Redacción Economía y Empleo
Colombia ha registrado avances importantes en la recuperación del empleo tras los impactos económicos de los últimos años. Las cifras oficiales muestran una reducción del desempleo y un aumento sostenido en la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, detrás de estos indicadores positivos persiste un problema estructural que limita la calidad del empleo: la informalidad laboral.
Según datos recientes, más de la mitad de los trabajadores en el país se desempeñan en condiciones de informalidad, sin acceso a seguridad social, pensión, riesgos laborales ni estabilidad contractual. Este fenómeno afecta de manera desproporcionada a ciertos sectores de la población, en particular a los trabajadores rurales, los jóvenes y quienes se desempeñan en actividades de baja productividad.
El crecimiento del empleo en los últimos meses ha estado concentrado, en gran medida, en sectores como el comercio, los servicios personales y algunas actividades agrícolas, áreas donde la informalidad históricamente ha sido alta. Aunque estas ocupaciones permiten generar ingresos y reducir el desempleo abierto, no garantizan condiciones laborales dignas ni protección social a largo plazo.
La informalidad no es un problema nuevo en Colombia, pero su persistencia revela fallas estructurales del mercado laboral. Entre las causas más señaladas se encuentran los altos costos de contratación formal, la baja productividad de amplios sectores de la economía, el limitado acceso a educación y formación técnica, y las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para cumplir con las obligaciones laborales.
En el ámbito rural, la situación es aún más crítica. La mayoría de los trabajadores del campo carece de contratos formales y depende de actividades estacionales, lo que los deja expuestos a la pobreza y a la falta de protección frente a enfermedades, accidentes o vejez. Esta realidad profundiza las brechas entre el campo y la ciudad y limita el desarrollo económico de las regiones rurales.
Los jóvenes también enfrentan obstáculos significativos. Aunque muchos logran acceder a su primer empleo, lo hacen en condiciones precarias, con contratos temporales o en la informalidad. Esto dificulta la construcción de trayectorias laborales estables y retrasa el acceso a derechos básicos como la pensión y la seguridad social.
El gobierno ha anunciado diversas iniciativas para enfrentar este problema, incluyendo programas de apoyo a la formalización, incentivos para la contratación de jóvenes y mujeres, y reformas orientadas a modernizar el mercado laboral. No obstante, expertos advierten que los resultados han sido limitados y que se requiere una estrategia integral que combine políticas económicas, educativas y sociales.
La informalidad laboral tiene efectos que van más allá del individuo. Limita la recaudación fiscal, debilita el sistema de protección social y reduce la productividad general de la economía. Además, perpetúa la desigualdad, al concentrar la precariedad laboral en los sectores más vulnerables de la población.
Pese a la mejora en los indicadores de empleo, la persistencia de la informalidad plantea un desafío central para el desarrollo del país. Reducirla no solo implica crear más puestos de trabajo, sino generar empleo de calidad, con derechos y garantías. En ese sentido, el reto para Colombia no es únicamente cuántos empleos se crean, sino en qué condiciones y para quiénes.