Redacción Regionales y Gobierno
Durante semanas, Bogotá estuvo al borde de una nueva crisis de basuras. El vencimiento de contratos clave de recolección amenazaba con dejar a la capital colombiana sin un servicio esencial. Finalmente, una medida transitoria extendió los acuerdos hasta 2027, evitando un colapso inmediato, pero dejando intactos los problemas de fondo.
La ciudad, de más de ocho millones de habitantes, genera miles de toneladas de residuos al día. La gestión de la basura ha sido históricamente un tema políticamente sensible, atravesado por disputas legales, modelos de concesión y tensiones con recicladores informales.
La decisión de extender los contratos fue tomada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, otorgando un respiro a la administración local. Según las autoridades, el objetivo es ganar tiempo para diseñar un nuevo esquema que garantice sostenibilidad financiera, inclusión social y eficiencia operativa.
Sin embargo, críticos sostienen que la medida posterga reformas urgentes. “Bogotá sigue atrapada en un modelo que prioriza la recolección sobre la reducción y el reciclaje”, señala un experto en gestión urbana. “Sin cambios estructurales, la ciudad seguirá reaccionando a crisis en lugar de prevenirlas”.
El papel de los recicladores es central. Miles de personas dependen del reciclaje como sustento, y cualquier reforma debe integrarlos formalmente. Aunque ha habido avances legales, la implementación sigue siendo desigual.
Desde una perspectiva global, el caso de Bogotá refleja los desafíos de las grandes ciudades del sur global: crecimiento acelerado, infraestructura insuficiente y tensiones entre lo público y lo privado. Evitar la crisis fue un logro táctico; resolver el problema requerirá decisiones políticas más profundas.