Incumplimientos en la entrega de bienes de excombatientes de las FARC ponen presión sobre el acuerdo de paz

Redacción Paz y Justicia

Bogotá. A casi una década de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, un nuevo informe oficial ha vuelto a poner en evidencia una de sus grietas más sensibles: la entrega incompleta de los bienes que los excombatientes de las FARC se comprometieron a destinar para la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Según el reporte, solo una fracción de los activos declarados —que incluían dinero en efectivo, oro, tierras y otros bienes— ha sido efectivamente entregada al Estado. La diferencia entre lo prometido y lo recibido ha generado frustración entre las autoridades, organizaciones de víctimas y observadores internacionales que ven en este incumplimiento un obstáculo para la justicia restaurativa.

Cuando se firmó el acuerdo, la antigua guerrilla se comprometió a aportar recursos para indemnizar a las víctimas como parte de su tránsito a la vida civil y política. Ese compromiso fue presentado como un gesto clave de responsabilidad frente a décadas de violencia. Sin embargo, el proceso de inventario, verificación y entrega ha sido lento, incompleto y, en algunos casos, opaco.

Funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han señalado que existen dificultades objetivas para rastrear bienes que, en muchos casos, estaban ocultos o no formalizados. No obstante, reconocen que también ha habido falta de cooperación plena por parte de algunos excombatientes.

Para las víctimas, el retraso tiene un costo tangible. “No se trata solo de cifras, se trata de reparación real”, afirmó una representante de una asociación de víctimas del conflicto. “Cada peso que no llega es una promesa rota”.

Desde el partido surgido de la desmovilización de las FARC, hoy llamado Comunes, sus voceros han sostenido que muchos bienes fueron sobrestimados o se perdieron durante el conflicto. Aseguran que existe voluntad de cumplir, pero que el proceso ha sido más complejo de lo previsto.

El gobierno, por su parte, enfrenta un delicado equilibrio: mantener vivo el acuerdo de paz mientras responde a las críticas por la falta de resultados concretos en materia de reparación. Analistas advierten que el incumplimiento alimenta el escepticismo de sectores que nunca apoyaron el acuerdo y debilita su legitimidad ante la opinión pública.

A nivel internacional, el tema es seguido de cerca por Naciones Unidas y otros actores que acompañan la implementación del acuerdo. Para ellos, la credibilidad del proceso depende, en buena medida, de que las promesas hechas a las víctimas se traduzcan en hechos verificables.

El desafío, coinciden los expertos, no es solo financiero, sino político y moral: demostrar que la paz no es únicamente la ausencia de armas, sino también la presencia de justicia.