La Amazonía colombiana reduce su deforestación, pero el desafío estructural persiste
GMTV Productora Internacional 
Redacción Medio Ambiente
Durante los primeros nueve meses de 2025, la Amazonía colombiana registró una reducción aproximada del 25 % en la deforestación en comparación con el mismo período del año anterior, según cifras oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). El dato, celebrado por el gobierno como una señal alentadora, llega en un momento en que la región amazónica sigue siendo uno de los principales frentes de disputa ambiental, económica y social en América Latina.
La disminución se explica por una combinación de factores: mayor presencia institucional en territorios históricamente abandonados, acuerdos voluntarios de conservación con comunidades rurales e indígenas, y un refuerzo en los sistemas de monitoreo satelital que permiten detectar alertas tempranas de tala ilegal. Sin embargo, expertos advierten que el avance es frágil y reversible.
“La reducción es real, pero no necesariamente estructural”, señala una investigadora ambiental con experiencia en la región amazónica. “La deforestación responde a dinámicas económicas profundas: acaparamiento de tierras, expansión ganadera, cultivos ilícitos y minería ilegal. Si esas causas no se abordan, los números pueden volver a subir”.
Colombia alberga cerca del 10 % de la Amazonía continental, un ecosistema clave para la regulación climática global. A diferencia de Brasil, donde la deforestación está fuertemente asociada al agronegocio, en Colombia el fenómeno se vincula más a economías ilegales y a procesos de ocupación territorial posteriores al conflicto armado. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, muchas zonas antes controladas por la guerrilla quedaron expuestas a nuevos actores, lo que provocó un aumento acelerado de la tala.
El gobierno actual ha apostado por una estrategia que combina control militar, incentivos económicos y diplomacia ambiental. Colombia se ha posicionado como un actor activo en foros internacionales sobre cambio climático, buscando financiamiento para programas de conservación y pagos por servicios ambientales. Aun así, el país enfrenta limitaciones fiscales y de gobernanza que dificultan una protección sostenida del territorio.
Organizaciones ambientales coinciden en que la reducción reciente es una señal positiva, pero insuficiente frente a la magnitud del problema. La Amazonía colombiana sigue perdiendo decenas de miles de hectáreas al año, y cada avance puede deshacerse rápidamente si cambian las condiciones políticas o económicas.
Para la comunidad internacional, el caso colombiano ilustra tanto el potencial como las dificultades de frenar la deforestación en países con alta biodiversidad y profundas desigualdades sociales. El éxito, advierten los expertos, dependerá menos de anuncios coyunturales y más de una transformación de largo plazo en la relación entre desarrollo, territorio y Estado.
