciones de transparencia metodológica se cumplen apenas en el papel; los mecanismos de sanción brillan por su ausencia; y los entes de control observan, pero no actúan con la contundencia que la situación exige.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿para esto se promulgó la Constitución de 1991? ¿Para permitir que instrumentos supuestamente técnicos sean usados como herramientas de propaganda política encubierta? ¿Dónde están los organismos encargados de garantizar la limpieza del debate público y la igualdad de condiciones entre los competidores electorales?
Las amenazas a la democracia colombiana no provienen de un solo frente. Es cierto que el Consejo Nacional Electoral ha sido duramente cuestionado por decisiones polémicas y lecturas jurídicas flexibles. También lo es que la Registraduría ha tomado determinaciones que generan desconfianza ciudadana. Pero reducir el problema a estas instituciones sería incompleto. Las encuestas manipuladas —o, al menos, metodológicamente irresponsables— también erosionan el proceso democrático.
Cuando una encuesta sin sustento técnico se difunde masivamente, no solo informa: condiciona. Influye en votantes indecisos, desestimula la participación, legitima narrativas de victoria anticipada y contribuye a construir una sensación artificial de inevitabilidad. En un país con profundas desigualdades de acceso a la información, ese efecto es aún más peligroso.
No se trata de censurar las encuestas ni de negar su valor potencial. Se trata de exigir estándares mínimos de seriedad. Muestras representativas, metodologías auditables, financiamiento transparente y sanciones reales para quien incumpla. Sin estos elementos, las encuestas dejan de ser un termómetro social y se convierten en un instrumento de poder al servicio de los mismos actores de siempre.
La democracia no se debilita de un solo golpe. Se desgasta lentamente, a través de prácticas normalizadas que nadie parece dispuesto a corregir. Permitir que la opinión pública sea moldeada por cifras dudosas y estudios opacos es una forma silenciosa —pero eficaz— de sabotear la voluntad popular.
Si las instituciones creadas para vigilar, regular y sancionar no cumplen su función, la pregunta ya no es quién ganará la próxima elección, sino cuánto más puede resistir la confianza ciudadana en el sistema. Y una democracia sin confianza es apenas una formalidad vacía.
Adenda: confrontación política y selectividad institucional
Al deterioro del debate democrático se suma una estrategia de campaña cada vez más visible en sectores cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En las últimas semanas han circulado videos en los que supuestos “ciudadanos espontáneos” replican mensajes políticos en escenarios que, de manera evidente, corresponden a fincas, espacios laborales rurales o entornos bajo control privado. La puesta en escena, más que la espontaneidad, revela una intención propagandística cuidadosamente construida.
Estas prácticas no son aisladas ni novedosas. El propio exmandatario ha reconocido públicamente el uso de estructuras digitales organizadas —conocidas como “bodegas”— para la difusión de mensajes políticos y campañas de desprestigio contra adversarios y contra el actual gobierno nacional. Pese a la gravedad de estas declaraciones, los entes de control no han demostrado un interés proporcional en investigar su alcance, financiación o posible vulneración de las normas electorales.
El contenido que acompaña estas estrategias resulta igualmente preocupante. Predomina un lenguaje beligerante, de confrontación permanente, que apela al miedo, a la polarización y a narrativas que pueden ser fácilmente desmentidas mediante datos oficiales y hechos verificables. No se busca informar, sino erosionar la confianza ciudadana y reinstalar la idea de un enemigo interno como eje del debate político.
La ausencia de una respuesta institucional clara plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué estas conductas parecen recibir un trato distinto al aplicado a otros actores políticos? En una democracia funcional, nadie debería situarse por encima del escrutinio legal. Cuando la justicia parece selectiva, no solo se debilita el Estado de derecho: se normaliza la impunidad como herramienta política.
