Escalada de violencia entre guerrillas rivales deja al menos 27 muertos en Colombia
GMTV Productora Internacional 
Redacción Orden Público y Justicia
Una nueva escalada de violencia entre grupos armados ilegales sacudió a Colombia esta semana, dejando al menos 27 combatientes muertos en enfrentamientos entre facciones disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los combates ocurrieron en el departamento del Guaviare, una región estratégica para el narcotráfico y uno de los territorios donde el Estado mantiene una presencia limitada.
De acuerdo con fuentes militares y de seguridad, los enfrentamientos se produjeron entre dos grupos armados que surgieron tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Estas facciones, integradas por antiguos miembros de las FARC que rechazaron el proceso de desmovilización, disputan el control de corredores clave para el cultivo, procesamiento y transporte de cocaína hacia mercados internacionales.
El Guaviare, ubicado en el sur del país y caracterizado por su geografía selvática, se ha convertido en un epicentro de esta disputa. Su ubicación permite conectar zonas cocaleras con rutas fluviales y terrestres que facilitan el tráfico de drogas, armas y recursos ilícitos. En los últimos años, la región ha sido escenario recurrente de enfrentamientos armados, desplazamientos forzados y amenazas contra comunidades rurales.
Según información preliminar, los combates se extendieron durante varios días y se desarrollaron principalmente en áreas rurales de difícil acceso. La magnitud del enfrentamiento, que dejó decenas de muertos, refleja el nivel de fragmentación interna de los grupos armados ilegales y la creciente competencia por el control territorial tras la salida de las FARC como estructura unificada.
Analistas en seguridad señalan que este tipo de enfrentamientos evidencia uno de los principales desafíos del posconflicto colombiano: la incapacidad del Estado para ocupar de manera integral los territorios que quedaron vacíos tras la desmovilización de la guerrilla. En muchas regiones, esa ausencia fue aprovechada por disidencias, bandas criminales y grupos armados organizados que hoy se disputan economías ilegales con altos niveles de violencia.
“El fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más letal”, explicó un experto en conflicto armado consultado. “La fragmentación de los grupos armados ha generado una lógica de guerra más impredecible, con menos controles internos y mayor brutalidad en la disputa por rentas ilegales”.
El impacto de esta violencia no se limita a los actores armados. Comunidades campesinas e indígenas del Guaviare han denunciado confinamientos, restricciones a la movilidad y amenazas directas. Organizaciones de derechos humanos advierten que el recrudecimiento del conflicto en la región incrementa el riesgo de desplazamientos masivos y violaciones a los derechos fundamentales de la población civil.
El gobierno nacional, que impulsa una política de “paz total” basada en negociaciones y sometimiento de grupos armados, enfrenta en este contexto una prueba crítica. Si bien se han anunciado diálogos con algunas organizaciones ilegales, los enfrentamientos recientes muestran las dificultades para avanzar en procesos de negociación en territorios donde múltiples actores armados compiten simultáneamente.
Desde el Ministerio de Defensa se anunció un refuerzo de la presencia militar en la zona, así como operaciones para recuperar el control territorial. Sin embargo, voces críticas señalan que las respuestas exclusivamente militares han demostrado ser insuficientes si no se acompañan de inversión social, sustitución efectiva de economías ilícitas y fortalecimiento institucional.
La comunidad internacional observa con atención estos acontecimientos. Para varios analistas, el resurgimiento de enfrentamientos de esta magnitud pone en cuestión la estabilidad de algunas regiones rurales y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del proceso de paz a largo plazo.
Mientras tanto, el Guaviare vuelve a ser un recordatorio de que el conflicto armado colombiano no ha desaparecido, sino que ha mutado. La muerte de al menos 27 combatientes en un solo episodio subraya que, sin una presencia estatal integral y una estrategia coherente frente a las economías ilegales, la violencia rural seguirá siendo una amenaza latente para el país.
